Empoderado en un partido político en decadencia, Alejandro Moreno, que se nombra a sí mismo como Alito, simboliza la corrupción como algo social e históricamente arraigado en México; sujeto, como dirían los sociólogos, a una variación en el espacio y a la transformación a lo largo del tiempo. Para el excandidato presidencial Francisco Labastida es más simple lo que hace Alito, su reelección al frente de la dirigencia nacional del PRI obedece al interés personal, como sucede siempre en los casos de corrupción, de disponer a su antojo de los 800 millones de pesos de dinero público que recibe del INE ese partido político, por lo que su objetivo es permanecer allí hasta que se pierda el registro.
Con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía General del Estado de Campeche, en la Unidad de Inteligencia Financiera, en el Centro Nacional de Inteligencia, en el Servicio de Administración Tributaria y hasta en el Congreso, donde sigue pendiente la discusión del desafuero, el senador y dirigente nacional de lo que queda del PRI siente más cerca el acecho de la justicia y por ello busca el escándalo internacional para politizar sus procesos legales.
En los últimos acontecimientos en torno al líder priista, destacan las detenciones de Luis Antonio Espinosa Campos, hombre de confianza de Alejandro Moreno y contador de su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, y de Carlos Alberto Medina Hernández, vocero y director de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno, acusados por el delito de peculado (desvío de recursos público), una de varias investigaciones que mantiene pendiente una solicitud de desafuero que podría ser resuelta durante el inicio del próximo periodo legislativo
El pasado 10 de agosto elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendieron a Luis Antonio Espinosa Campos en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam), que investiga al contador por su presunta participación en el desvío de recursos públicos. Posteriormente fue trasladado vía aérea a Campeche y quedó a disposición de un juez que determinará su situación jurídica. Un día después, el martes 11 de agosto, fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández en Campeche y la orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía estatal, acusado del desvío de 36 millones de pesos a través de empresas que facturaban operaciones simuladas.
LAS SOLICITUDES DE DESAFUERO
Alejandro Moreno ha enfrentado dos solicitudes de declaración de procedencia –conocidas como desafuero– ante la Cámara de Diputados. La primera fue presentada en 2022, bajo el expediente LXV/HCD/DP/01/2022, cuando Moreno era diputado federal; sin embargo, el procedimiento no llegó a una resolución y quedó abierto durante la pasada Legislatura.
En agosto de 2025, la Sección Instructora de la Cámara baja determinó dejarlo sin materia y archivarlo, debido a que Moreno ya no era diputado sino senador y, además, la Fiscalía de Campeche había retirado sus solicitudes, y aclaró que esta decisión no constituyó una exoneración ni una resolución sobre la responsabilidad penal del priista.
La segunda solicitud fue presentada en julio de 2025 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, y estaría integrada por cinco denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y está dirigida contra Moreno en su calidad de senador. Hasta el momento permanece vigente.
El pasado mes de diciembre, la Cámara informó que la Sección Instructora continuaba recopilando elementos para elaborar el dictamen sobre la solicitud, por lo que el procedimiento permanece pendiente. Aunque el análisis fue interrumpido durante el receso legislativo, se prevé que sea retomado en septiembre, al comenzar el periodo ordinario de sesiones.
La detención de Espinosa Campos y Medina Hernández podría aportar nuevos elementos al expediente. El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, señaló que la nueva información proporcionada por la Fiscalía de Campeche puede ser considerada para el análisis del eventual desafuero de Moreno.
LAS PROPIEDADES Y CUENTAS DE ALITO
Expedientes de inteligencia, diligencias judiciales y reportes de medios dan cuenta de la descomunal fortuna de Alejandro Moreno en su estado natal de Campeche, que incluye terrenos, casas, inversiones y cuentas bancarias, así como los negocios y el imperio inmobiliario que el líder priísta acumuló sigilosamente en el estado de Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), el hermano de Alito, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, aparece desde 2017 en reportes financieros y líneas de investigación patrimonial como presunto operador empresarial y apoderado de compañías vinculadas a movimientos financieros considerados atípicos.
Entre las empresas asociadas a esas investigaciones destacan EMC Metering Systems, Flow Control Instrumentation y First International Flow Control, las cuales según las autoridades de inteligencia financiera apuntan a posibles esquemas de dispersión y triangulación de recursos mediante empresas privadas. De comprobarse esto estarían ante el presunto delito de lavado de dinero.
El caso más delicado según las autoridades, gira alrededor de movimientos financieros relacionados con la empresa Power Petroleum de México, en donde se detectaron depósitos millonarios, operaciones consideradas incongruentes y dispersión acelerada de recursos entre distintas sociedades.
