En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay ministros que añoran los privilegios del despilfarro del dinero público y siguen sin entender qué es la austeridad republicana y que ellos, como servidores de la Nación que ocupan una responsabilidad constitucional, deben ser el ejemplo no sólo de la impartición de justicia pronta y expedita, sino también del ahorro del dinero del pueblo, evitando excesos en el gasto, tal y como ocurría en el pasado, cuando se actuaba con impunidad a la hora de gastar miles de millones del dinero presupuestal. Ejemplo de ello son los onerosos salarios que siguen cobrando los ministros en retiro y que son muy superiores a lo que percibe la presidenta de la República.
Con los votos en contra de Lenia Batres, Hugo Aguilar e Irving Espinosa Betanzo, los otros seis integrantes de la Suprema Corte pidieron en cesión privada de la Corte que les restituyan el seguro de gastos médicos mayores para atenderse en hospitales caros y privados, y dejar de hacer citas y filas en las instituciones públicas de salud, como lo hacen millones de mexicanas y mexicanos.
Todo comenzó en la Corte con la discusión del anteproyecto de presupuesto para 2027, en donde proponen un evidente dispendio de dinero público para que se pague 146 millones de pesos en el seguro de gastos médicos mayores. Actualmente dicho seguro está cancelado para los 9 ministros, los 5 integrantes del Comité de Disciplina y los 5 miembros del Órgano de Administración Judicial.
La iniciativa para que les devuelvan el seguro millonario de gastos médicos fue propuesto por la polémica ministra Yasmín Esquivel y secundada por Loreta Ortiz, María Estela Ríos (exconsejera jurídica del presiente Andrés Manuel López Obrador), Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrera, quienes solicitarán 146 millones de pesos más para el próximo año.
Se trata de viejos vicios del pasado, cuando en la Corte los ministros disponían impunemente de miles de millones de pesos de dinero público que guardaban en fideicomisos para gastarlo en todo lo que se les ocurriera; se trataba de servidores públicos que se conducían como magnates gastando el dinero del pueblo.
La Corte pretendían además constituir un nuevo fideicomiso para guardar 1 mil 800 millones de pesos, bajo el argumento de que se enfrenta un déficit de 120 millones de pesos en el Capítulo 1000. Por ello en la sesión, el presidente Hugo Aguilar pidió al titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, que transfiera el “sobrante” multimillonario del Tribunal de Disciplina Judicial a la SCJN, en lugar de devolverlo a la Tesorería de la Federación, como marca la ley.
Como uno de los tres Poderes de la Unión y con la autonomía que ello implica, las dos terceras partes de los ministros consideran que pueden seguir moviendo miles de millones de dinero público a su antojo, para su beneficio personal, como se hacía en el pasado, pero cuando el caso fue presentado por la reportera Nancy Flores en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ésta fue clara en que no está de acuerdo en el despilfarro de ese seguro médico de gastos mayores y que el “guardadito” de más de 1 mil millones de pesos que pretenden los ministros tampoco es correcto para los servidores públicos.
Con ironía, la primera mandataria alertó: “Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio (palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ¿no? Sí, como que se transforman, no sé. Ha de estar embrujado [con] los espíritus del pasado, no sé”. También criticó a las seis ministras y ministros que votaron por restituir el seguro de gastos médicos mayores para el personal judicial, en vez de procurar la austeridad republicana. “No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios”.
La doctora Sheinbaum indicó que, si las y los ministros que votaron por esta restitución “quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para ese seguro privado”.
UN “GUARDADITO” DE 1 MIL 800 MILLONES
La discusión del anteproyecto de presupuesto 2027 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación destapó el dispendio que aún prevalece, al revelar que el pueblo sigue pagando seguros de gastos médicos mayores a la mayoría del personal; sólo este año el gasto será por 135 millones de pesos y, por iniciativa de la ministra Esquivel y otros cinco ministros y ministras, solicitan que se incremente a 146 millones de pesos para el próximo año.
