Se terminó la protección presidencial que Andrés Manuel López Obrador le prometió y que comprometió a Claudia Sheinbaum que le daría. Rubén Rocha tampoco tiene el apoyo de su partido Morena y los suyos en Sinaloa son expulsados del gobierno. Sólo le queda el camino de la justicia y la cárcel. Será el peón sacrificado por el gobierno mexicano ante las presiones de Donald Trump, pero se quedará en México para que no comprometa la delicada información que tiene.
Algo parecido ocurre con el senador Enrique Inzunza, quien tiene un futuro incierto dentro de Morena donde ya no lo quieren en sus filas y tampoco en la bancada del partido en el Senado donde genera conflictos que aprovecha la oposición.
De hecho, ya hay versiones de que lo quieren fuera de la bancada legislativa para que decida que camino tomar: pedir licencia indefinida o declararse senador independiente.
Las figuras de Rocha e Inzunza son una carga pesada para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. El acto de rebeldía que hizo Rocha de retomar su papel de gobernador y el anuncio de Inzunza de regresar al Senado en el arranque del periodo de sesiones en septiembre fueron dos actos que causaron un gran disgusto en Palacio Nacional, en el partido y entre los senadores de Morena que no supieron cómo defender a sus compañeros de la Cuarta Transformación.
Los dos sinaloenses que en algún momento gozaron de la protección presidencial y partidista, ahora quedan en la orfandad política, expuestos a la petición de extradición de autoridades de Estados Unidos.
Ambos tienen el beneficio del fuero en tanto servidores públicos electos, pero sin la protección presidencial y partidista quedan a la deriva y con la posibilidad del desafuero para ser sometidos a juicio en México o ser extraditados a Estados Unidos.
El mensaje que ha salido de Presidencia, del partido y del Senado es que tendrán que enfrentar la justicia por sus propios medios, lo que significa que están expuestos a un juicio político y a tribunales judiciales.
Los presuntos vínculos de ambos con el Cártel de Sinaloa era una información que ya sopesaba desde el inicio del sexenio. La presidenta Sheinbaum y Morena lo sabían, pero fueron comprometidos a apoyarlos y respaldarlos por órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Bajo la égida de López Obrador, los dos políticos sinaloenses se movían con toda impunidad. Se sabían protegidos gracias a los apoyos que consiguieron para el partido en las campañas de 2021 y 2024. No obstante, todo cambio cuando desde Estados Unidos pidieron su extradición acusados de tener una relación con el Cártel de Sinaloa.
Los días del poder se acabaron para Rocha e Inzunza, dejaron de ser un activo en Sinaloa y se convirtieron en un lastre junto con el grupo de poder que habían construido en su estado con la intención de entronizarse por un largo tiempo.
Hoy, en el contexto del arranque de la elección de candidatos para las elecciones de 2027, Rocha e Inzunza no sólo eran una lápida, sino un generador de conflictos que era aprovechado por los partidos de oposición. De ahí la decisión de desconocerlos y expulsarlos del movimiento.
Es decir, apartarlos del gobierno y del partido y trazar el camino del juicio político, el desafuero y el juicio en tribunales. Esto es, la cárcel en México sin llegar a la extradición, pues no es conveniente para el gobierno y el partido que se vayan a Estados Unidos donde darían información delicada del vínculo entre políticos, funcionarios y militares con los cárteles de la droga.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
