La memoria histórica no es simplemente el recuerdo del pasado, sino el proceso mediante el cual una sociedad selecciona interpreta y transmite aquello que considera digno de ser recordado.
En esa construcción intervienen distintos actores sociales que disputan el significado de los acontecimientos, los personajes y los símbolos que conforman la memoria colectiva.
Recordar nunca es un acto neutral: toda memoria pública implica decisiones sobre qué se reconoce, qué se silencia y qué se excluye, y refleja, inevitablemente, relaciones de poder.
La propuesta de sustituir el nombre de Paso de Cortés, situado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, por Paso de los Pueblos Indígenas permite mirar de otra manera la construcción de la memoria histórica.
El sitio, sin embargo, no comenzó con Cortés: antes de la llegada de los europeos era conocido como Tlamacaxco, “Paso de Arriba”, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Incluso existen referencias históricas a la denominación Ithualco, vinculada con las prácticas rituales asociadas a las montañas.
La cuestión, entonces, trasciende el simple cambio de un topónimo: ¿qué pretende hacer México con las capas de memoria que se superponen en su territorio y, sobre todo, hacia dónde quiere conducir su relato nacional?
La pregunta resulta relevante porque los topónimos no son simples referencias geográficas.
Nombrar un espacio supone inscribir en él una interpretación de la historia.
Durante generaciones, México conservó en su paisaje nombres vinculados con la conquista.
Cortés ocupa un lugar central en la disputa sobre el origen de la nación.
Sustituir su nombre no elimina un hecho histórico, pero sí modifica el lugar simbólico que se le concede dentro de la memoria pública.
Aquí aparece una disyuntiva fundamental.
¿Estamos ante una política de memoria orientada a revisar una representación heredada del periodo colonial, o ante una decisión destinada a utilizar el pasado para reforzar una identidad nacional? ¿Se trata de una iniciativa aislada, una ocurrencia coyuntural o forma parte de un proyecto más amplio de revisión de los símbolos públicos de México? ¿Y hasta dónde debería llegar?
Estas preguntas adquieren mayor profundidad a la luz del concepto de colonialidad del poder, desarrollado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano.
Desde esta perspectiva, el fin de las estructuras políticas coloniales no significó la desaparición de las jerarquías culturales construidas durante la colonización.
El problema no consiste únicamente en decidir si Cortés debe conservar su nombre, sino en quién define los símbolos mediante los cuales una sociedad se representa.
Desplazar la presencia de los conquistadores puede interpretarse como un intento de desmontar esa jerarquía simbólica.
Pero también obliga a preguntar cuáles serán los nuevos criterios para seleccionar lo que debe permanecer en el espacio público.
Esta discusión se conecta con otra dimensión de la herencia colonial: la construcción de jerarquías sociales y raciales.
El orden virreinal organizó la sociedad a partir de categorías de origen y pertenencia, cuyos efectos no desaparecieron completamente con la Independencia.
Aunque las castas dejaron de existir jurídicamente, persistieron desigualdades culturales y sociales.
Federico Navarrete, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ha cuestionado la idea de que el mestizaje haya funcionado exclusivamente como un proceso de integración.
La identidad mestiza construyó un relato nacional común, pero también produjo una paradoja: el indígena fue convertido en símbolo del origen de México mientras los pueblos indígenas siguen enfrentando una relevante marginación.
La controversia sobre el pasado conquista adquirió una dimensión política en mayo de 2026, durante la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus intervenciones, en las que reivindicó el legado español, el mestizaje y la figura de Hernán Cortés, provocaron críticas y protestas.
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum para sustituir el nombre de Paso de Cortés volvió a colocar la conquista en el centro de una disputa política que trascienden a la academia.
El episodio muestra que la memoria histórica interviene directamente en la política del presente, porque la manera en que una sociedad interpreta el pasado influye en su identidad y en sus decisiones actuales.
Cortés puede ser presentado como conquistador, fundador, símbolo del mestizaje o representante de una tradición imperial, dependiendo del relato desde el cual se observe.
Estas interpretaciones no son formas de contar el pasado: son definiciones de qué país quiere ser México.
Como señala Pierre Nora, historiador francés especializado en memoria e identidad nacional, los símbolos y personajes históricos pueden convertirse en “lugares de memoria” donde una sociedad concentra y disputa su identidad colectiva.
Desde esta perspectiva, la figura de Cortés no pertenece únicamente a la historia, sino también a la política de la memoria: optar por cómo se le recuerda implica decidir qué valores, herencias y protagonistas México está dispuesto a reconocer como parte de su identidad nacional.
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