Hace algunos días se dieron a conocer datos oficiales que indican la evolución de la cartera de crédito del sector bancario, en donde resalta el comportamiento del crédito al consumo, y en especial lo relativo a la cartera vencida, que son aquellos créditos con un deterioro crediticio originado por la ocurrencia de uno o más eventos que tienen un impacto negativo sobre los flujos de efectivo futuros de dichos créditos. Es decir, créditos que no se pagaron en la fecha que debían y que muestran un deterioro tal que pone en duda el cumplimiento de la obligación crediticia.
Así, según informó el Banxico, en el mes de junio la cartera total de la banca múltiple dirigida al consumo, fue de casi un billón 956 mil millones de pesos en total, de los cuales el rubro más cuantioso es el de las tarjetas de crédito, con 709 mil 260 millones de pesos, mientras que el saldo de los créditos de nómina fue de 443 mil 500 millones, el de bienes duraderos, que integra autos y muebles, fue de casi 420 mil millones de pesos y el crédito personal, con 292 200 millones de saldo total.
Al revisar la evolución de estas cifras, vemos que el crédito total al consumo de la banca aumentó respecto al mismo del ejercicio anterior, en números redondos, casi 200 mil millones de pesos, mientras que el aumento en el saldo de las tarjetas de crédito fue de casi 75 mil millones de pesos.
En el crédito de nómina el aumento fue de más de 36 mil millones, en los bienes duraderos de 54 mil millones y el crédito personal en casi 26 mil millones de pesos. Aunque los aumentos no fueron mayores al 14%, este crecimiento es mucho mayor al de la economía en su conjunto, y, aunque es posible que aumentos saludables en el crédito impulsen también el crecimiento económico, es pertinente vigilar esta evolución, comprender su origen y estar alertas de sus posibles efectos negativos en la economía y en el bienestar social.
Por otro lado, al revisar los datos que se difundieron ampliamente sobre el saldo de la cartera vencida en los créditos de consumo, vemos que se situó en 64 mil 500 millones de pesos, lo cual refleja un aumento de casi 35% en el mismo período.
En el caso de las tarjetas de crédito la cartera vencida fue de 25 mil 850 millones de pesos, con lo que aumentó un 56%, mientras que en los créditos de nómina, el saldo vencido fue de 13 mil 230 millones de pesos, un aumento menor, aunque no deja de ser relevante, de 11% (hay que recordar que este tipo de crédito facilita su recuperación al estar ligado a la nómina de los trabajadores acreditados). La cartera vencida en préstamos personales fue de 15 mil 813 millones de pesos, con un aumento de 29%.
Un aumento en el crédito al consumo que se acompaña de mayores crecimientos en la cartera vencida puede surgir de varios factores. Entre ellos está la falta de un mercado laboral sólido que ofrezca buenos empleos bien pagados a toda la población que lo solicita, el deterioro del ingreso familiar y el aumento de los precios, es decir, la inflación. Aunque estos aspectos económicos son importantes, el uso de créditos en niveles que puedan desbordar el presupuesto familiar, hasta convertirse en una deuda creciente e impagable, se origina también en la visión, los hábitos y los comportamientos financieros de las personas.
En el caso de las tarjetas de crédito, y algunos otros créditos, cuando los deudores enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, es común que ello se origine no solo en el deterioro de su economía, sino también en la compra de productos y servicios que no se necesitan, en el desconocimiento de las tasas de interés y otros costos que cobran las instituciones financieras, así como en la falta de conciencia sobre los efectos negativos que tiene en la economía personal utilizar un crédito de manera poco sensata, factores que podrían resolverse con una mejor cultura financiera entre la población.
Sin embargo, es claro que desde el gobierno han sido omisos en diseñar e implementar una política sólida de fomento a la educación para la salud económica y financiera de la población y se ha debilitado, o al menos desaprovechado, a las instancias que más podrían incidir en ello, como son la CONDUSEF y el ahora Banco del Bienestar, e incluso el propio Banxico, entre otras. Ni hablar del ámbito educativo formal, donde el tema causa escaso interés. Tampoco se ha avanzado en un marco legal y regulatorio adecuado para el fortalecimiento y la promoción de estos asuntos.
En el lado del sector privado, resulta también evidente que este tipo de labores de formación económica y financiera no son del interés de accionistas y directivos. Al no estar obligados a realizarlas, evaden invertir en ellas y en muchos casos solo simulan contar con acciones en este sentido. No solo por demostrar que son socialmente responsables, lo que a veces quieren mostrar repartiendo migajas en proyectos de muy poco alcance comparado con el nivel de ganancias de sus empresas, sino por el propio crecimiento saludable del sistema financiero y la optimización del uso de las herramientas que ofrece.
