Hubo un tiempo en que la diplomacia mexicana tenía prestigio porque defendía principios y no ideologías. Hoy, frente al autoritarismo de Daniel Ortega y el desmantelamiento de la democracia nicaragüense, el gobierno de México prefiere abstenerse y refugiarse en la no intervención.
Daniel Ortega ya no tiene mucho que ver con aquel revolucionario sandinista que alguna vez despertó simpatías en buena parte de América Latina. El hombre que llegó al poder en Nicaragua hablando de justicia social y de liberación nacional terminó convertido en un dictador que concentra el poder, persigue a sus opositores y ha ido eliminando las condiciones para que exista una democracia.
Ahora, el régimen de Ortega pretende cerrar la última puerta de la competencia política. Impulsa reformas para excluir a la oposición de los procesos electorales y concentrar todavía más el poder en el Ejecutivo. Las Naciones Unidas han señalado que Nicaragua está profundizando la represión y que el espacio cívico se encuentra prácticamente cerrado.
Ante este escenario, 26 países de América Latina impulsaron en la OEA una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar la situación. Y ahí el gobierno mexicano decidió abstenerse, a través de su representante ante la OEA Alejandro Encinas, con el argumento de que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza para la paz ni para la seguridad hemisférica y que debe privilegiarse el diálogo y el respeto a la soberanía y la autodeterminación.
El discurso del gobierno de México en materia diplomática es el mejor refugio para cualquier dictadura. Según su lógica, mientras un gobierno autoritario consiga presentar sus atropellos como “asuntos internos”, la comunidad internacional tendría que guardar silencio. Esta posición contradice lo suscrito por nuestro país en la Carta Democrática Interamericana en 2001, ese documento no considera la democracia un asunto exclusivamente doméstico.
Su artículo 19 establece que la ruptura del orden democrático o una alteración constitucional que afecte gravemente la democracia tiene consecuencias para la participación del Estado dentro del sistema interamericano, mientras que el artículo 20 permite a cualquier Estado miembro solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar la situación.
Es decir, la defensa de la democracia no es una ocurrencia de la OEA ni una intromisión arbitraria en los asuntos internos de Nicaragua. Es un compromiso que los propios países americanos aceptaron, incluyendo a México.
Es una pena que un país como México, que durante décadas defendió a los perseguidos políticos y condenó a las dictaduras, hoy prefiera la abstención frente al desmantelamiento democrático de Nicaragua. Hay que recordar como en 1979, el gobierno de José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con la Nicaragua de Anastasio Somoza en repudio a la represión y al genocidio del que fue objeto el pueblo nicaragüense.
La democracia merece ser defendida desde cualquier posición ideológica, ya que el autoritarismo puede ser tanto de derecha como de izquierda. La política exterior mexicana ha perdido los principios que la caracterizaban, donde siempre mantuvo una posición crítica frente los regímenes autoritarios.
Con Perú, tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a declarar que las relaciones estaban “en pausa” y mantuvo una abierta defensa del mandatario depuesto, aunque México no rompió formalmente relaciones con este país. En cambio, frente a Ortega, México opta por la no intervención.
En el caso de Venezuela, la postura de México tampoco ha sido la de una condena frontal y sostenida al deterioro democrático. Y frente a Cuba, la crítica mexicana al régimen ha sido prácticamente inexistente.
La paradoja es que México, que alguna vez estuvo del lado de quienes luchaban contra los dictadores, hoy parece demasiado preocupado por no incomodar a uno de ellos, y esa posición pone en entredicho nuestra diplomacia, que siempre se caracterizó por su capacidad de defender principios sin importar el color político o la ideología del gobierno que los viola.
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