Cuando ha transcurrido casi un tercio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el expediente de La Barredora de Tabasco se perfila como uno de los mayores símbolos de la impunidad de la llamada Cuarta Transformación.
Y, al mismo tiempo, retrata con claridad al senador Adán Augusto López Hernández, durante cuya administración nació y floreció —según las propias autoridades— un grupo criminal que habría operado protegido desde la esfera gubernamental.
A casi un año de la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Adán Augusto, los únicos exmandatarios que han salido a respaldar su gestión son el priista Manuel Andrade Díaz y los morenistas López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.
El primero fue Andrade, quien tuvo a Bermúdez como colaborador en el área de Prevención Social.
En un video sostuvo que el caso contra su exfuncionario no busca hacer justicia, sino perjudicar políticamente a Adán Augusto, y responsabilizó de ello al actual gobernador Javier May Rodríguez.
En el mismo sentido se pronunciaron Adán Augusto y Merino. Ambos aseguraron que nunca supieron que Bermúdez estuviera relacionado con el crimen organizado y defendieron los resultados de su gestión al frente de la seguridad estatal.
Pero investigaciones posteriores colocaron esos resultados bajo otra perspectiva.
Durante los gobiernos de Adán Augusto y Merino, los homicidios dolosos en Tabasco disminuyeron.
Según un testimonio incorporado a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la razón no fue el éxito policial, sino que los grupos criminales tenían la instrucción de arrojar los cadáveres en territorio de Chiapas para evitar que aparecieran en las estadísticas tabasqueñas.
El señalamiento forma parte del expediente FED/FEDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, integrado a partir de la declaración de un testigo colaborador identificado como Carlos Tomás “N”, alias Licenciado Tomasín.
El declarante, presunto mando de la estructura criminal, habría fungido como “secretario particular” de Bermúdez en la SSyPC.
Ese vínculo, de acuerdo con documentación interna de la dependencia, quedó registrado en el área de recursos humanos.
Pese a la información de calidad que maneja la FGR, incluida la proveniente de inteligencia militar, Bermúdez Requena sigue sin ser imputado formalmente por el caso de La Barredora.
Y tampoco Adán Augusto ni Merino han sido llamados siquiera a explicar por qué mantuvieron al frente de la seguridad estatal a un funcionario sobre quien, desde años atrás, existían señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El expediente, además, tiene otra vertiente. Bermúdez aparece también mencionado en investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal, una trama que ha alcanzado políticamente a su antiguo jefe Adán Augusto.
Reportes de inteligencia militar e investigaciones periodísticas han documentado que la organización atribuida a Bermúdez planeaba extraer millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas y que el exjefe policiaco figuraba en esquemas de vínculos relacionados con esa red.
A ello se suma la actividad empresarial de la familia Bermúdez Requena. Humberto, hermano del exsecretario de Seguridad, encabezó varias sociedades ligadas a contratos públicos y a Pemex.
Algunas fueron constituidas cuando Adán Augusto López Hernández ejercía como titular de la Notaría 27 de Villahermosa (Gravera Río Puxcatán y Rager de Tabasco).
Otras empresas del entorno familiar obtuvieron permisos para importar hidrocarburos y posteriormente fueron sancionadas por el SAT por prácticas vinculadas con el huachicol fiscal.
Es decir, el expediente de Bermúdez no se limita a La Barredora. Su nombre aparece en investigaciones que tocan dos de los negocios ilegales que más dinero han generado en el país: el narcotráfico y el robo de combustibles. Bermúdez, mientras tanto, se ha reservado su derecho a declarar sobre el grupo criminal que las autoridades le atribuyen.
Sin embargo, hace poco difundió una carta escrita a mano en la que se declaró “perseguido político” por el gobernador Javier May.
El argumento político, empero, no responde una pregunta elemental: ¿cómo pudo un funcionario señalado desde años atrás por sus presuntos vínculos con el crimen organizado llegar a controlar la seguridad pública de Tabasco durante un sexenio de gobierno morenista?
La pregunta se la hizo públicamente Javier May el 13 de noviembre de 2024, cuando pidió a sus antecesores, López Hernández y Merino Campos, explicar si durante sus administraciones habían tenido algún trato con integrantes de grupos criminales.
Desde entonces, los allegados a quienes son señalados como padrinos políticos de Bermúdez —Adán Augusto y Merino—, con el respaldo de Manuel Andrade, han respondido con una campaña de descalificación contra May Rodríguez.
La embestida llegó a uno de sus puntos más extremos con la versión de que el gobernador padece una enfermedad terminal y que será relevado en Plaza de Armas por Andrés Manuel López Beltrán.
Así, mientras el expediente de La Barredora permanece abierto y su principal protagonista guarda silencio, la disputa política se ha trasladado al terreno de la sucesión.
Y esa es, quizá, la mayor paradoja del caso: el grupo criminal que nació y creció bajo el gobierno anterior sigue sin producir responsabilidades políticas para quienes estuvieron al frente del poder, pero sí ha servido para intentar descarrilar al gobernador que decidió poner el expediente sobre la mesa.
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