Al sector bancario, por ejemplo, le convendría contar con un mayor número de clientes, que éstos sean más avezados en el uso de créditos, y que cada vez utilicen financiamientos mayores, pero también que aprendan y se atrevan a ahorrar más de manera formal y a invertir esos ahorros. En otros sectores del ámbito financiero, como los seguros o el ahorro para el retiro, entre otros, una población más educada financieramente conocería mejor los beneficios de utilizar bien los productos que ofrecen y aumentar su uso.
Esto se lograría, sin duda, si el gobierno tomara este asunto en serio y si las instituciones financieras invirtieran en una mayor educación para la salud económica y financiera de la población. En seguida se enlistan algunos de los elementos que podrían conformar una política gubernamental sólida que resulte eficaz en promover estas acciones.
Primero. Realizar un diagnóstico serio, neutral y completo, con herramientas novedosas de medición, sobre la visión, los conocimientos, la situación, los hábitos y comportamientos de la población en cuestiones económicas y financieras, por sectores económicos, educativos y etarios. Hay que recalcar que, aunque algunos aspectos se enlazan, esto se debe realizar de manera independiente, y no subordinada, a los esfuerzos en materia de inclusión financiera. No se deben confundir metas ni criterios de evaluación. Estas mediciones deberán ser constantes y retroalimentarse constantemente, para evaluar avances.
Segundo. Realizar una amplia reforma legislativa que claramente obligue a las instituciones financieras privadas a realizar programas robustos y adecuados de educación para la salud financiera, con acciones proactivas y de gran alcance entre sus clientes y la población abierta, que atiendan a la dirección, el contenido y los criterios que establezcan los reguladores, que también se deben fortalecer normativamente. Lo anterior, con base en mejores prácticas internacionales, herramientas psicológicas y de economía del comportamiento. Con el objetivo de asegurar la implementación efectiva de acciones serias y eficaces habrá que fijar niveles mínimos de inversión por institución financiera, de acuerdo a su nivel de ganancias, así como sanciones estrictas para quienes no lo realicen o no atiendan los criterios establecidos.
Tercero. Será necesario revisar también las normas laborales en lo relativo a la capacitación para el bienestar de los trabajadores en las empresas, que deberá incluir una formación obligatoria en cuestiones de educación para la salud económica y financiera.
Cuarto. Establecer como un asunto prioritario del sistema educativo nacional la inclusión de materias y talleres en los planes de estudio con el objetivo de que niños y jóvenes adquieran los conocimientos adecuados para el uso eficiente del dinero y de las herramientas financieras, así como la formación de buenos hábitos económicos y financieros. Es muy relevante que esto no se vea solo como una materia tradicional o únicamente como parte de una formación numérica, que pueda incluso causar rechazo entre los estudiantes, o que solo se busque una cierta calificación. Se requiere asegurar que los programas de estudio incluyan mecanismos y herramientas psicológicas y de economía del comportamiento que aseguren la concientización de niños y jóvenes sobre la importancia de estos temas en su bienestar y el de sus familias, e integrar elementos formativos sobre la ética y la justicia económica.
Quinto. Implementar un sistema de evaluación adecuado y constante en la aplicación los programas de educación para la salud económica y financiera de la población, que incluya mediciones del alcance de las acciones realizadas por las diversas instituciones y del impacto de ellas en los hábitos, el comportamiento y los conocimientos económicos y financieros de los receptores, así como asegurar que se atiendan los criterios establecidos por los reguladores, con una efectiva aplicación de sanciones adecuadas por incumplimiento que incluyan la afectación del prestigio social de las instituciones infractoras.
Sexto. Realizar campañas masivas de comunicación y concientización social de gran alcance, con base en alianzas entre el gobierno y el sector privado, que promuevan conceptos y consejos básicos para lograr la salud económica y financiera de la población, y fomentar el uso responsable de sus recursos.
La salud económica y financiera de la población debería ser un objetivo prioritario de la política económica, con acciones inmediatas, efectivas y eficaces, y sin tolerar simulaciones. Su efecto positivo en el bienestar social, en el crecimiento económico y en la adecuada evolución del sistema financiero, no se ha dimensionado de manera adecuada, por lo que es necesario hacer visible la importancia de enfrentar este desafío, y tomar acciones sólidas de inmediato, que necesariamente deben surgir desde el gobierno federal. Es lo justo.
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