México finalmente tiene un mecanismo para detectar los posibles vínculos entre quienes aspiran a un cargo de elección popular y el crimen organizado. Aprobado dos meses atrás, este sistema buscará enfrentar uno de los problemas más graves que sufre nuestro país, como lo es la capacidad de los grupos criminales para infiltrarse en gobiernos, policías, fiscalías y estructuras políticas. Una realidad que se vive día a día en muchas regiones de la nación.
Por ello, tratar de impedir que estas infiltraciones comiencen desde las candidaturas resulta algo totalmente lógico. Sin embargo, el problema aparece cuando uno revisa exactamente cómo es que funciona este mecanismo…
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente desde junio pasado, creó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE. Su tarea será la de recibir los nombres de quienes aspiren a una candidatura y que los partidos decidan someter a revisión, con lo que serían enviados a las autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras, quienes analizarán si existe algún “riesgo razonable” relacionado con posibles actividades delictivas.
Pero noten lo que menciono en el párrafo anterior. Ese “decidan” resulta absolutamente relevante. Y es que los partidos políticos tendrán la libertad de enviar a este mecanismo de revisión a quienes ellos quieran, es decir, una revisión voluntaria y que tampoco requiere ser total. Además, aun a quienes se decida mandar a este análisis, deberán manifestar expresamente su voluntad.
Dicho de otra manera: México creó un filtro para detectar narcocandidatos, pero dejó en manos de los partidos decidir quiénes sí y quiénes no deben pasar por ese filtro que requiere, además, la anuencia del propio aspirante para ser revisado.
De tal forma que, si un partido tiene dudas sobre un determinado perfil y desea aclararlas, podrá pedir a las autoridades que intervengan para ello. Pero si el organismo político sabe, sospecha o simplemente teme que una eventual revisión pueda arrojar información incómoda, también tendría un incentivo para justamente lo contrario: no enviarlo.
Algunos dirán que, a pesar de ello, el hecho de que un partido decida no mandar a alguno de sus aspirantes políticos a este mecanismo terminará convirtiéndose en una declaración implícita de que dichos aspirantes muy probablemente tendrían nexos inconfesables, lo que golpearía a dichas candidaturas o a los propios partidos electoralmente. Una suerte de voto de castigo.
Pero supongamos que este escenario que planteo ocurre en un lugar controlado por un partido en específico o por la delincuencia y en donde, con todo su poderío clientelar o del uso de la violencia, lograrán que triunfe cualquier candidato, sea quien sea que ellos quieran, siempre y cuando -evidentemente- aparezca en la boleta electoral. En un caso así, esta Comisión de Verificación se quedaría fuera de la jugada para impedir justo aquello para lo que fue creada.
Además, aun en los casos donde sí se envíen estos nombres a revisión, y en donde las autoridades terminen encontrando lo que la ley ha denominado como “riesgo razonable”, el INE no podrá cancelar por sí mismo la candidatura. De hecho, el partido tampoco será informado sobre el asunto concreto del que deriva el riesgo, simplemente sabrá cuántas y cuáles autoridades lo identificaron. Y nada más. Con esa información, será nuevamente el partido quien determine si registra o no a la persona evaluada.
De tal suerte que el mecanismo puede recorrer todo el camino -partido, INE, autoridades de seguridad e inteligencia, análisis de riesgo- para terminar en el mismo punto en donde comenzó todo: en una decisión partidista.
Con todo lo anterior, lo más lógico sería pensar que todos estos filtros deberían dejar de ser “voluntarios” para convertirse en “obligatorios” y terminar por prohibir aquellas candidaturas que generen alerta. Sin embargo, el asunto tampoco es tan sencillo.
Un “riesgo razonable” no es una sentencia. Puede construirse con información de inteligencia, financiera, ministerial o de seguridad que, por su propia naturaleza, puede ser reservada, incompleta o simplemente encontrarse aún bajo investigación. Las propias leyes mexicanas establecen que nadie puede ser tratado como culpable de algo -y esto incluye, por supuesto, la supresión de su derecho a votar y ser votado- si no existe previamente una sentencia judicial. Entregar al Estado la facultad de impedir una candidatura solamente con base en conjeturas y no en condenas judiciales resultaría en un escenario sumamente peligroso.
Imaginemos que una autoridad administrativa, dependiente del aparato gubernamental, pudiera advertir, mediante datos no públicos, que determinado aspirante representa un riesgo y que esa valoración bastara para sacarlo de la boleta o, de menos, para golpearlo política y electoralmente. El mecanismo creado para evitar la infiltración criminal podría terminar convertido, en manos equivocadas, en una herramienta para sacar de la jugada a adversarios políticos.
Y ese es el gran problema que tenemos de frente: ¿cómo impedir que personas vinculadas a organizaciones criminales lleguen al poder sin caer en el riesgo de que el gobierno en turno pueda decidir, mediante información reservada y sin resolución judicial, ¿quién tiene derecho a competir por ese poder?
Por eso el problema no está en la intención de crear este mecanismo. Por el contrario, su propia existencia implica un avance al reconocer que hablar de casos donde el crimen organizado trata de controlar, no solo territorios o mercados ilegales, sino decisiones públicas y autoridades, no es hablar de casos aislados. El verdadero problema, la duda, es saber si este instrumento recién construido servirá para impedirlo.
Apenas esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad ya está preparado para recibir las solicitudes que lleguen por conducto del INE para el proceso electoral del 2027. El aparato, pues, está listo.
Pero el desafío real era mucho mayor que crear una comisión contra los llamados narcocandidatos. Porque se trataba de crear una herramienta capaz de cerrar la puerta al crimen organizado sin entregarle una tranca que bloqueara esa misma puerta a adversarios políticos de las autoridades en turno.
Hoy, al fin, tenemos el filtro. Ahora, falta saber si realmente podrá filtrar…
Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el poder.
Agendado.
*@betoblizzard.
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