Sinaloa llegará a las elecciones de 2027 en circunstancias completamente distintas a las que existían hace dos años.
La captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, rompió los equilibrios criminales que durante décadas habían operado en la entidad.
La consecuencia fue una guerra que ha dejado alrededor de dos mil asesinatos, una cantidad semejante de desaparecidos y pérdidas económicas todavía difíciles de calcular.
Pero el saldo más doloroso es otro: los sinaloenses perdieron la tranquilidad.
El problema adquirió una dimensión todavía mayor a finales de abril de 2026, cuando Estados Unidos presentó solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de dichas solicitudes y señaló que correspondería a las instituciones mexicanas evaluar su procedencia conforme a nuestro marco jurídico.
A partir de ese momento, el problema dejó definitivamente de ser exclusivamente sinaloense.
Se convirtió en un asunto de política nacional, seguridad, procuración de justicia, soberanía y relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Enrique Inzunza representa otro elemento de esta crisis.
Era considerado uno de los aspirantes naturales de Morena a la gubernatura de Sinaloa.
Después de los acontecimientos de abril, decidió mantenerse en el Senado y descartó públicamente participar en el proceso para elegir candidato a gobernador en 2027.
Juan de Dios Gámez también quedó, en los hechos, fuera de aquella carrera que apenas comenzaba.
Dos de las figuras con mayor presencia dentro del grupo político gobernante dejaron de ser opciones viables.
La sucesión sinaloense, por tanto, dejó de responder a la lógica tradicional de quién tiene mejores números en las encuestas y se convirtió en una decisión mucho más compleja.
Pese a todo lo ocurrido, las encuestas hasta ahora muestran que Morena mantiene una importante intención de voto en Sinaloa.
Este dato resulta políticamente relevante, pero también puede convertirse en una trampa.
Morena podría cometer el error de interpretar que conservar una ventaja electoral significa que la crisis está superada. No es así.
Una cosa son las preferencias electorales y otra, muy distinta, las condiciones de gobernabilidad de una entidad.
Por eso considero que el verdadero problema de Sinaloa no es electoral. Es político y, particularmente, de seguridad nacional.
La dirigencia nacional de Morena tiene frente a sí una decisión que trasciende sus procedimientos internos, sus encuestas y sus equilibrios entre grupos.
La persona que gobierne Sinaloa a partir de 2027 deberá enfrentar simultáneamente organizaciones criminales poderosas, instituciones estatales cuestionadas, una sociedad cansada, una economía necesitada de recuperación y una relación cada vez más compleja con las agencias de seguridad estadounidenses.
No estamos hablando simplemente de escoger candidato.
Estamos hablando de reconstruir la autoridad política del Estado en una de las entidades estratégicamente más importantes del país. Morena tiene, por lo menos, tres caminos.
El primero consiste en postular a una mujer o un hombre sin relación, compromiso o dependencia alguna respecto del crimen organizado.
Pero no basta con que el aspirante declare públicamente su honestidad.
En las condiciones extraordinarias que vive Sinaloa tendría que existir una investigación rigurosa de antecedentes por parte de las instituciones mexicanas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La segunda ruta sería hacer lo de siempre: levantar encuestas y postular a quien tenga mayor conocimiento, mejor posicionamiento y mayores posibilidades electorales.
Morena ha utilizado este método exitosamente durante años.
El problema es que popularidad no significa necesariamente capacidad de gobierno.
En circunstancias normales, una encuesta puede ser un instrumento razonable para seleccionar candidaturas; en el Sinaloa de 2027 resulta claramente insuficiente.
Sería absurdo reducir una decisión de seguridad nacional a preguntar por teléfono quién es el personaje más conocido.
Morena necesita agregar a sus criterios de selección experiencia, integridad, capacidad, independencia y conocimiento de los problemas de seguridad.
Existe una tercera ruta, quizá la más peligrosa: escoger a alguien perteneciente al mismo grupo político que ha gobernado Sinaloa durante los últimos años, bajo la idea de conservar estructuras, equilibrios y lealtades.
No afirmo responsabilidades penales de nadie; eso corresponde exclusivamente a los tribunales. Hablo de responsabilidad política.
Si el próximo gobierno comienza cargando cuestionamientos del pasado, difícilmente tendrá autoridad suficiente para reconstruir las instituciones de seguridad, recuperar la confianza ciudadana y establecer una nueva relación con las autoridades federales.
La decisión tampoco puede dejarse en manos de Washington.
México debe defender su soberanía y exigir que cualquier acusación presentada por Estados Unidos esté acompañada de pruebas suficientes y sea procesada mediante los mecanismos jurídicos establecidos.
Defender la soberanía, sin embargo, no significa cerrar los ojos ante posibles actos de corrupción o vínculos criminales.
Sinaloa necesita, además, algo mucho más profundo que un cambio de nombres.
Requiere reconstruir sus instituciones de seguridad pública, fiscalía, policías municipales, inteligencia financiera y mecanismos anticorrupción.
Necesita recuperar espacios públicos y horarios comerciales; garantizar que empresarios, comerciantes, agricultores y transportistas puedan trabajar sin pagar derecho de piso o someterse a poderes criminales.
Necesita políticas para atender a las familias de los desaparecidos y garantizar verdad y justicia.
La recuperación económica será imposible sin seguridad, pero la seguridad tampoco llegará exclusivamente mediante soldados y marinos.
La reconstrucción de Sinaloa debe ser política, institucional, económica y social.
El siguiente gobernador tendrá que entender esta complejidad desde el primer día.
El proceso electoral de 2027 será, por ello, una oportunidad para iniciar esa reconstrucción.
Los sinaloenses elegirán gobernador junto con los ciudadanos de otras 16 entidades, pero difícilmente habrá otra elección estatal con implicaciones semejantes para la seguridad nacional.
Lo que suceda en Sinaloa tendrá efectos en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, pero también en la relación bilateral con Estados Unidos y en la estrategia nacional contra el narcotráfico.
Morena debe entender que su candidatura será examinada no solamente por sus militantes y electores, sino por empresarios, organizaciones sociales, instituciones federales y gobiernos extranjeros.
El margen para equivocarse será extremadamente reducido. Morena aprendió muy pronto a ganar elecciones.
Desde 2018 construyó una maquinaria electoral capaz de derrotar a partidos con décadas de experiencia, conquistar gubernaturas y convertirse en la principal fuerza política del país.
Ahora tiene que demostrar que también aprendió a gobernar en circunstancias extraordinarias.
Gobernar significa tomar decisiones difíciles, incluso cuando afectan intereses internos.
La encrucijada sinaloense puede resumirse de manera sencilla: continuidad o reconstrucción.
Morena puede administrar su ventaja electoral y escoger candidato pensando exclusivamente en ganar 2027, o puede comprender la gravedad histórica del momento y seleccionar un perfil capaz de encabezar una transformación institucional profunda.
De esa decisión dependerá mucho más que una gubernatura. Están en juego la tranquilidad de millones de sinaloenses, la fortaleza de las instituciones mexicanas, una parte de nuestra relación de seguridad con Estados Unidos y la credibilidad del propio proyecto gobernante.
Ganar Sinaloa quizá no sea demasiado difícil para Morena. El verdadero desafío será gobernarlo, pacificarlo y demostrar que ningún poder criminal puede estar por encima del Estado mexicano. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
*@onelortiz
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