En la década de los noventas del siglo pasado hubo un grupo destacado de jóvenes líderes políticos en diversos países, en especial en algunos de los más desarrollados del mundo, que marcaron la pauta para nuevos estilos de gobernar, con un enfoque diferente de cómo debían ser las políticas públicas en diversos ámbitos, entre ellos el económico y el social, respecto de sus añejos antecesores, con lo cual cambiaron drásticamente la rígida visión de la política y del gobierno que había hasta entonces, por una que resultó ser claramente más moderna e innovadora.
Uno de ellos fue el británico Tony Blair, quien había sido músico de rock en su juventud y que a la mitad de sus cuarentas llegó a ser el primer ministro del Reino Unido.
Entre otras acciones Blair implementó lo que se denominó “la tercera vía”, y que se convirtió en los cimientos de una renovada social democracia europea, con base en políticas de carácter centrista, y en claro rechazo a la polarización, reciente en ese entonces, entre el conservadurismo económico a ultranza, ideología aplicada por el gobierno que le antecedió, en donde el libre mercado era considerado lo más relevante para fomentar el crecimiento y el desarrollo, y el socialismo, basado en la planificación central de la economía y en la restricción de libertades individuales, en favor, según sus supuestos, del bienestar social.
En un valioso y famoso discurso dictado durante una convención del Partido Laborista, el cual dirigía, y con el cual aspiraba a gobernar su Nación, Blair afirmó que las tres prioridades de su gobierno serían: “educación, educación y educación”. Con ello dejaba claro que el apoyo a este sector es lo que podría impulsar un desarrollo económico y social más equitativo, lo cual era lo que la población británica requería y buscaba, por lo cual su reforma y fortalecimiento serían el fundamento de su proyecto político, y de donde se derivarían otras políticas públicas.
Parafraseando y extrapolando aquella interesante y valiosa frase, el título de esta columna pone énfasis en algo que por lo visto no se ha comprendido cabalmente por el actual gobierno, y es que la inversión es el principal detonante del crecimiento económico, que sin ella éste no ocurrirá, y que sin crecimiento será cada vez más difícil, incluso inviable, asegurar el bienestar social de la población mexicana y la solidez de la economía nacional. Por ello, el establecimiento de las condiciones necesarias para atraer e impulsar la inversión debería ser lo primero y más relevante de la agenda gubernamental.
Resulta falso, engañoso e inútil el debate sobre si el crecimiento económico es relevante o no, contraponiéndolo con la distribución de la riqueza. Si una economía no crece, pierde la oportunidad de brindar beneficios futuros a una población que aumenta en su dimensión y en sus necesidades. Sin crecimiento no puede haber mayores niveles de empleo formal bien remunerado, que es necesario para que las personas reciban los ingresos adecuados para vivir dignamente. Presumir una supuesta distribución más equitativa de la riqueza, sin impulsar el aumento de ésta, condena al estancamiento y a la mediocridad económica.
Tan solo por poner un ejemplo que clarifica lo anterior, la solidez de las finanzas públicas depende por completo de que la economía nacional sea capaz de crecer. La recaudación tributaria, y otros ingresos púbicos, están sujetos a la dinámica productiva de la economía, y si ésta no crece, esa recaudación también se estanca, e incluso podría debilitarse, mientras los requerimientos de gasto del gobierno van en aumento, lo cual presiona a la hacienda pública y aumenta la demanda de un mayor endeudamiento, el cual, a su vez, limita la libertad en el uso de los ingresos públicos futuros.
Así, si la economía no crece, la hacienda pública se irá debilitando, y cada vez le será más difícil al gobierno mantener el nivel de recursos que deben asignarse a los programas sociales, a la inversión pública, a la educación o a la seguridad, así como al propio pago de la deuda adquirida y de otras obligaciones financieras con las que cuenta. Entonces, ¿importa o no el crecimiento económico? Porque lo que llaman la eficiencia recaudatoria, tiene un límite, al cual muy probablemente ya están llegando.
Mientras mayor riqueza hay en un País, mayores son los beneficios que podrán distribuirse entre su población. Redistribuir algo que no existe, es imposible.
En varias ocasiones hemos hablado en este espacio del insuficiente crecimiento económico que se ha presentado en la economía nacional desde que iniciaron los gobiernos surgidos del actual partido en el poder, y que en promedio no llega al 1% por año, lo cual es menos de la mitad del que hubo en los mal llamados “gobiernos neoliberales” o del denominado “régimen prianista”, que ya de por sí era insuficiente, y comparado con algunos de esos gobiernos, no alcanza ni siquiera la tercera parte del que éstos lograron.
