En México hay problemas que parecen prolongarse durante días, semanas, meses, incluso años, sin que parezca existir una capacidad o voluntad real por resolverlos. En los Ministerios Públicos, las denuncias se acumulan en pilas de hojas y archivos; los productores agrícolas advierten de los riesgos de su profesión; los empresarios señalan las dificultades que enfrentan para operar y comunidades enteras aprenden, poco a poco, a convivir con situaciones que jamás deberían normalizarse.
Hasta que algo cambia…
Y eso es justo lo que ocurrió la semana pasada en Michoacán, una vez más, con el tema del aguacate. Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de su personal en la entidad, incluidas las inspecciones necesarias para que el producto mexicano pudiera ingresar a su mercado, esto después de una alerta de seguridad relacionada con su personal.
Y como siempre ocurre en estos casos, la reacción del gobierno fue inmediata: mil quinientos elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en la zona, en empacadoras y en algunas de las principales rutas relacionadas con esta industria. Apenas unos días después, las actividades estadounidenses comenzaron a reanudarse parcialmente.
Y sin duda esto es una gran noticia. Si existía un problema que amenazaba una de las exportaciones agrícolas más importantes del país, el Estado claramente tenía que actuar.
El asunto no es que actúe. La verdadera pregunta es por qué tantas veces, este accionar tiene que surgir de una presión extraordinaria, lo que termina convirtiendo esa misma acción, en una reacción.
Porque el problema alrededor de la producción y traslado de aguacate, no surgió la semana pasada. Desde hace años existen denuncias sobre las dificultades de seguridad que enfrentan productores, transportistas, empresas vinculadas con esta actividad. Pero tampoco era la primera vez que Estados Unidos suspendía temporalmente las inspecciones: ocurrió en 2022, dos años después en 2024, y otros dos años después, en este 2026, se repitió la medida.
Es decir, ya había antecedentes y de alguna forma, un patrón que se ha repetido, al menos en el caso Michoacán, varias veces en los últimos años.
Y es que no estamos hablando de un producto o de una industria menor. Apenas el año pasado, México exportó cerca 3,650 millones de dólares en aguacate a los EE.UU. Además, se calcula que esta industria genera 200 mil empleos solamente en esa entidad mexicana.
Por ello, ante esta última crisis, aparecieron los recursos, apareció la coordinación, y aparecieron más de mil quinientos elementos para hacerle frente.
El episodio resulta relevante, pero no porque el despliegue haya sido excesivo, sino porque una vez más demuestra que el Estado mexicano efectivamente posee una importante capacidad para reaccionar rápidamente cuando considera que una situación lo amerita.
Pero esto, a su vez, abre inevitablemente otra discusión: ¿cuántos problemas cotidianos llevan años esperando una reacción semejante?, ¿cuántas carreteras han acumulado denuncias antes de recibir mayor vigilancia?, ¿cuántos productores han señalado amenazas antes de que se refuerce la seguridad?, ¿cuántas comunidades han pedido durante meses una presencia institucional mayor sin conseguir una respuesta inmediata?
No se trata de comparar problemáticas que pueden ser muy distintas entre sí. Tampoco de suponer que cualquier asunto puede resolverse simplemente enviando más elementos de seguridad. Es evidente que situaciones como la seguridad pública, en este caso, son mucho más complejas que un simple aumento en la cantidad de policías que las enfrentan. Pero también es muy claro que este tipo de episodios nos obligan a cuestionarnos sobre la capacidad de acción del Estado.
Porque muchas veces escuchamos que los problemas son complejos, que requieren coordinación entre distintos órdenes de gobierno, que no pueden solucionarse de un día para otro y que cualquier estrategia requiere tiempo antes de mostrar resultados. Y seguramente, en muchos casos, incluso tal vez en la mayoría, es verdad.
Pero cuando ocurren episodios como este descubrimos que, cuando existe una presión suficientemente grande, las decisiones pueden tomarse con enorme rapidez.
Y esto, en realidad, lo vemos en el día a día. No solamente mediante acciones extranjeras, como en este tema. Por ejemplo, cuantas calles no son reparadas, cuantas exigencias de seguridad no son atendidas, cuantos casos de justicia no comienzan a avanzar, hasta que un grupo de personas, vecinos, familiares de víctimas, cierran una vialidad, realizan un bloqueo o de alguna forma generan una presión social que, a su vez, se convierte en una presión hacia el gobierno.
Y no se trata de culpar a un gobierno en particular. Esta forma de actuar no surgió en la actualidad. No es algo de la 4T, ni del PAN, ni del PRI, ni de MC. Tampoco algo que se circunscriba solamente al ámbito federal o al local. Es, más bien, una lógica institucional que parece haberse instalado en nuestro país: demasiadas veces esperamos a que los problemas escalen, generen presión o produzcan un costo político para actuar, en lugar de prevenirlos antes de que ocurran.
La frase de “ahogado el niño, a tapar el pozo”, resume perfectamente este aspecto tan arraigado en la política mexicana pero que también termina reflejando una parte muy cultural de nuestra sociedad.
De alguna forma, este es el botón que accionó Estados Unidos. Porque no necesitaron imponer un arancel ni anunciar una sanción comercial contra México. Simplemente, nuestro vecino del norte le bastó con considerar que no existían las condiciones para que su personal operara en nuestro territorio y suspendió temporalmente sus actividades. El efecto potencial sobre una industria millonaria hizo el resto.
Lo grave del asunto es que esa lógica reactiva del Estado termina por convertir un problema exclusivamente de seguridad, en algo político. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué problema merece atención inmediata, y qué problema puede esperar. Y la disyuntiva, en el caso mexicano, siempre se dirime seleccionado las cosas que requieren reacción, sobre aquellas que podrían caer meramente en el ámbito de la prevención.
Por eso las marchas, los bloqueos, las expresiones sociales, pero también las medidas extranjeras que afectan a un sector económico tan grande, parecen ser el mejor aliciente para que las autoridades en nuestro país -sean del partido que sean- reaccionen.
Porque el Estado lo puede hacer, y rápido. Tiene recursos, instituciones, capacidad de despliegue y mecanismos de coordinación. El verdadero debate empieza después. Y entonces la pregunta ya no es si el Estado puede actuar. La duda se convierte, ahora, en que tiene que pasar para que decida hacerlo…
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder.
Agendado. @betoblizzard.
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