El llamado Plan México nació bajo el signo de una gran esperanza: convertir la intervención estatal en una herramienta capaz de transformar la economía, dinamizar la industria, atraer inversiones y conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo. La premisa parecía sensata, pero el conflicto surge al aplicar una teoría correcta sobre una realidad que no ha sido suficientemente examinada. A México no le faltan planes; lo que ha carecido, de manera crónica, es de la capacidad institucional para traducirlos en resultados.
En este escenario aparece Mariana Mazzucato, economista de la University College London y principal defensora del Estado emprendedor. Su reciente entrevista con Sabina Berman en Largo aliento ha permitido diseccionar sus propuestas para el Plan México. Mazzucato, cuya incorporación como asesora fue impulsada por Marcelo Ebrard, sostiene que el Estado debe abandonar el rol de mero administrador de crisis o simple corrector de fallas de mercado para estructurar, de manera activa, el crecimiento económico. Si bien la idea de transitar hacia un Estado que oriente grandes proyectos mediante misiones tecnológicas y sociales resulta seductora, surge una interrogante ineludible: ¿posee México el Estado necesario para una estrategia de tal envergadura?
La respuesta obliga a revisar nuestra historia. México ha importado, en diversas épocas, modelos económicos y proyectos de modernización que fracasaron, no por falta de rigor teórico, sino por ignorar las condiciones concretas del país. Es aquí donde la memoria histórica se vuelve indispensable. Durante los años sesenta, el economista húngaro-británico Nicholas Kaldor llegó a México con una propuesta de reforma fiscal de gran alcance, diseñada para transformar profundamente el sistema impositivo. Aquel diagnóstico era sólido desde la teoría económica, pero colisionó frontalmente contra una realidad dominada por intereses corporativos, una arraigada informalidad y una administración pública sin las capacidades técnicas para ejecutar la reforma.
Contratar a las figuras más destacadas de la economía internacional es insuficiente. Ningún académico, por brillante que sea, puede sustituir la construcción institucional. El conocimiento externo ayuda a comprender los problemas, pero es incapaz de alterar las condiciones históricas que los originan.
Aquí adquiere relevancia el pensamiento de Celso Furtado. En su libro, Desarrollo y subdesarrollo (1961), el economista brasileño argumentó que el subdesarrollo no es una etapa previa al progreso, sino una estructura histórica caracterizada por desigualdades profundas, mercados internos débiles y Estados con dificultades para orientar la inversión al margen de intereses particulares. Furtado comprendió una lección que solemos olvidar: no es posible edificar una economía moderna exclusivamente desde la cúpula.
La tecnología y la inversión exigen instituciones sólidas que las sostengan. Sin funcionarios preparados, reglas estables y mecanismos eficaces de evaluación, las «misiones» estatales corren el riesgo de degradarse en dispendiosos ejercicios de gasto público sin impacto social.
La propuesta de Mazzucato, comentada en el espacio de Berman, sobre una reforma fiscal que funcione como incentivo directo para transformar y potenciar las inversiones productivas, toca una fibra sensible. La idea de que la riqueza se distribuya desde el origen entre trabajadores, empresas y comunidades suena a un ideal necesario. No obstante, las críticas a este modelo parten de un flanco técnico: sus detractores sostienen que se sobreestima la capacidad del Estado y se subestiman sus fallos operativos.
Esta visión ha sido cuestionada por académicos como Alberto Mingardi —profesor de Historia de las Doctrinas Políticas en la Universidad IULM de Milán, director general del Istituto Bruno Leoni y fellow del Cato Institute—, mientras que analistas como Andrew Fentem —investigador y consultor tecnológico independiente especializado en sistemas de interacción y políticas industriales— y Tim Worstall —investigador sénior (Senior Fellow) del Adam Smith Institute y colaborador de medios especializados— advierten sobre el “efecto de desplazamiento”: cuando el Estado sobredimensiona su intervención, puede inhibir la inversión privada, atraer el talento hacia la burocracia y financiar proyectos cuyo costo carece de un cálculo riguroso».
No se trata de abogar por la retirada del Estado —una simplificación excesiva, pues ninguna economía moderna prescinde de instituciones públicas fuertes—, sino de plantear la cuestión de fondo: ¿qué Estado interviene, con qué capacidades, bajo qué controles y quién supervisa sus decisiones? En México, estos interrogantes son vitales. Un proyecto económico de largo aliento exige seguridad jurídica, tribunales independientes, reguladores confiables, transparencia y funcionarios capaces de rendir cuentas. Sin estos pilares, la intervención estatal corre el riesgo de disolverse en discrecionalidad política, donde el interés público termina subordinado a agendas particulares.
El desafío central del Plan México no es elegir entre Estado o mercado, sino construir una arquitectura estatal capaz de intervenir sin asfixiar los incentivos que permiten a la sociedad innovar e invertir. La modernidad económica no puede decretarse ni importarse como si México fuera una hoja en blanco. El país necesita mirar su propia historia antes de diseñar su futuro; requiere capital humano, instituciones robustas y reglas que trasciendan los periodos gubernamentales.
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