«Las armas ajenas, o se te caen de los hombros, o te pesan, o te oprimen.»
El Príncipe.Miami, 7 de marzo de 2026. Un hombre emite un rugido desde la tarima de una iglesia colombiana con presencia en quince países: «Miami, aquí está tu tigre que ruge y que muerde». La multitud agita banderitas tricolores (amarillo, azul y rojo). Por la noche circula en redes sociodigitales la foto del rugiente con dos amigos: una congresista republicana de Florida y el subsecretario de Estado Christopher Landau. «Maravillosa velada en Miami con dos grandes amigos de Colombia», escribe el fotografiado. Podría ser la crónica de un predicador en gira o de un cantante de despedida. Es Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, haciendo campaña en Estados Unidos la víspera de la elección legislativa porque la veda electoral de su país no alcanza territorio ajeno. Hoy es presidente electo de Colombia. Y desde 2023, ciudadano estadounidense.
El expediente es abultado: una casa de 5.1 millones de dólares en Miami, catorce empresas registradas en Florida, un departamento en Brickell, la ciudadanía italiana de propina y una temporada en Florencia antes de volver a Bogotá por la banda presidencial. Veinte profesores de Derecho y exmagistrados colombianos advirtieron el problema en un comunicado que merece leerse despacio: el juramento de naturalización estadounidense obliga a apoyar a Estados Unidos contra cualquier actor que ese país considere enemigo. Incluida, eventualmente, Colombia.
El caso no es una excentricidad caribeña sino la pieza más vistosa de un patrón. En Honduras, dos mensajes de Donald Trump a cuarenta y ocho horas de la votación movieron al electorado indeciso hacia su candidato; los analistas locales lo llamaron «el gran elector». En Brasil, funcionarios del Departamento de Estado viajaron a Brasilia para reunirse con Flávio Bolsonaro y el consulado en São Paulo sostuvo encuentros a puerta cerrada con influencers conservadores, todo en nombre de la integridad electoral. En Argentina, un rescate de veinte mil millones de dólares se anunció semanas antes de las legislativas con etiqueta de condicionalidad explícita: «Si pierde, no vamos a ser generosos». Y en Chile, el mismo Landau de la velada de Miami —el mismo Quitavisas— deseó públicamente un «renacimiento» de las relaciones como el que celebraba en Bolivia, donde la izquierda acababa de perder el poder. La nueva diplomacia hemisférica no opera con marines: opera con avales, indultos, swaps, visas suspendidas, fake news, advertencias y fotografías.
En el vecindario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional a los artículos 82, 116 y 122 que se presentará al Congreso en el periodo que arranca el primero de septiembre. Quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno capitalina deberá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, y carecer de otra nacionalidad; si la tiene, deberá renunciar a ella formalmente antes de registrarse. Ya en el cargo, el funcionario no podrá adquirir otra ciudadanía, invocar protección diplomática extranjera ni portar pasaportes de otros Estados. Honestamente, el gobierno no ha justificado la iniciativa mencionando a Colombia ni el activismo electoral de Washington. Los mejores argumentos de la reforma son los que el gobierno no ha usado.
«Renuncio absoluta y totalmente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjeros.» — Juramento de naturalización de los Estados Unidos de América
Apenas conocido el anuncio, Ricardo Salinas Pliego lanzó en redes una adivinanza cuya respuesta era él mismo: «¿Adivinen quién tiene doble nacionalidad?». Acto seguido acusó a Morena de fabricar la reforma para frenar su candidatura presidencial de 2030. Hay que admirar la gimnasia: autodenunciarse para poder proclamarse perseguido, con cuatro años de anticipación sobre una elección para la que nadie lo ha registrado. Pero el episodio ilustra algo más interesante que el victimismo preventivo. Para la élite empresarial transnacional, el segundo pasaporte nunca fue patria: es portafolio, movilidad, optimización fiscal, diversificación de riesgos. La reforma no le pide a nadie renunciar a una identidad; le pide liquidar una posición. Maquiavelo habría reconocido el dilema sin dificultad: quien pretende el mando con armas ajenas colgadas del hombro, tarde o temprano descubre que pesan.
Los críticos merecen respuesta seria, no desdén. El PRI llama a la iniciativa regresiva y discriminatoria, y advierte que pone bajo sospecha a millones de mexicanos en el exterior que se naturalizaron para conservar empleo, casa y estabilidad. El reparo es atendible y la distinción, necesaria: la reforma no toca al migrante de Chicago, que podrá seguir votando, legislando y sirviendo a México en lo que quiera. Exige exclusividad únicamente a quien aspire a comandar las Fuerzas Armadas de un país que comparte tres mil kilómetros de frontera con la potencia emisora del segundo pasaporte. Tampoco es una extravagancia tropical: Australia inhabilitó en 2017 a quince parlamentarios con doble nacionalidad —incluido un vice primer ministro que era neozelandés sin saberlo— y nadie habló de persecución; Israel exige a los miembros de la Knesset tramitar la renuncia antes del juramento; y el propio Congreso estadounidense discute desde octubre de 2025 una ley para inhabilitar a legisladores con doble ciudadanía. Difícil acusar a México de regresivo con estándares que Washington todavía no se aplica a sí mismo.
Hay, además, una ironía histórica que la oposición prefiere no recordar. El artículo 82 ya pasó por la sastrería constitucional: en 1994, mediante pacto entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el PAN de Diego Fernández de Ceballos, se reformó para abrirle la puerta a Vicente Fox, hijo de madre española. Los sastres remendones de entonces son los escandalizados de hoy. La Carta Magna mexicana sabe ajustarse a la medida de un candidato; la novedad es que esta vez el traje aprieta en lugar de ensanchar.
Un detalle final que desarma el melodrama: la reforma no impide postularse a nadie. Al aspirante con dos pasaportes solo lo obliga a entregar uno, por escrito y en público. Quien se niegue no habrá sido vetado: habrá confesado cuál de sus lealtades no está dispuesto a soltar.
Mientras Washington quita visas sin explicar a quién ni por qué, México pedirá pasaportes sobre la mesa, ante el INE y con rango constitucional. Lo primero es arbitrariedad; lo segundo, regla pareja. El caballo de Troya podrá seguir llegando a las puertas de la ciudad. Solo que ahora tendrá que declarar su contenido en la aduana.
UN LIBRO, UNA SERIE, UN PODCAST
Libro : The Cosmopolites (Columbia) de Atossa Araxia Abrahamian, sobre la ciudadanía convertida en mercancía de lujo o como los millonarios consiguen su segundo pasaporte.
Serie: The Americans (Disney) La doble lealtad se lleva hasta el matrimonio.
Podcast: Radio Ambulante (NPR) Historias latinoamericanas de quienes cruzan fronteras con más preguntas que sellos.
