Haría muy bien que el grupo de estrategas de Palacio Nacional se saliera del espacio mediático del debate con los medios porque se trata de un ring intrínsecamente antisistémico. En mayor o menor medida, la información –y lo definió como principio el columnista Manuel Buendía– es un instrumento constitutivo del poder político.
En términos sencillos se puede establecer el principio de que las batallas del poder político con/contra los medios de comunicación privados están perdidas de antemano por una razón muy sencilla: el Estado es el brazo coercitivo del poder y aún las dictaduras cerradas nunca han podido aplastar la libertad de información, y menos en el pomposamente llamado ecosistema político donde la autoridad aplica la represión o paga las consecuencias de sus titubeos.
El modelo de comunicación política de la 4T fue definido por el disidente-opositor López Obrador desde el principio de su lucha por ocupar los espacios institucionales del poder. La estructura de la mañanera fue una decisión para centralizar la información como parte del poder político, pero dependió de la capacidad personal del líder para sostener exclusiones.
Ese modelo no fue inventado por López Obrador, sino que fue definido en los términos constitucionales del Estado autoritario que fundó nada menos que Benito Juárez, pero con el contrapunto muy democrático de Francisco Zarco. El régimen priista fue tolerante con la crítica, aunque bajo el criterio amañado de que el Estado — es decir: el gobierno; que a su vez es otro decir: el grupo gobernante en turno– encarna los intereses nacionales.
Los medios de comunicación escritos –en sus primeros escarceos en el debate político durante los años de la reforma juarista– fueron subordinados a la estructura piramidal del sistema político/régimen de gobierno/Estado de bienestar/Constitución paradigmática como aparato del poder político.
El instrumento de control del Estado mexicano de 1857 a la fecha ha sido la configuración de un sistema de poder basado en tres autoritarismos: el presidente de la República con funciones absolutistas, el partido en el poder desde el liberal decimonónico hasta el cuatroteísta en curso y la legitimación del Estado en función de garantizar el bienestar de la sociedad no propietaria.
Los tres instrumentos para el control de la crítica en México han sido la cooptación, la coerción y la complicidad. Por eso la estructura sistémica del Estado mexicano sigue vigente en sus comportamientos conscientes e inconscientes como la autoridad superior y subordina a sus necesidades a todas las prácticas sociales que se mueven en los espacios de las relaciones sociales y políticas de poder.
Como todo poder constituido, el Estado mexicano funciona en el criterio constitucional de que encarna a la nación y a la República y a la Historia, por lo que se mueve en el principio muy papal de la infalibilidad. En los instantes en que el Estado se salió del esquema democrático se vio obligado a reprimir hacia su interior, y sus justificaciones han sido, todas, en nombre de los intereses de la nación, aunque como se ha visto sólo haya salido en defensa de la élite gobernante en turno.
En el debate abierto por la lista negra de críticos que mostró aún de manera inconsciente e ingenua la consejera jurídica de la Presidencia, Luis María Alcalde Luján, tres derivaciones quedaron en el debate y sobre ellas habrá que reencauzar de manera profesional la discusión sobre el papel del ejercicio de la crítica también como factor constitutivo del poder:
1.- El Estado no es el Gobierno y ninguno de los dos –ni Estado ni Gobierno– tiene derecho de réplica porque sus funciones se nutren bruscamente de las adhesiones y de la crítica.
2.- No hay democracia sin crítica y todo autoritarismo pasa –aunque no sea su objetivo central– por el procesamiento de la crítica como una parte del ejercicio social que significa la información que denuncia.
3.- Una democracia en Estados fuertes, centralistas y autoritarios no puede tener el control de la publicidad, porque ese modelo –que ha sido clásico en los regímenes del PRI y ahora de Morena, y el PAN porque no supo cómo o no le dio tiempo– fue inventado nada menos que por Benito Juárez y Porfirio Díaz: financiar con recursos públicos presupuestales la circulación de medios impresos con el control de la publicidad, e inclusive, como ocurrió con Echeverría y Excélsior en 1972, con la complicidad privada en el boicot contra el periodismo crítico de Julio Scherer García.
Todos estos elementos emergieron el modo caótico con el descubrimiento de la consejera jurídica Alcalde Luján de que el enemigo público número 1 de la 4T era “la red de amplificación digital” que no es otra cosa que la estructura de pesos y contrapesos en un régimen político absolutista ya sea blando o duro.
En términos de una verdadera comunicación política, esa red de amplificación digital no es otra cosa que la democracia, y con ella hay que lidiar y no castigar.
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Política para dummies: la política es democracia o no es.
@carlosramirezh
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