El pasado jueves 6 de agosto, el ministro presidente Aguilar Ortiz informó al resto de ministras y ministros que para solventar un déficit y cubrir otros gastos de la Corte, siguen dialogando con el presidente del Órgano de Administración Judicial para que el “sobrante”, de alrededor de 1 mil 800 millones de pesos que se generara en el Tribunal de Disciplina Judicial, debido a que arrancó funciones con posterioridad, pase a las arcas de la SCJN.
El ministro presidente fue más allá al afirmar frente a sus pares que se reforzarán los esfuerzos de diálogo para que ese dinero llegue a la Corte. Incluso, les reveló que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) se han resistido a que ello ocurra, y de acuerdo con fuentes internas sabemos ahora que en dicho Tribunal ha sido cancelada esa petición de la Corte.
Cuando los emisarios de la SCJN han insistido en que habrá ahorros, el TDJ les ha advertido que, de no ocuparse esos 1 mil 800 millones de pesos, los deben regresar a la Federación. No obstante, el ministro Hugo Aguilar expresó que esa visión del Tribunal de Disciplina es incorrecta, porque desconoce arbitrariamente que ese recurso también puede ser ejercido por la Corte. Ello, porque según él, se trata de un solo presupuesto para el Poder Judicial de la Federación ubicado en distintas instancias.
Más aún, el presidente del máximo tribunal constitucional insistió en que se continuará con el diálogo para convencer tanto al Tribunal de Disciplina como al Órgano de Administración Judicial. Lo anterior, dijo, porque las necesidades de la SCJN son muchas, no sólo por el déficit de los 120 millones de pesos.
Al respecto, explicó al pleno que, en sus términos, el presupuesto de 2026 no alcanza para cubrir todo lo que se requiere. Y agregó que para 2027 ya hay planes para aplicar un incremento al salario de 4.5 por ciento promedio. Para intentar sensibilizar a sus homólogos, dijo que si no se aumentan los salarios se correrá el riesgo de que el personal abandone la institución.
También reveló que el dinero del “guardadito” podría usarse para resolver el tema del aguinaldo de diciembre próximo. Otros requerimientos que tiene la Corte, comentó Aguilar Ortiz, es la construcción de un almacén y la renovación del equipo de cómputo. Por ello, justificó que el anteproyecto de presupuesto contemple un incremento.
Cuando la ministra Estela Ríos González preguntó al ministro presidente Aguilar Ortiz si dicho incremento al salario que estaban proponiendo ya se había consensuado con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la respuesta fue que no.
Presente en la sesión privada, el titular de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Rivera, detalló que había confianza en que ese incremento fuera aceptado por el Sindicato, porque es superior a la inflación. También manifestó a los ministros y ministras que actualmente el Sindicato “está tranquilo” a pesar de que este 2026 no hubo incremento salarial.
Sobre el déficit de 120 millones de pesos, el titular de la Unidad de Administración afirmó que, si bien ahora asciende a 120 millones de pesos, en el futuro podría variar en función de las vacancias y ocupación de plazas. Para evitar que se incremente, Rivera dijo a los ministros y ministras que cuando alguna persona servidora pública deja el cargo por la razón que sea, se deja vacante por 30 días forzosos para ahorrar por lo menos el pago de ese mes. Añadió que tampoco se han creado plazas, con excepción de las que ha autorizado la Comisión de Administración del Órgano.
Acerca del posible destino que tendrían los ahorros del Tribunal de Disciplina si se lograra que fueran transferidos a la Corte, el funcionario dijo que además del déficit del capítulo 1000 se podría cubrir otras necesidades. Por ejemplo, citó que este 2026 no se ha dado mantenimiento a los inmuebles ni al aire acondicionado, por lo cual se han sufrido algunas filtraciones en la sede principal debido a las fuertes lluvias. Y subrayó que en el caso de los inmuebles que son patrimonio de la Nación, es una obligación darles mantenimiento. Dijo que el aumento que se estima en el anteproyecto de presupuesto 2027 también cubriría esas necesidades.
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