Dos personas pueden tener el mismo derecho, pero no necesariamente las mismas posibilidades de ejercerlo.
Quien tiene recursos puede contratar asesoría, conocer los procedimientos y acudir a la institución adecuada. Quien no los tiene puede pasar meses preguntándose dónde acudir, qué documentos necesita o incluso si su problema tiene una solución jurídica.
Por eso democratizar la justicia no significa solamente crear leyes o instituciones. También significa hacer comprensible el derecho.
El ciudadano no tiene por qué conocer el organigrama del Estado ni distinguir entre una controversia civil, penal o administrativa. Las instituciones sí tienen la responsabilidad de orientarlo.
¿Qué hace una persona cuando siente que puede perder su casa y no sabe a quién acudir?
La pregunta parece sencilla, pero detrás puede haber años de trabajo, un patrimonio familiar, una sucesión pendiente, un conflicto entre familiares o incluso la actuación irregular de una autoridad.
Para quienes conocemos el derecho, resulta natural hablar de procedimientos, competencias, recursos y tribunales. Para quien enfrenta el problema, en cambio, muchas veces sólo existe una pregunta: ¿Qué puedo hacer? y es ahí donde comienza verdaderamente el acceso a la justicia.
Por eso resulta relevante la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, impulsada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su propósito es acercar asesoría y orientación jurídica gratuita a quienes más lo necesitan, con especial atención a problemas como el despojo, pero también en materias civil, familiar, penal, laboral, agraria, condominal y constitucional.
Que la atención se lleve al Zócalo capitalino tiene además un valor simbólico: la justicia sale de las oficinas y se encuentra con la ciudadanía en el espacio público.
En ese sentido, la coordinación que plantea la Defensoría resulta fundamental. Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal de Justicia Administrativa, notarías y otras instituciones pueden aportar desde sus respectivas competencias para evitar que una persona tenga que recorrer distintas oficinas tratando de descubrir quién puede atender su problema.
La participación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene un significado particular.
No todos los problemas ciudadanos son exclusivamente entre particulares. En ocasiones existe también una decisión, omisión o actuación de una autoridad administrativa: una sanción, una negativa, una clausura, una resolución o algún otro acto que pueda afectar los derechos de una persona.
Ahí aparece una justicia que muchas veces es poco conocida: la justicia administrativa, el papel del Tribunal dentro de este esfuerzo no consiste en litigar por los ciudadanos ni anticipar el sentido de una resolución. Su función jurisdiccional exige, ante todo, independencia e imparcialidad. Pero imparcialidad no significa distancia.
El Tribunal también puede acercarse a la sociedad para explicar qué hace, cuándo puede intervenir y cuáles son las vías legales que existen frente a determinados actos de autoridad.
Una ciudadanía que conoce sus derechos está mejor preparada para defenderlos. El combate al despojo permite entender por qué este tipo de programas son necesarios.
Una vivienda no representa únicamente un inmueble registrado en un documento. Puede significar décadas de trabajo, los ahorros de una familia, la herencia de los padres o el patrimonio que se pretende dejar a los hijos.
Por eso, cuando una persona pierde su vivienda, no pierde solamente una propiedad. Puede perder seguridad, estabilidad y una parte de su propia historia.
La respuesta del Estado, entonces, debe ser integral: prevenir, orientar, canalizar y, cuando sea necesario, activar las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.
El nombre de Ponciano Arriaga recuerda una tradición jurídica profundamente vinculada con la justicia social y con la preocupación por quienes no cuentan con recursos suficientes para defender sus derechos.
La pregunta que inspiró aquella preocupación sigue siendo actual: ¿De qué sirve tener derechos si no se sabe cómo ejercerlos?
La Defensoría Social puede contribuir a responderla, su éxito, sin embargo, no debería medirse únicamente por el número de personas atendidas, sino por lo que ocurre después: cuántos asuntos fueron correctamente canalizados, cuántos conflictos pudieron prevenirse y, sobre todo, cuántas personas encontraron una respuesta cuando pensaban que estaban solas frente a un problema jurídico.
Porque la justicia comienza mucho antes de que exista un expediente, comienza cuando alguien escucha, orienta y explica.
Y quizá ese sea el mayor significado de llevar la Defensoría al Zócalo: recordarnos que las instituciones no sólo deben esperar a que la ciudadanía llegue a ellas; también deben ser capaces de salir a su encuentro.
Porque el derecho puede estar escrito en miles de páginas, pero sólo cobra verdadero sentido cuando las personas pueden ejercerlo.
*Magistrado Presidente Del Tribunal De Justicia Administrativa de la Cdmx
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