A un año de distancia, la democracia mexicana transita por una encrucijada sumamente compleja. El balance del primer ciclo de funciones de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —el primer tribunal del país cuyos integrantes accedieron al cargo mediante voto popular— refleja tensiones estructurales profundas bajo la gestión de su actual presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió el encargo tras los comicios del 1 de junio de 2025.
Bajo el nuevo esquema constitucional, la presidencia del máximo tribunal se renovará cada dos años de manera rotativa, priorizando al perfil más votado en las urnas y dejando atrás el modelo tradicional donde el Pleno elegía internamente a su titular por un cuatrienio. Este cambio radical de diseño institucional plantea una interrogante ineludible: definir si el origen comicial logrará traducirse en una judicatura técnica, autónoma y confiable, o si derivará en un apéndice de las reyertas partidistas.
La escasa participación ciudadana registrada en aquel proceso electoral dotó a la institución de una legitimidad de origen frágil y vulnerable. En la teoría de la ciencia política, un déficit de esta magnitud únicamente puede subsanarse mediante un ejercicio profesional, transparente y riguroso. Como recordaba Montesquieu con absoluta claridad, la preservación de la libertad colectiva descansa inexorablemente en la existencia de límites recíprocos y efectivos entre los poderes públicos.
Sin embargo, la práctica operativa de este primer año exhibe signos alarmantes de parálisis institucional. La reforma judicial suprimió las históricas Salas —tanto la Primera, competente en lo civil y penal, como la Segunda, responsable del ámbito administrativo y laboral—, estructuras colegiadas que durante décadas permitieron al tribunal fragmentar su carga masiva de expedientes y resolver miles de amparos en paralelo de manera eficiente.
Al concentrar la totalidad de las demandas en un único Pleno de nueve ministros que sesiona de forma unificada, el sistema colapsó su propia capacidad de respuesta operativa. El saldo de esta concentración es un rezago inocultable en temas de enorme trascendencia para la vida nacional, tales como los criterios sobre la prisión preventiva oficiosa y los complejos litigios en materia de doble tributación.
A las dificultades estrictamente técnicas se suman graves contradicciones en el diseño normativo del texto fundamental. Destaca de manera notable la colisión frontal entre el artículo 94 constitucional —que pauta una presidencia bienal sujeta a rotación automática según los votos obtenidos en las urnas— y el artículo 97 de la misma norma, el cual preservó fragmentos confusos del modelo antiguo al facultar ambiguamente al Pleno para elegir internamente al presidente. Esta deficiencia de técnica legislativa mantiene a la Corte atrapada en una disputa permanente por la sucesión.
El desgaste institucional también se ha alimentado de episodios públicos desafortunados, desde la adquisición corporativa de vehículos de alta gama y el restablecimiento de seguros médicos privilegiados, hasta incidentes virales que evidencian la persistencia de prácticas de sumisión jerárquica dentro del propio tribunal.
A esto se suma la reinstauración encubierta de seguros médicos privados y bonos de alto rendimiento, beneficios que alejan a los impartidores de justicia de la realidad social que padecen millones de mexicanos.
Sin embargo, el golpe más severo a la dignidad de la institución lo han dado incidentes virales que circularon ampliamente en redes sociales, como el bochornoso episodio en el que una funcionaria del tribunal fue captada agachada limpiándole los zapatos al ministro presidente. Este tipo de escenas públicas no solo degradan el protocolo republicano, sino que exponen la persistencia de prácticas de sumisión jerárquica y servilismo político dentro del propio tribunal, transformando la toga en un símbolo de subordinación y alejando al máximo tribunal de la imparcialidad técnica que la Constitución exige.
Cuando el árbitro constitucional pierde autonomía y rigor, los cimientos del Estado de derecho se desploman en silencio. La justicia federal no constituye un galardón de facción ni un instrumento de aplauso gubernamental, sino el dique definitivo contra la arbitrariedad. A doce meses de su conformación, la promesa de renovación democrática amenaza con diluirse, configurando el riesgo latente de sustituir los antiguos cotos de poder por una judicatura sucursal de la consigna política.
Para evitar que la República sucumba ante la tentación autoritaria del pragmatismo faccioso, es imperativo recordar la advertencia clásica del célebre jurista Piero Calamandrei, quien señalaba con luminosa vigencia que » cuando el juez se doblega ante el poder, la ley deja de ser una garantía para convertirse en el instrumento de los poderosos».
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