El 12 de agosto, desde Palacio Nacional y en el espacio oficial llamado Derecho de Réplica, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, presentó una lista de personas y medios incómodos al poder actual. Nos señaló como replicadores y amplificadores de “narrativas organizadas” contra la 4T. Ante miles de críticas ciudadanas tuvo, horas después, que retractarse y llamarle “ecosistema digital de amplificación». Ahí aparecemos alrededor de ciento veinte cuentas, de las cuales cincuenta y cuatro son medios o periodistas, treinta y dos son figuras políticas, y el resto son listadas como “cuentas de ataque”.
Y 12 somos legisladoras y legisladores federales en activo, de tres partidos distintos, señalados con nombre y apellido desde el edificio donde se gobierna el país. Si el problema no es una lista en sí, sino que es una lista elaborada con dinero y poder del Estado, hoy morenista. Y ahí estoy yo, supongo que por hablarles con la verdad, sin temor. Ahora quieren que les temamos.
La acusación es que nos organizamos de manera colectiva para criticar al régimen. Vale la pena responderla de frente. Soy la única persona de Movimiento Ciudadano entre esas treinta y dos. Nosotros no nos aliamos con los partidos tradicionales de México, con ninguno, y esa decisión nos ha costado caro más de una vez. No nos coordinamos con ellos ni recibimos línea de nadie. Cuestionamos al poder por convencimiento, que es la única razón que dura.
Al poder se le cuestiona, se le señala y se le exige. No se le hace casita para que nadie lo toque, como a Morena y sus corruptos les gusta. A quien hay que proteger es a la gente, no a ellos.
En el mismo documento están los periodistas y los medios, algunos de la talla de Carmen Aristegui, a quien admiro desde la entraña. Y esto es muy grave. Un ciudadano puede señalar a la prensa cuanto quiera, pero cuando lo hace la Consejera Jurídica de la Presidencia, con presupuesto público y desde el edificio donde se decide una concesión o el reparto de la publicidad oficial, el señalamiento cambia de sentido. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y la llave del gasto. Un nombre pronunciado desde ahí tiene todo el poder detrás. Los nazis hacían esto.
La gravedad del daño no depende de la intención. No se necesita cerrar un periódico para que se escriba menos: basta con que haya miedo a criticar. Quien firma una investigación sabiendo que su nombre va a acabar proyectado en una pantalla oficial mide sus adjetivos y sus temas. La precaución no sobra en un país donde ejercer el periodismo cuesta vidas todos los años.
El reclamo no pertenece a un bando, y hay dos pruebas de ello. La primera la dio Ricardo Monreal, desde la bancada del oficialismo: no estaría de acuerdo en que se formulen listas de personas desde el poder. La segunda la dio Claudia Sheinbaum en 2021, cuando señaló que las listas de opositores son cosa del macartismo y el nazismo. La objeción era correcta entonces y sigue siéndolo hoy, con los papeles al revés. Quien celebre el ejercicio tendría que contestarse si lo aceptaría de un gobierno de signo contrario. Casi nadie dice que sí. Y quien dice que no ya concedió lo esencial: las reglas que protegen al crítico incómodo para el poder en turno son exactamente las que protegerán al crítico incómodo para el poder que venga. El poder es prestado. Las reglas se heredan.
La democracia social que defendemos se sostiene sobre medios autónomos, deliberación abierta y gobiernos que rinden cuentas, porque sin eso lo demás se desarma. No hay política social eficaz donde el padrón sirve para premiar y castigar. La libertad de expresión es el mecanismo con el que un país corrige sus errores antes de que salgan caros.
Hay una respuesta ciudadana y está al alcance. Defiende por su nombre al periodista con el que discutes todos los días, porque ahí se juega tu propia voz. Pregunta a tu diputada y a tu diputado qué hicieron esta semana para que la próxima lista no exista.
Desde la Cámara vamos a defender tres cosas con nombre propio. Que cada peso de publicidad oficial se reparta con reglas públicas y criterios verificables, porque el dinero es el instrumento más silencioso de la censura. Que ninguna dependencia del Estado vuelva a destinar recursos ni personal a perfilar ciudadanos por lo que opinan, y que quien lo ordene responda por ello. Y que el mecanismo de protección a periodistas tenga presupuesto y consecuencias, para que proteger deje de ser un trámite.
Un gobierno que necesita saber quién lo critica ya perdió el argumento. Falta que lo pierda en la tribuna, y ahí nos van a encontrar.
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