Onel Ortíz Fragoso
Hace poco caminé por Insurgentes Norte. Volteé la vista y ahí estaba la sede nacional del PRI, ese enorme conjunto de edificios que durante décadas fue uno de los centros del poder político mexicano. Ahora luce deteriorado, semivacío, casi abandonado. La imagen me pareció una metáfora de la situación que vive el partido que fue la maquinaria electoral más poderosa de México durante el siglo XX. El PRI perdió la Presidencia, gubernaturas, municipios, legisladores, militantes y, sobre todo, perdió la confianza de millones de mexicanos. Sin embargo, mientras el partido se empobrece políticamente, su dirigente nacional se ha vuelto millonario.
En las elecciones federales de 2024, el PRI obtuvo poco menos del 10 por ciento de la votación presidencial y en la elección de diputados federales apenas superó el 11 por ciento. Hoy ocupa la cuarta posición entre las fuerzas representadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En el Poder Ejecutivo, el panorama resulta todavía más revelador. El PRI conserva apenas dos gubernaturas: Coahuila y Durango. Mantiene algunas posiciones municipales y gobiernos locales que funcionan como pequeños reductos. La paradoja resulta inevitable: mientras el PRI se hace cada vez más pequeño, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, parece hacerse cada vez más rico.
El PRI carga desde hace años con un enorme desprestigio asociado con corrupción, autoritarismo y abusos del poder, mientras que Alejandro Moreno es el político más desprestigiado de México. Aquí conviene un matiz. Mientras el PRI va en franca caída, Alejandro Moreno luce boyante. Aparece constantemente en redes sociales, concede entrevistas, confronta al gobierno, viaja al extranjero y presenta denuncias ante autoridades estadounidenses. No me refiero a acudir ante la OEA u otros organismos multilaterales de los cuales México forma parte, sino a llevar la disputa política mexicana directamente a instancias estadounidenses. Mientras tanto, en México permanece abierto otro expediente mucho más incómodo para el dirigente priista: el relacionado con su patrimonio y su paso por el gobierno de Campeche.
Alito parece un fiel discípulo de aquella máxima priísta: “político pobre es un pobre político”. Durante su trayectoria como legislador, gobernador de Campeche y presidente nacional del PRI, su patrimonio ha sido objeto de investigaciones y múltiples revelaciones periodísticas. Es indispensable hacer aquí una precisión: las acusaciones no equivalen a una sentencia. Alejandro Moreno conserva la presunción de inocencia mientras un tribunal no determine lo contrario. Pero precisamente por tratarse de un personaje público, resulta legítimo preguntar por el origen de una fortuna que ha llamado la atención de autoridades y periodistas.
Desde 2022 la Fiscalía de Campeche abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ese mismo año se inició un procedimiento para retirarle el fuero. Ahora, en agosto de 2026, el caso volvió a cobrar fuerza con nueva información presentada ante la Cámara de Diputados. La investigación incluye presuntos delitos relacionados con peculado y uso indebido de atribuciones y se han señalado irregularidades por 83.5 millones de pesos.
Pero entre todas las propiedades atribuidas o relacionadas con Alejandro Moreno existe una que sintetiza como ninguna otra la historia: la llamada Playa Alito. Una investigación periodística documentó que en 2014 Moreno adquirió en Champotón, Campeche, aproximadamente 300 mil metros cuadrados de terreno por solamente 100 mil pesos. Haga usted la división: alrededor de 33 centavos por metro cuadrado. La misma investigación estimó posteriormente el valor de esos terrenos hasta en 450 millones de pesos. Además, en abril de 2016, cuando Moreno ya era gobernador, obtuvo autorización federal para usar, ocupar y aprovechar una zona federal marítimo-terrestre relacionada con la propiedad.
Para dimensionar el tamaño del terreno abandonemos los metros cuadrados. Hablamos de aproximadamente 42 canchas profesionales de fútbol juntas. También equivale a unas seis veces y media la superficie de la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Imagínese usted semejante extensión frente al mar y luego recuerde nuevamente el precio reportado de adquisición: 100 mil pesos.
Playa Alito tampoco constituye un señalamiento aislado. Durante los últimos años se han publicado investigaciones sobre casas, terrenos y otras propiedades vinculadas al dirigente priista. También han surgido cuestionamientos sobre adquisiciones realizadas directamente o mediante familiares y presta nombres. Una investigación periodística difundida en 2024 señaló incluso otra mansión en Chiapas con valor estimado en nueve millones de pesos. Algunas acusaciones podrán demostrarse y otras quizá no. Esa es precisamente la función de las fiscalías y los tribunales. Pero cuando existe semejante diferencia entre la trayectoria de ingresos públicos de un político y el patrimonio que se le atribuye, investigar no constituye persecución: constituye una obligación institucional.
También está el dinero del PRI. Los partidos reciben recursos públicos porque constitucionalmente son entidades de interés público, no empresas privadas de sus dirigentes. Por eso el manejo financiero priísta debería estar sometido al mayor escrutinio posible. Alejandro Moreno no es propietario del PRI ni de sus prerrogativas o inmuebles. Los recursos partidistas pertenecen institucionalmente al partido y están sujetos a fiscalización electoral. En una organización tan debilitada, la concentración de las decisiones políticas, administrativas y electorales en una persona constituye además un problema democrático. Cuando una persona controla las candidaturas, los órganos internos y la permanencia de la dirigencia, inevitablemente aparece la pregunta: ¿dónde termina el partido y dónde comienza el patrimonio político personal?
Resulta inevitable recordar la frase de Alejandro Moreno en aquellos audios difundidos desde Campeche: “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, papá”. Más allá de aquella controversia, existe una ironía difícil de ignorar: han sido precisamente investigaciones periodísticas las que han permitido conocer propiedades, operaciones inmobiliarias y aspectos patrimoniales que merecen explicación pública. El periodismo no sustituye al Ministerio Público ni dicta sentencias, pero cumple una función indispensable: seguir documentos, escrituras, contratos, sociedades, transferencias y relaciones de poder.
En la película Todos los hombres del presidente, Garganta Profunda le marca a los reporteros una ruta que se convirtió en máxima del periodismo: seguir la pista del dinero. Con Alejandro Moreno ocurre algo semejante. Más allá de sus declaraciones estridentes, de sus pleitos con Morena, de sus viajes a Washington, de sus denuncias contra el gobierno y de su permanente presencia en redes sociales, hay que seguir la pista del dinero. Porque mientras el PRI pierde votos, gubernaturas, legisladores y militantes, su dirigente ha tenido que responder durante años preguntas sobre propiedades cuyo valor resulta extraordinario.
La sede de Insurgentes Norte sigue ahí. Grande, silenciosa y deteriorada. Es el monumento involuntario a una época que terminó. El PRI que gobernó México durante décadas parece consumirse lentamente mientras Alejandro Moreno lucha por conservar el control de sus restos. Tal vez Alito consiga mantener el fuero, superar las investigaciones y continuar varios años más como presidente de su partido. Tal vez no. Eso dependerá de las pruebas y de las instituciones. Pero existe una pregunta que difícilmente desaparecerá del debate público: ¿cómo construyó su patrimonio? La respuesta no debe darla Morena, ni el PRI, ni una conferencia de prensa. Deben darla los documentos, las investigaciones y finalmente los jueces.
Eso pienso yo, usted que opina. La política es de bronce.
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