Es por ello que el gobierno federal debería poner mayor atención a los factores que, evidentemente, están limitando la inversión que se ejerce en el País. Según la organización civil México Evalúa, un reconocido “Think Tank” que se dedica a estudiar la evolución de la inversión a nivel nacional, entre otros ámbitos económicos y sociales, la inversión llegó a estar hace poco en niveles del 24.5% del PIB, cuando actualmente está en 21%, lo que indica una estrepitosa caída que se ha acentuado recientemente.
Hay quien busca justificar esta caída con la incertidumbre que se ha provocado alrededor del TMEC y otros conflictos externos, incluso de carácter geopolítico.
Sin embargo, lo cierto es que los especialistas serios e independientes coinciden en que ha habido una serie de decisiones políticas internas que han incidido de manera drástica en la desconfianza de los sectores productivos, y por tanto, en la falta de inversión.
Entre ellos están la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de las autorizaciones a ciertos proyectos de inversión privados; la ausencia de la inversión pública necesaria, y del impulso a la privada, en la infraestructura de sectores fundamentales para respaldar la implementación de nuevos proyectos de gran alcance y asegurar su viabilidad, como lo son el hidráulico, el portuario, el aeroportuario, el energético y el carretero; la reforma judicial, que se percibe le resta independencia y objetividad a la impartición de justicia; la corrupción de servidores públicos y la colusión de algunos actores políticos con el crimen organizado; la eliminación abrupta y abusiva de organismos autónomos fundamentales para la buena marcha de la economía, la democracia y la política social; y el deterioro del sistema educativo.
Según el INEGI, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza ha seguido cayendo y está en niveles que no se consideran los óptimos para fomentar la inversión, con 48.2 puntos.
Hace algunos días, la Coparmex, instancia que reúne a miles de empresarios del País, de varios sectores y tamaños, informó que el ánimo de las empresas mexicanas para invertir registró su mayor caída desde 2020. La proporción de empresarios que consideran que es un buen momento para invertir se ubicó en apenas 23% una disminución de 16.5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, lo que refleja un deterioro en la confianza empresarial.
Según ese ente empresarial, los planes de expansión de las empresas pasaron de 62.8% a 50.3%, y la incertidumbre económica, la inseguridad y la incertidumbre política se consideran los principales obstáculos para crecer. Por otro lado, informó que 45.6% de los socios fueron víctimas de algún delito. Entre los delitos reportados, la extorsión ocupó el primer lugar, con 18%, seguida del robo de mercancía en tránsito con 17.9%, ante lo cual el 58.7% de las empresas incrementó su gasto en seguridad, recursos que dejan de destinarse a inversión, nómina y expansión.
También señaló que 46.7% de los socios tuvo problemas al realizar trámites gubernamentales, mientras que solo 3 de cada 10 socios consideran que su gobierno estatal cumplió con los propósitos para los que fue electo. La inseguridad fue señalada como la principal falla, seguida de corrupción, así como deficiencias en infraestructura y servicios públicos, apoyo al empresariado y tramitología.
Esto refleja que no hay en este momento las condiciones para que las empresas vuelvan a crezcan, contraten trabajadores y amplíen sus operaciones. Así de drástico.
Por más que se insista en que hay avances en la reducción de la pobreza, lo cual sin duda es loable, este logro no será sostenible si no hay un aumento considerable de la inversión. Si no hay crecimiento económico, la economía sigue estancada, o incluso se retrae, seremos cada vez un País más pobre.
En estos momentos de redefiniciones globales, deberíamos estar aprovechando las condiciones para atraer mucho mayores niveles de inversión, pero, como vemos, ello depende en buena medida de las políticas gubernamentales y de resolver aspectos muy específicos de los problemas y desafíos que enfrenta el sector empresarial, y la sociedad en general, que también es víctima de la extorsión, la corrupción, la violencia, la burocracia, la ineficiencia y la ineptitud.
Es hora de que los ciudadanos exijamos que se corrija el rumbo y se tomen las decisiones correctas desde el gobierno federal para implementar las políticas públicas que impulsen decididamente la inversión y promuevan el crecimiento. Aún estamos a tiempo, pero mientras más esperemos, mayor será el deterioro. Solo así será viable lograr un mayor y más sostenido bienestar de la población. Es lo justo.
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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
