En el análisis de la coyuntura latinoamericana, resulta fundamental prestar atención a las recientes declaraciones del presidente de Colombia, quien ha aceptado públicamente la apertura de su país a la participación de fuerzas militares estadounidenses en la lucha contra grupos terroristas y narcotraficantes. Esta decisión representa una continuidad en la política de seguridad colombiana frente a EU y plantea una serie de interrogantes sobre la dinámica geopolítica que atraviesa la región.
La situación en Colombia puede considerarse un espejo de lo que podría acontecer en México, dado que ambos países enfrentan desafíos similares en materia de crimen organizado, corrupción y dependencia de actores externos en sus estrategias de seguridad. Sin embargo, para entender las implicaciones de estos procesos, es imprescindible analizar las perspectivas y argumentos del analista Víctor Hernández Ojeda, un reconocido profesor de la Universidad Panamericana en México, quien ha señalado que estas decisiones reflejan, en realidad, el fracaso de la lucha contra el narcotráfico en ambos países y, en un sentido más amplio, en la región. Hernández Ojeda sostiene que Estados Unidos, históricamente, no ha tenido un interés genuino en erradicar el trasiego de drogas, sino que sus acciones responden a intereses geopolíticos que van más allá del combate al narcotráfico. Desde su perspectiva, el problema es de carácter estructural y se inscribe en un contexto de disputa por recursos naturales, territorios y control estratégico en una región cada vez más codiciada por las potencias mundiales. Hernández Ojeda advierte que, en esta lógica, el enfrentamiento contra las organizaciones criminales se ha convertido en un elemento más de la confrontación entre Estados y bloques de poder, en los que los Estados-nación tradicionales se ven desplazados por una lucha global por recursos como litio, agua, tierras fértiles y mano de obra, en un escenario que podría interpretarse como una fase avanzada del tecnofeudalismo.
La propuesta que Hernández Ojeda hace para México y otros países latinoamericanos es que abandonen, en cierto modo, la lucha unilateral contra el narcotráfico y permitan que sean las potencias externas quienes asuman esa responsabilidad, no solo como una estrategia de seguridad, sino como un componente de una disputa geopolítica mayor. En su visión, esta postura permitirá a los países evitar involucrarse en conflictos civiles innecesarios, disminución de legitimidad jurídica y centrarse en fortalecer sus capacidades internas en otros ámbitos de desarrollo. En línea con esta perspectiva, el presidente colombiano Espriella, ha señalado la necesidad de adoptar medidas rigurosas en materia penitenciaria, asemejándose a los modelos implementados en El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele, con la finalidad de reducir la corrupción vinculadas a grupos criminales. La propuesta de Espriella, que incluye la construcción de cárceles de alta seguridad, se presenta como una estrategia para sancionar adecuadamente al crimen organizado, aunque también plantea un debate sobre los límites de la autoridad estatal en un contexto de crisis institucional.
La comparación entre Colombia y México en este escenario resulta pertinente, pues ambos países enfrentan desafíos similares y comparten una vulnerabilidad ante las presiones externas. La reflexión que surge es si México debe seguir el camino de Colombia en la apertura a la intervención extranjera o si, por el contrario, debe consolidar una estrategia soberana que priorice la lucha contra el crimen organizado sin depender de actores externos.
La postura de Hernández Ojeda invita a pensar en una prospectiva en la que México debe evaluar con cautela la participación en conflictos que, en última instancia, podrían responder a intereses geopolíticos ajenos a su bienestar. Involucrarse en enfrentamientos contra el narcoterrorismo, como lo ha clasificado Estados Unidos, puede desviar los recursos y esfuerzos del desarrollo interno, además de profundizar las tensiones sociales y políticas. Si el Estado Nacional desata una violencia desmedida contra su población, como ocurrió durante los últimos años del porfiriato en México, pueden emerger grupos revolucionarios que intenten destruir el régimen político y colapsar el sistema en su totalidad.
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