Hace apenas un año arrancó la llamada “nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Una corte distinta, de entrada, por sus integrantes. No solo por los nombres que ahí aparecen, sino por la forma en que llegaron: por primera vez, ministras y ministros fueron elegidos por el voto popular -más allá de si realmente fue o no una decisión “popular”, por aquello de los famosos acordeones-, esto como parte de una reforma que prometía acercar la justicia a la gente, hacerla más eficiente y terminar con privilegios que durante años fueron símbolo, para muchos, de una institución lejana y costosa.
Doce meses después, podemos hacer un primer corte de caja y discutir ya no solamente cómo es que llegaron, sino qué es lo que han hecho una vez ahí.
Y el primer dato que encontramos no es menor. Entre septiembre de 2025 y agosto de este año, la nueva Corte votó poco más de dos mil proyectos de sentencia, frente a más de tres mil de la integración anterior en un periodo comparable. La caída ronda 35 por ciento.
Responsabilizar de esta disminución únicamente a los nueve ministros actuales resultaría simplista. De entrada, al ser una conformación más reducida (dos juristas menos que la antigua Corte), es lógico que el número de resoluciones baje también. Pero a pesar de ello, el promedio de proyectos de sentencia por ministro es menor que el de sus antecesores. Sin embargo, el verdadero problema tiene que ver con el propio diseño de la reforma judicial: se eliminaron las dos Salas que permitían resolver asuntos de manera paralela y prácticamente todo quedó concentrado en el Pleno. Un auténtico cuello de botella.
Lo paradójico del caso es que el problema resultó tan evidente, que apenas nueve meses después de que arrancó este nuevo modelo, la Constitución tuvo que volver a ser reformada para permitir que la Corte trabajara dividida en dos secciones lo que, en la práctica, abrió la puerta a recuperar una lógica de trabajo que la reforma original había eliminado. Dicho de otra manera: menos de un año después, la reforma tuvo que ser reformada para retomar aspectos pasados y eliminados.
Pero esta no es la única contradicción. La nueva Corte llegó también con la bandera cuatroteísta de la “austeridad”. Y en efecto, hubo reducción de salarios, prestaciones y cancelación de plazas administrativas, con lo que se anunció un ahorro superior a los 600 millones de pesos durante este 2026.
Sin embargo, algunas cosas no han seguido esta misma línea. En enero pasado, apenas unos meses después de su instalación, se conoció la compra de nueve camionetas blindadas para los nuevos ministros. La polémica hizo que la Corte diera marcha atrás y las unidades fuesen asignadas a juzgadores con mayores riesgos.
En lo personal me parece que resguardar a figuras como los integrantes de la Corte, legisladores y, por supuesto, a la presidenta de la República, no es de ninguna manera un lujo. El cargo que ostentan hace que cualquier afectación a su integridad personal termine siendo una afectación también para el Estado mexicano. Es una forma de proteger lo que representan más allá de la persona en particular. Gastar en su protección, me parece, no es el problema. El asunto es, una vez más, la contradicción entre el discurso con el que se hicieron del poder y la forma en que ejercen ese mismo poder.
Pero no es la única polémica relacionada con “los dineros”. El proyecto presupuestal 2027 contempla restituir los seguros de gastos médicos mayores como prestación de más de 300 trabajadores, principalmente mandos medios y superiores. Hay que mencionar que esta propuesta no incluye a los nueve ministros, y que la mayoría que lo aprobó sostiene que se trata de proteger derechos laborales y no de faltar a una promesa de campaña. Sin embargo, algunos integrantes lo han considerado como un movimiento en sentido contrario a la política de austeridad.
Y ahí aparece quizá una de las imágenes más reveladoras de este primer año: los mismos ministros que llegaron como parte de una reforma construida, entre otras cosas, en torno al discurso de terminar con los privilegios, ahora tienen que discutir entre ellos exactamente qué es un privilegio y qué debe ser considerado como un derecho laboral.
Pero no es la única discusión que este año hemos visto en la Corte. Hay otra que, si bien aún no ocurre del todo, sí parece encaminada a suceder de manera inevitable: la presidencia de la propia Corte. La contradicción constitucional de un artículo que establece la rotación de este cargo cada dos años, basada en la votación electoral obtenida, y otro que mantiene en el Pleno la facultad de elegir a quien la encabece, nos llevará irremediablemente a que la institución encargada de interpretar la Constitución termine interpretando una contradicción constitucional para decidir quién debe dirigirla.
Lo verdaderamente relevante de todo esto es que, una vez llegado el momento en que la Corte tenga que “interpretar” entre esos dos artículos, quedarán también de manifiesto -aún más- los dos grupos que parecen haberse conformado dentro del propio Pleno: por un lado, estará Batres quien, según el artículo 94, debería ser la próxima presidenta de este órgano judicial y que también es considerada como parte del ala dura dentro de la 4T. Por el otro, estará el grupo de ministros con posturas más moderadas del movimiento “de la transformación”.
Porque no nos engañemos: de un grupo o de otro; de formas más radicales o más progresistas; pero todas y todos los ministros, en mayor o menor medida, tienen algún lazo con la 4T.
La verdadera duda, en este momento, es cuántos apoyos podrá obtener la ministra Batres dentro del Pleno cuando llegue el momento de decidir cuál de las dos reglas constitucionales debe prevalecer.
Hay otros aspectos, sin duda positivos, que esta nueva Corte ha traído. Realizó, por ejemplo, sesiones fuera de la Ciudad de México. Más allá de la utilidad real de esto, la acción ayuda a generar una imagen de descentralización y cercanía con la gente. También ha impulsado la traducción de sentencias a lenguas indígenas, medidas de accesibilidad, y ha logrado una mayor productividad por sesión del Pleno. También ha tomado decisiones de austeridad -otras a las ya mencionadas- que sí representan una ruptura respecto a etapas anteriores.
La elección judicial fue presentada como la solución a problemas acumulados durante décadas. Un año después, algunos de esos problemas fueron corregidos. Otros permanecen. Unos más fueron sustituidos por nuevos y varios de ellos incluso tuvieron que ser corregidos mediante nuevas reformas.
Quizá ese sea el verdadero balance de los primeros doce meses.
Cambiar a los ministros resultó mucho más fácil que cambiar a la Suprema Corte. La primera gran sentencia sobre la reforma judicial no será dictada por sus nueve integrantes. La dictarán sus resultados. Y al cumplirse el primer año, el veredicto todavía está muy lejos de ser absolutorio…
Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el poder.
Agendado.
*@betoblizzard.
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