Desde que Vicente Fox ganó la Presidencia de la República en el año 2000, la prensa empezó a dar cuenta de la infinidad de corruptelas, abusos y torpezas que todos los días o cada que abría la boca cometía este torpe panista, a quien la mejor descripción que resume su mandato es haber sido un presidente pusilánime.
Nunca le interesó gobernar y tampoco pudo hacerlo, fueron los miembros de su gabinete, sus familiares (esposa, hijastros, hermanos) y amigos cómplices quienes asumieron el control del gobierno y se dedicaron a desviar recursos públicos, extorsionar, traficar con influencias y enriquecerse sin medida.
Son muchas las evidencias de lo anterior, como cuando se le ocurrió remodelar la casa residencial de Los Pinos desde antes de asumir la Presidencia de la República, lo que ocasionó un cuantioso daño patrimonial al erario público, según reveló el expediente integrado por la Secretaría de la Función Pública durante la misma administración foxista y cuya copia aún guardamos en Oficio de papel; otro abuso fue la creación de una empresa privada, Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), que operaba el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para apropiarse de miles de millones de pesos correspondientes al impuesto del 2 por ciento que se cobraba a todas las importaciones y exportaciones que se hacían en el país; una más fue el abuso de su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta, Manuel Jorge y Fernando Bribiesca, quienes ordenaban a la dirección general de la empresa Petróleos Mexicanos asignar contratos petroleros millonarios a empresas privadas a cambio de sobornos y otras prebendas, en un claro conflicto de interés y tráfico de influencias.
Ahora en su enfermiza vejez, Fox sigue haciendo declaraciones para, según él, influir en política y ayudar a la oposición que más parece estar a punto de la extinción que tener alguna posibilidad de regresar al poder. Este expresidente lo mismo declara contra los programas sociales que favorecen a millones de mexicanos, que manifiesta su apoyo a la ultraderecha para derrotar a la izquierda que representa el partido Morena; se queja del huachicol fiscal y al mismo tiempo defiende al exgobernador panista huachicolero Ernesto Ruffo Appel, preso precisamente por comandar un cártel de tráfico de combustibles. Las tonterías de Fox no paran allí, acaba de declarar todo su apoyo a la oposición para que gane primero las elecciones de 2027 y después la Presidencia de la República en 2030.
En los últimos días, esas declaraciones foxistas fueron motivo de reacciones en Palacio Nacional, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue clara en identificar a Fox como un traidor a la democracia, en referencia a que el panista fue el responsable de ordenar el desafuero en 2005 del entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador y, actualmente, de estar en campaña en contra de su gobierno y del partido Morena.
La primera mandataria recordó que Fox no sólo promovió directamente el desafuero; sino que en 2006 operó el fraude electoral contra López Obrador para imponer en la Presidencia a otro corrupto panista Felipe Calderón.
“Es increíble que Fox hable ahora de falta de democracia y acuse que estamos en el peor momento, porque fue él quien en su mandato operó contra la decisión del pueblo en las urnas”, dijo la presidenta al responsabilizarlo hasta de fabricar delitos.
LOS EXCESOS DE VICENTE FOX
Un viejo expediente que la prensa guarda de Vicente Fox y que revela el lujo y los excesos con que se conducían Fox y su esposa Marta Sahagún en el manejo del presupuesto público una vez que ocuparon la residencia de Los Pinos, tiene que ver con la adquisición de ropa de marcas lujosas y caras.
En ese expediente de la Presidencia de la República durante el sexenio del 2000 al 2006, hay 37 facturas de marcas como Ermenegildo Zegna; Loewe, Frattina, Hermes, Macario Jiménez, Mayers Enterprises, Sartoria Classica, Antonio Solito Napoli y Casa del Tabaco.
En ropa para Vicente Fox hay facturas con cargo a la “Presidencia de la República” en la compra de corbatas, camisas y trajes en los años entre 2002 y 2003, por montos de 64 mil 512 pesos; otra por 46 mil 232 pesos; una más por 39 mil 740 pesos. Esos gastos con dinero público se realizaban constantemente, cada mes, cada año, para que Fox pareciera un “presidente respetable”.
El vestuario de Marta era aún más ostentoso en los mismos años, con facturas por vestidos, chaquetas, camisas de mujeres, cosméticos, blusas, zapatos y otros artículos para mujer, con facturas por 20 mil, 16 mil, 14 mil, 12mil, 10 mil, 8 mil pesos. Todo con cargo al erario asignado a la Presidencia de la República.
En los gastos de la remodelación de la casa residencial de Los Pinos, de acuerdo con el expediente de 365 fojas –del que Oficio de papel tiene copia–, se da cuenta de que la Presidencia de la República adjudicó de forma directa a la firma de arquitectos Humberto Artigas y Asociados, SC, el contrato AD-009-01 para las obras en la residencia Miguel Alemán, por 30 millones 88 mil 782 pesos; contrato “sin número” para obras exteriores, por 14 millones 667 mil 631 pesos; contrato “sin número” para remodelación de la casa anexa, por 8 millones 617 mil 997 pesos; y contrato AD-269-00, para remodelación de las cabañas 1 y 2, por 8 millones 521 mil 545 pesos.
A ellos se suman otros dos contratos que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República, representada por el ingeniero Alberto Ordóñez Benítez, también adjudicó directamente: AD-267-00 y AD-268-00, para adquisición de mobiliario, equipo, enseres, accesorios y blancos, por importes de 2 millones 950 mil 558 pesos y 1 millón 734 mil 338 pesos, respectivamente. Éstos favorecieron a la empresa MYO, SA de CV, cuya representante legal era la arquitecta Rosalía Morales Arámbula.
En el informe, el contador público Roberto Muñoz Leos, entonces director general de Auditoría Gubernamental de,la Secretartía de la Contraloría, señaló las irregularidades cometidas en las adquisiciones de la Presidencia al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, solicitándole que “promueva los procedimientos disciplinarios de responsabilidades y en su caso, aplique las sanciones conducentes por los actos u omisiones cometidos por los servidores públicos involucrados en las observaciones”. Petición que en su momento no procedió.
La auditoría realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) destaca que se adjudicó de forma directa a Humberto Artigas y Asociados contratos de obra pública por 61 millones 895 mil 899 pesos. Y claramente establece a los presuntos responsables de las irregularidades, identificados con nombre y apellidos.
Los gastos erogados en esos contratos no sólo los cubrió el patrimonio de la Dirección General de Administración de la Presidencia, sino también se solventaron con préstamos otorgados del Estado Mayor Presidencial (EMP), indica el expediente.
Los abusos en su sexenio son muchos y ahora el expresidente quiere que su partido regrese a tomar el poder.
Únete al canal de WhatsApp de El Independiente y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
