LA PASARELA DE LA INFAMIA
La política mexicana siempre encuentra la forma de superar su propio cinismo. En un lapso de apenas tres semanas (entre el 16 de julio y el 6 de agosto de 2026), el tablero de la impunidad ha recibido dos sacudidas carcelarias brutales que desatan múltiples interrogantes en los pasillos del poder. Por un lado, Ernesto Ruffo Appel, el histórico panista que rompió el monopolio del PRI al ganar en Baja California la primera gubernatura opositora del país, hoy duerme con el estigma de acusaciones por huachicol fiscal y delincuencia organizada. Por el otro, el expriista Ángel Aguirre, exmandatario de Guerrero, es señalado por borrar archivos y sembrar la bruma en el trágico expediente de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dos eras, dos partidos, la misma sombra del banquillo de los acusados.
LA NUMERALIA DEL HORROR FINANCIERO
Ante este torbellino, vale la pena plantear la pregunta de fondo: ¿Cuántos gobernantes han terminado tras las rejas desde 1917 cuando la triunfante Revolución Mexicana prometió la institucionalización del poder político?
En la abundante investigación de historiadores y académicos al respecto, se registra que en México más de 70 gobernadores en funciones perdieron o dejaron anticipadamente su cargo entre 1929 –cuando se colocan las bases del entonces flamante Sistema Político Mexicano y su novedoso régimen de partidos- y el año 2000 -cuando sucumbe la hegemonía de 71 años del partido oficial (Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana-Partido Revolucionario Institucional) al perder en las urnas la Presidencia de la República, el más trascendente premio electivo del ecosistema de poder público en nuestro país, frente al abanderado panista Vicente Fox.
Durante ese prolongado periodo de supremacía del también llamado “partido prácticamente único”, el despido o destitución de los mandatarios estatales no se daba por alternancia democrática, sino que respondía a decisiones del Presidente de la República en turno. El Poder Ejecutivo central utilizaba el control férreo sobre el Senado de la República para remover mandatarios estatales mediante presiones políticas disfrazadas de licencias obligatorias, o, de plano, a través del mecanismo constitucional de la desaparición de poderes.
La numeralia del horror financiero y los pactos inconfesables revela que, tan solo de 1988 a la fecha, al menos 21 gobernadores y exgobernadores han sido arrestados o procesados. Salvo contadas excepciones —como el sonado caso de Jesús Reyna en Michoacán, quien cayó en 2014 siendo Secretario General de Gobierno tras revelarse sus videos con Los Caballeros Templarios, y que, a la postre, sería absuelto en 2018, la gran mayoría ha conocido el calabozo solo cuando perdieron el fuero, el poder o la bendición presidencial.
LAS DOS AVENIDAS CRIMINALES: NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN
La pasarela de la infamia se divide en dos grandes avenidas criminales. La primera es la del narcotráfico y la delincuencia organizada, inaugurada oficialmente por Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo, atrapado en 2001 tras convertirse en un espectro prófugo ligado al Cártel de Juárez en el llamado “maxiproceso” en su contra. A esa lista se sumó Tomás Yarrington (Tamaulipas), cazado en Florencia, Italia, en 2017, por operar como “terrateniente de los cárteles de la droga en su estado”.
La segunda avenida, la de la corrupción masiva, el desvío y el lavado de dinero, tiene nombres con letras de oro en el museo del saqueo institucional. Javier Duarte (Veracruz) se convirtió en el emblema del cinismo tras huir a Guatemala y dejar un estado quebrado mediante empresas fantasma; un torbellino que arrastró incluso a su interino, Flavino Ríos, por facilitarle la fuga. A la par desfilan César Duarte (Chihuahua), extraditado desde Miami por peculado agravado; Roberto Borge (Quintana Roo), capturado en Panamá; Guillermo Padrés (Sonora), el panista que prefirió entregarse antes de seguir corriendo; Andrés Granier (Tabasco), el del desfalco histórico; y Roberto Sandoval (Nayarit), detenido junto a su propia hija en 2021.
EL OASIS DE LA LLAMADA «CUARTA TRANSFORMACIÓN»
Sin embargo, el mapa de las rejas políticas tiene un oasis muy claro. Al revisar el banquillo de los acusados salta una duda obligada: ¿Qué gobernadores o exgobernadores de Morena han pisado la cárcel? La respuesta es contundente: ninguno. A diferencia del PRI, el PAN (en los gobiernos presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón -2000/2012-, ningún gobernador emanado del Partido Acción Nacional perdió el cargo ni fue destituido) o el PRD —que arrastran un pesado historial de exmandatarios tras las rejas—, las filas morenistas se mantienen en ceros en el rubro penitenciario. Aunque varios de sus exgobernadores o mandatarios con licencia han estado bajo el fuego cruzado de la polémica mediática, los debates legislativos y el linchamiento en redes sociales, la realidad jurídica es que ninguno ha sido procesado formalmente ni recluido en un penal. Hasta ahora, la báscula de la justicia de alto perfil se ha inclinado exclusivamente hacia la oposición.
LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL PALACIO Y LA CELDA
La historia demuestra que en México la silla estatal suele ser el trampolín perfecto para el enriquecimiento ilícito o el pacto con el crimen. Hoy, con Ruffo y Aguirre bajo los reflectores de la justicia, y con un partido en el poder que presume inmunidad en los juzgados, la lección sigue siendo la misma: en el juego del poder mexicano, el palacio de gobierno y la celda de una prisión federal están separados apenas por una firma, una traición política o el término de un sexenio.
ANEXO: CRONOLOGÍA DE LA PASARELA DE LA INFAMIA
La siguiente cronología sistematiza las caídas y procesos de los mandatarios referidos, ordenados de forma histórica desde el primer gran escándalo de narcotráfico en 2001 hasta las investigaciones de la actualidad.
CONCLUSIÓN Y BALANCE PARTIDISTA
El recuento de esta pasarela de la infamia refleja una clara disparidad en la distribución del deshonor partidista. El PRI encabeza la lista con la abrumadora mayoría de los casos analizados (9 de 11), consolidando su estigma histórico ligado al saqueo masivo y los vínculos con el crimen organizado. Por su parte, el PAN asoma en el registro con figuras emblemáticas de la alternancia que terminaron devoradas por las mismas dinámicas de corrupción que prometieron combatir. En contraste, el cero absoluto que mantiene Morena en el rubro de gobernantes procesados abre una doble lectura: o representa una genuina ruptura con el pasado (según reza su cotidiana narrativa), o confirma que la justicia en México sigue siendo un péndulo político que solo golpea a quienes ya no tienen el control del aparato estatal.
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