El viento de Ciudad Universitaria recibió a comienzos de septiembre de 2026 a Gustavo Petro, expresidente de Colombia, quien llegó a México tras concluir su mandato para hablar en la UNAM sobre tecnofascismo, economía y crisis climática.
Su intervención recorrió algunos de los dilemas centrales de nuestro tiempo: la mercantilización de la vida, la dependencia del petróleo, la desigualdad y el riesgo de que la tecnología y los algoritmos terminan condicionando la democracia.
Ante el público mexicano, Petro recuperó una voz de alcance internacional.
Pero su presencia también plantea una pregunta incómoda: ¿cómo trató, durante su gobierno, a los académicos universitarios?
Su legado educativo contiene una contradicción esencial.
Su gobierno impulsó recursos para la educación superior pública y colocó el acceso de sectores populares entre sus banderas.
Sin embargo, esa política convivió con conflictos que pusieron a prueba la autonomía universitaria, una de las instituciones más delicadas de cualquier democracia.
El problema no es que un presidente critique a los académicos; el problema comienza cuando la crítica desde el poder convierte al académico discrepante en adversario político.
El síntoma más nítido de esta tensión se plasmó en el tablero de la macroeconomía y la soberanía institucional.
El episodio más revelador se produjo cuando siete decanos de Economía de universidades emblemáticas —como los Andes, EAFIT, Javeriana, Rosario, Externado, Icesi y la Autónoma de Bucaramanga— defendieron públicamente la independencia del Banco de la República.
Su posición no obedeció a una adhesión partidista ni a una conspiración de cenáculos oligárquicos; reclamaron, con rigor analítico, que una institución técnica cardinal pudiera deliberar y fijar el rumbo monetario sin presiones o chantajes del Ejecutivo.
La respuesta del poder no tardó en manifestarse en el ágora pública.
Lejos de acoger el disenso como un ejercicio de salud republicana, Petro arremetió contra los académicos, acusándolos de defender un supuesto “pensamiento único neoliberal”.
Aquella confrontación verbal mostró un fondo inquietante: para una democracia madura, el desacuerdo académico no representa un acto sedicioso, sino la condición misma de su vitalidad.
La sombra de la intervención estatal se proyectó asimismo sobre las aulas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, agitando el debate sobre los límites del poder presidencial en la vida universitaria.
En la Nacional, la controversia por la designación del rector polarizó a la comunidad; en Antioquia, las actuaciones del Ministerio de Educación fueron interpretadas por amplios sectores como una injerencia indebida que lesionaba la soberanía de los claustros.
En ambos escenarios, las decisiones del Ejecutivo generaron profundas reservas en el mundo académico, que vislumbró el peligro de someter los asuntos internos de la universidad a la lógica de la conveniencia política.
Más allá de los diferendos jurídicos, el mensaje político de fondo resultó inequívoco: cuando el poder presidencial entra en colisión directa con rectores, profesores y autoridades universitarias, la autonomía académica flaquea y se debilita.
La violencia contra el pensamiento crítico rara vez adopta la vestimenta de la fuerza física; se manifiesta, con igual o mayor eficacia, mediante la descalificación, la sospecha permanente, la intimidación verbal o la reducción simplificadora del adversario intelectual a una etiqueta despectiva.
Cuando el jefe del Estado utiliza la caja de resonancia de su palabra para señalar a los profesores o a los decanos como representantes de intereses oscuros, la universidad muta: deja de ser el espacio ecuménico de la deliberación plural y se convierte peligrosamente en un campo de batalla ideológico.
Esto adquiere una gravedad extrema en el seno de sociedades laceradas por la polarización.
La universidad constituye uno de los contados reductos donde una democracia aprende a escucharse a sí misma sin convertir cada matiz en una conflagración bélica.
Allí, la libertad de cátedra consolida un principio elemental: nadie debe recibir del poder político el permiso para pensar.
Por todo ello, la presencia de Petro en la UNAM adquiere una densa dimensión simbólica. En México pudo disertar con soltura sobre el capitalismo, el clima y los algoritmos ante un auditorio receptivo. Pero la memoria histórica viaja indisoluble con los hombres públicos. Las palabras pronunciadas en Ciudad Universitaria no logran desligarse de las controversias que pautaron su gestión en Colombia: los litigios con la inteligencia académica, las tensiones en torno a la autonomía y la crispación de un mandato que osciló entre la promesa de transformación social y el vértigo de la intolerancia ante la discrepancia.
Petro arribó a la UNAM para teorizar sobre el porvenir.
El interrogante sustancial que hereda su paso, empero, pertenece por entero al pasado reciente de Colombia: ¿puede acaso una izquierda transformadora sacudir las estructuras de la injusticia sin replicar los mecanismos de dominación que durante décadas fustigó? El tribunal del tiempo no evaluará únicamente sus hermosos discursos sobre el clima o el capital; examinará con rigor implacable cómo trató a quienes tuvieron la libertad —y el valor cívico— de advertirle que transitaba por el camino equivocado.
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