Ha pasado más de un siglo y medio y la vieja usanza de la justicia del sheriff del gobierno de Trump se sigue usando con la práctica de poner precio a la cabeza de los delincuentes que, en el caso de los narcotraficantes mexicanos, ha surtido efecto, pues al mismo tiempo que se han gastado 200 millones de dólares para detenerlos, se ha implementado la negociación de la justicia con la aceptación de los que los mismos narcotraficantes se conviertan en informadores, bajo el rango de “colaboradores”, recibiendo protección y los privilegios que esta conlleva como el cambio de identidad.
En días pasados el gobierno estadunidense puso el precio de 100 millones de dólares para detener a la dirigencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación, una cantidad exorbitante que rebasa las recompensas que se habían establecido con 50 millones por Nicolás Maduro, 10 millones por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otros 10 millones por Jesús Alfredo Guzmán y cinco millones por el Mayo Zambada.
La estrategia de Estados Unidos en la guerra declarada a los narcotraficantes tiene como aliciente le recompensa multimillonaria para quienes ofrezcan información para detenerlos, pero de la misma importancia son las delaciones que ofrecen miembros importantes de los mismos cárteles que reciben inmunidad para ellos y sus familiares.
La “colaboración” ha sido la herramienta más importante de la justicia estadunidense para combatir a los narcotraficantes mexicanos. A la vista los casos más conocidos son Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, pieza clave en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán; y Dámaso López Serrano, Mini Lic, testigo que proporcionó información contra Los Chapitos.
Para la detención de el Mayo Zambada fue fundamental la colaboración de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que a base de engaños lo secuestro y lo traslado a territorio estadunidense donde ya los esperaban agentes del gobierno de Trump.
La lista de “narcocolaboradores” es amplia y quizá el punto de partida sea la detención y juicio del Chapo Guzmán, pues desde entonces se vino la desbandada de delaciones que han sido el pilar de la estrategia estadunidense para detener a otros miembros de distintos cárteles.
Ovidio Guzmán López, otro de los hijos del Chapo ya se declaró culpable, lo mismo que José González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, aliados del CJNG; Edgar Veytia, el Diablo, exsocio del Cártel de los Beltrán Leyva; y Jesús Raúl Beltrán León, el Trébol, exlugarteniente del Chapo.
Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera, negoció una pena reducida que ya cumplió y ahora se dedica al modelaje. Iván Reyes Arzate, alias la Reina, exjefe de la Policía Federal, trabajaba para el Cártel de Sinaloa, gracias a su colaboración con las autoridades estadunidenses sólo recibió una condena de 10 años de prisión, pero podrá salir antes.
Otros narcotraficantes que aceptaron negociar son Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera, líder del CJNG; Jorge Humberto Pérez Cázares, el Cadete, del mismo cártel; y Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo, exlíder del Cártel del Noreste, y Héctor Alejandro Páez García, un abogado que trabajaba para el Cártel de Sinaloa.
De todos ellos el gobierno estadunidense ha extraído información clave para desmembrar a los cárteles, decomisar droga, bloquear cuentas bancarias, desarticular negocios y, sobre todo, para tener datos fundamentales de quienes desde la esfera política y de gobierno participan en los negocios criminales.
Esto último es lo que al gobierno estadunidense le interesa de manera especial. Desde sus inicios y con el paso de los años los grupos criminales han tenido el apoyo de funcionarios de todos los niveles y de elementos castrenses. Pero este apoyo se transformó en una coalición, en una fusión, generando un cogobierno en varias regiones del país.
La información que proporcionen o que ya dieron los narcos mexicanos al gobierno de Donald Trump de quienes desde la política han sido sus protectores o aliados será clave en el desarrollo del gobierno mexicano para los próximos meses y años.
El dinero de las recompensas y las negociaciones con algunos de los principales narcotraficantes mexicanos redituaran a Donald Trump, a quien le urgen votos de cara a las elecciones para la renovación de la Cámara de Representantes que se celebrarán el 3 de noviembre de este año.
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