El tercer año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión comienza con una cifra que debería provocar algo más que satisfacción entre las mayorías parlamentarias. En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales o nuevas leyes. A ellas habrá que agregar por lo menos 16 iniciativas anunciadas para el nuevo periodo ordinario. Reformar parece haberse convertido nuevamente en sinónimo de gobernar.
Las estadísticas legislativas demuestran que la primera presidenta de México ha seguido una tradición cultivada prácticamente por todos sus antecesores: modificar la Constitución de acuerdo con las necesidades, circunstancias y prioridades del gobierno en turno. Nuestro Frankenstein constitucional continúa creciendo. Se le agregan párrafos, fracciones, obligaciones, prohibiciones, instituciones y hasta políticas públicas. Algunas modificaciones han sido indispensables; otras, discutibles, y unas cuantas perfectamente prescindibles. Pobre Constitución: ha sido reformada, trasquilada, parchada y pocas veces verdaderamente mejorada por el poder.
No se trata de defender la Constitución como si fuera un texto sagrado. Las constituciones deben cambiar porque las sociedades cambian. El problema comienza cuando la reforma constitucional deja de ser excepcional y se convierte en instrumento cotidiano de gobierno. Hay reformas necesarias para ampliar derechos o transformar instituciones agotadas; otras responden a compromisos políticos y algunas nacen simplemente del calor del momento. Una regla básica debería imponerse siempre: nunca legislar con dedicatoria, aunque el destinatario resulte profundamente antipático.
En este contexto aparece la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para establecer que quienes pretendan desempeñar estos cargos no cuenten con otra nacionalidad y, cuando sea el caso, renuncien previamente a ella. El argumento parece sencillo: quien gobierne debe mantener una lealtad inequívoca hacia México.
Hasta ahí todo parece razonable. El problema comienza cuando preguntamos qué situación concreta intenta solucionar esta reforma. ¿Existe una crisis institucional provocada por gobernadores con doble nacionalidad? ¿La soberanía mexicana está amenazada porque ciudadanos mexicanos posean además otra nacionalidad? ¿Tenemos antecedentes recientes de gobernantes que hayan utilizado una segunda nacionalidad para traicionar los intereses nacionales? Si las respuestas son negativas, entonces debemos preguntarnos por qué resulta necesario modificar tres artículos constitucionales. No toda preocupación política merece convertirse en disposición constitucional.
Como ocurre frecuentemente cuando una reforma parece tener nombres y apellidos, algunos personajes decidieron ponerse inmediatamente el saco. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y adversario político de Morena, y Ricardo Salinas Pliego, empresario convertido en uno de los críticos más estridentes del gobierno, señalaron que la iniciativa era en su contra. Que ellos se consideren destinatarios no demuestra que efectivamente lo sean.
Las constituciones no deberían redactarse pensando en Salinas Pliego, García Cabeza de Vaca ni en ningún otro personaje coyuntural. Las personas pasan; las normas permanecen. Para resolver las aspiraciones, responsabilidades o problemas de políticos y empresarios existen leyes, tribunales, autoridades electorales y ciudadanos que votan. Modificar la Constitución para cerrar preventivamente el paso a determinadas personas significaría aceptar una práctica peligrosa: utilizar una mayoría legislativa para establecer obstáculos contra adversarios presentes o futuros.
México luchó durante décadas para fortalecer los derechos de sus comunidades migrantes. Reconocimos la doble nacionalidad porque comprendimos que emigrar no significaba renunciar a México. Después impulsamos el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y diferentes mecanismos de representación. Los llamamos héroes cuando enviaban remesas; defendimos sus derechos frente a las políticas antimigrantes estadounidenses y repetimos que, aunque vivieran del otro lado de la frontera, seguían formando parte de la nación mexicana. Sería contradictorio comenzar ahora a observar su doble nacionalidad como una especie de sospecha política.
No afirmo que la reforma sea necesariamente inconstitucional o discriminatoria. El Poder Constituyente Permanente tiene amplias facultades para modificar los requisitos de acceso a determinados cargos. Mi crítica va por otro camino: considero que es innecesaria. Expresa nuevamente esa obsesión mexicana de pensar que todos los problemas políticos se resuelven legislando. Tenemos una especie de fetichismo constitucional. Frente a un problema, reformamos la Constitución; ante una preocupación, agregamos un párrafo; frente a una coyuntura, inventamos una prohibición. Después descubrimos que la realidad sigue exactamente donde estaba.
¿Queremos garantizar la lealtad de quienes gobiernan? Exijamos transparencia absoluta sobre sus intereses económicos en otros países. ¿Queremos impedir conflictos de interés? Fortalezcamos los mecanismos de fiscalización. ¿Queremos evitar injerencias extranjeras? Construyamos instituciones de seguridad e inteligencia eficaces. ¿Queremos garantizar que un presidente o gobernador defienda los intereses nacionales? Establezcamos responsabilidades claras frente a actos concretos. Todo ello resulta más útil que presumir que tener dos nacionalidades significa mantener dos lealtades. Una persona puede poseer dos pasaportes y ser profundamente leal a México; otra puede tener solamente el mexicano y saquear al país.
La lealtad hacia México tampoco se adquiere mediante una declaración administrativa ni se demuestra renunciando a otra nacionalidad. Se demuestra gobernando correctamente, respetando la Constitución, protegiendo los recursos nacionales, defendiendo la soberanía, evitando la corrupción y colocando el interés público por encima del privado. Un gobernante corrupto con una sola nacionalidad puede ocasionar muchísimo más daño a México que un ciudadano binacional comprometido con el país.
Las buenas normas constitucionales deben construirse pensando incluso en quienes todavía no conocen. Tienen que sobrevivir a sus autores, destinatarios y circunstancias. Si una reforma solamente puede explicarse mencionando a los adversarios políticos del momento, probablemente estamos frente a una mala reforma. El debate debería desarrollarse exactamente al revés: primero demostrar la existencia del problema público y después construir la solución constitucional más proporcional posible.
La presidenta Claudia Sheinbaum posee una mayoría política que muchos presidentes hubieran querido tener. Puede utilizarla para consolidar instituciones, ampliar derechos y resolver problemas estructurales, pero también corre el riesgo de desgastarla en reformas innecesarias. Cada modificación constitucional tiene un costo institucional. Mientras más detallada, extensa y coyuntural sea nuestra Carta Magna, más difícil resulta construir un verdadero orden constitucional estable. Seguimos agregando piezas al Frankenstein sin preguntarnos cuándo será necesario detenernos y decidir qué clase de Constitución queremos para México.
El problema de fondo no son Salinas Pliego ni García Cabeza de Vaca. Tampoco son los millones de mexicanos con doble nacionalidad. El verdadero problema es nuestra incapacidad histórica para diferenciar entre política y Constitución. Queremos resolver mediante reformas constitucionales aquello que debería atenderse mediante competencia electoral, responsabilidad política, instituciones sólidas y ciudadanos informados. Paradójicamente, mientras más cosas escribimos en la Constitución, menos confianza parecemos tener en las instituciones encargadas de aplicarla.
Por eso esta reforma merece una discusión mucho más profunda que la disputa sobre quién se puso el saco. Tener mayoría constitucional implica también responsabilidad constitucional. Si existe un riesgo real para la soberanía nacional derivado de la doble nacionalidad de quienes ocupan determinados cargos, que se demuestre y se legisle con precisión. Si no existe, dejemos la Constitución en paz. No malgastemos una mayoría histórica en reformas con apariencia de dedicatoria o simple demagogia. Porque poder cambiar la Constitución no significa tener siempre una buena razón para hacerlo. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
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