Enrique Inzunza Cázares debió solicitar licencia como Senador de la República cuando Estados Unidos reveló que lo investiga por presuntos nexos con el narcotráfico junto con otros políticos de Sinaloa, incluido Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia indefinida tras su fallido regreso al cargo.
Pero la bancada de Morena lo dejó. Incluso, le toleró faltar a las sesiones sin descuento de dieta. ¿O existió causa justificada para sus 113 días de ausencia? Para su fortuna, la ausencia coincidió en buena parte con el receso legislativo.
El anuncio de su regreso presencial al Senado coincidió con la decisión unilateral de Rocha Moya de reasumir la gubernatura tras su primera licencia, a quien no emuló en cuanto a la separación indefinida, sino se amachinó abandonando la bancada de Morena para seguir como senador independiente. Porque sin partido lo será hasta que renuncie a la militancia guinda, aunque una cosa debería conducir a la otra.
Sin embargo, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dijo que la situación de Inzunza como militante deberá ser analizada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Debe darsele, seguramente, derecho de audiencia y defensa.
No obstante, cuando la maquinaria se alinea, no hay militante que permanezca, salvo decisión en contrario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien puede venir otro manotazo si la rebeldía de Inzunza representa realmente un desafío a su autoridad política. Por cierto, la mandataria no quiso opinar sobre la actitud del senador.
Pregunta: ¿Se trata de una rebeldía bajo su propio riesgo, impulsada por algún alto mando del partido o por el propio Rocha? ¿O es una rebeldía simulada?
Y es que la salida de Inzunza de la bancada pone en riesgo la mayoría calificada de Morena. Aunque como independiente puede seguir votando a favor de las propuestas guindas. ¿Se trata de una salida pactada para “no afectar al movimiento”, para en los hechos seguir la misma línea? Vaya, en política, nada es descabellado.
¿Para no afectar el Movimiento? La sola investigación de EE.UU en su contra, le afecta. Aferrarse al fuero, le afecta. Todo el escándalo, le afecta. Ya hay un costo político.
Para mitigar esto, tendría que venir otro manotazo de la presidenta Sheinbaum. Y que previa solicitud de algún senador, los órganos legislativos competentes inicien el proceso de desafuero contra Inzunza y así llamar a su suplente Omar Alejandro López Campos para blindar la mayoría calificada.
Si Inzunza realmente rompió con la bancada de Morena, quien sabe si esta siga tolerando las inasistencias del senador, quien deberá presentarse a las sesiones a riesgo de enfrentar la embestida de la oposición, que usará el caso como bandera electoral en contra del partido guinda rumbo a 2027.
Por lo pronto, el empecinamiento de Inzunza proyecta un desafío a la reciente postura de la presidenta Sheinbaum: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Su necedad delata el temor a perder el fuero. Es como dice Imelda Castro: “El que nada debe, nada teme”.
LA SUCESIÓN
Como saben, Morena definió a Imelda Castro Castro como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Sinaloa, cargo que le da el pase a la candidatura a la gubernatura de esa entidad tan lastimada por el crimen organizado.
Sin la investigación de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya seguiría gobernando Sinaloa, cuya licencia probablemente hasta sirvió al partido guinda para operar el proceso político interno para determinar la coordinación estatal.
Dicen que Imelda Castro no es rochista. De ser así, Sinaloa tendría la oportunidad de desmantelar las estructuras rochistas vinculadas al crimen organizado; una tarea que se espera inicie la segunda gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.
Algo así como el fin de la herencia de AMLO en aquella entidad, considerando que el tabasqueño hizo gobernador a Rocha Moya haya o no sabido de actividades ilícitas de este.
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