Posteriormente, parte de esos recursos habría terminado nuevamente en cuentas relacionadas con el entorno familiar de los Moreno. Todo ello ocurrió en un momento políticamente cuando Alejandro Moreno dejaba la gubernatura de Campeche para asumir el control nacional del PRI.
Durante años existió un vacío importante en torno al caso: las investigaciones hablaban de empresas y dinero, pero no aparecían propiedades concretas fuera de México.
En registros residenciales, historiales de ubicación y antecedentes de residencia, comenzaron a ubicar al entorno de Emigdio Moreno en Texas, particularmente en Houston, Spring, Katy y suburbios exclusivos del corredor metropolitano texano. Las direcciones localizadas muestran un patrón específico: fraccionamientos cerrados, zonas residenciales privadas, desarrollos suburbanos de alta plusvalía y comunidades frecuentemente utilizadas por empresarios mexicanos y operadores corporativos.
Algunas corresponden a casas de gran tamaño; otras se ubican en complejos con acceso restringido y desarrollos cercanos a lagos artificiales y corredores premium suburbanos.
Mientras las autoridades financieras identificaban la fortuna y los bienes de Alito, entre 2025 y 2026 disminuía la investigación profunda en medios de comunicación sobre el patrimonio del dirigente prista, las conexiones financieras y los reportajes relacionados con la corrupción histórica del PRI y, en paralelo, crecía la narrativa anti-Morena, el discurso sobre autoritarismo y la idea de persecución política contra opositores.
Así Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Moreira y Carolina Viggiano empezaron a aparecer de manera recurrente como voces opositoras institucionales; mientras tanto las investigaciones patrimoniales desaparecían progresivamente del centro del debate nacional.
Uno de los mayores escándalos que golpeó fuerte al líder priista, fueron los audios difundidos por la gobernadora morenista Layda Sansores y con las últimas detenciones de personas y operadores de Moreno Cárdenas, han recobrado fuerza ante la propuesta de nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, pues el priista se presenta como acérrimo defensor de la libertad de expresión y acusa al gobierno federal de emprender una campaña de hostigamiento contra periodistas.
El 7 de agosto de 2026, Moreno publicó en un comunicado que México atraviesa «el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo», y acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de recurrir a la descalificación y estigmatización de comunicadores. Incluso expresó su solidaridad con Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Azucena Uresti y Joaquín López-Dóriga, entre otros.
LAS GRABACIONES DE ALITO
En mayo de 2022, la gobernadora de Campeche difundió una grabación atribuida al dirigente priista en la que se escucha: «A los periodistas no hay que matarlos a balazos […] hay que matarlos de hambre». La polémica trascendió la confrontación política.
La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, condenó los comentarios atribuidos a Moreno y advirtió que generaban condiciones para atentar en contra de la dignidad y el trabajo de las personas periodistas.
El organismo consideró que ese tipo de expresiones eran inaceptables por atentar contra los derechos de quienes ejercen el periodismo, y advirtió que podían favorecer un incremento de las agresiones contra el gremio.
En julio de 2022 fue difundido otro audio atribuido a Moreno relacionado con Joaquín López-Dóriga. El periodista respondió públicamente y calificó al dirigente priista de «cobarde», episodio documentado entonces por diversos medios.
Pero detrás de estos audios tan conocidos, existían otras conversaciones mucho menos difundidas: propiedades, operadores financieros, empresarios y estructuras patrimoniales.
A pesar de los escándalos en los que está envueltos el dirigente del PRI, se ha logrado mantener el frente de ese partido hasta 2032, gracias a una reforma estatutaria impulsada por su propia dirigencia para permitir la reelección.
Lo anterior desató una ola de críticas entre exdirigentes y militantes priistas, quienes advirtieron que los cambios no fortalecían la vida democrática del partido, sino que concentraban aún más el poder en una sola persona y en el corto plazo advertían que la consecuencia sería la extinción del partido.
A las investigaciones patrimoniales de Alejandro Moreno, se sumó un nuevo frente judicial. En julio de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.
La acusación se sustenta en cuatro carpetas de investigación ya judicializadas y apunta a un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos. Las indagatorias involucran además a 17 personas, entre exfuncionarios y particulares; algunos de ellos ya fueron vinculados a proceso y dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.
Se trata de la segunda solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI: la primera fue presentada en 2022 por presunto enriquecimiento ilícito. Moreno ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política. El proceso permanece abierto y se prevé que podría reactivarse en la Cámara de Diputados en septiembre de 2026.
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