Morena presentó su agenda del tercer año como “unidad en la transformación” y “más derechos”. En Donceles suena a boletín. En la calle se parece más al inventario de lo que no hicieron.
El Congreso que controlan tiene un presupuesto de 1,886 millones de pesos para 2026. Los resultados no corresponden al costo: de 1,963 iniciativas presentadas, sólo 409 fueron aprobadas: 20.84% de productividad. Casi ocho de cada diez no llegaron a puerto.
Hay otra cifra todavía más incómoda: entre 2019 y abril de 2026, el Congreso capitalino recibió más de 13 mil 880 millones de pesos y aprobó 1,317 iniciativas. La relación es brutal: 10.5 millones de pesos de presupuesto legislativo por cada iniciativa aprobada. No falta dinero. No faltan iniciativas. Falta dictaminar.
Pero el problema más grave no es cuantitativo: es constitucional.
El Sistema de Cuidados está mandatado desde la Constitución de 2017. El plazo para legislar venció el 31 de diciembre de 2023. No cumplieron. Tuvo que intervenir el Poder Judicial y declarar la omisión legislativa. Presentarlo ahora como prioridad no es “profundizar la transformación”: es reconocer años de retraso.
Siguen pendientes también el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, indispensables para ordenar vivienda, agua, movilidad y suelo. Y hay otro mandato olvidado: el artículo 17.B.8 ordena un Instituto de Emprendimiento, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Nueve años después de promulgada la Constitución, tampoco existe.
Mientras Morena promete nuevos derechos, los que ya están escritos siguen esperando.
Ahí está el agua. La Ciudad pierde alrededor de 40% del líquido en fugas. En 2025 hubo 46,773 solicitudes de pipas, máximo de los últimos ocho años; sólo en los primeros cuatro meses de 2026 ya sumaban 9,941. El derecho humano al agua no se garantiza con discursos: se garantiza cuando alguien abre la llave y sale agua.
En seguridad los números también incomodan. En 2025 las carpetas por extorsión aumentaron 260%, de 473 a 1,704; las de narcomenudeo crecieron 23%, de 4,900 a 6,030.
La propia SSC reporta que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 fueron detenidas 10,897 personas por delitos de alto impacto y asegurados más de 224 kilos de probable cocaína, 92 de metanfetamina y 15 de cristal.
En las calles operan Unión Tepito, Anti-Unión y otras células criminales investigadas por narcomenudeo, extorsión, homicidios y otros delitos. Por eso sorprende que la agenda coloque celulares en escuelas y “discursos de odio” mientras cobro de piso, extorsión, narcomenudeo, despojo y desapariciones reclaman una prioridad mucho mayor.
También prometen “rentas justas”. Mientras tanto, el precio de la vivienda prácticamente se duplicó entre 2015 y 2025 y miles de capitalinos son expulsados de las zonas donde crecieron. Otra vez: primero el anuncio; después, quizá, la ley.
La oposición debe plantear alternativas medibles: dictamen obligatorio en 90 días y tablero público de productividad; calendario para cumplir todos los mandatos pendientes de la Constitución de 2017; Instituto de Emprendimiento; Sistema de Cuidados con presupuesto; reducir las pérdidas de agua hasta menos del 30%; unidades especializadas contra extorsión, despojo y cobro de piso; depuración permanente de policías y fiscalías; y concluir los instrumentos de planeación.
Y una regla elemental: si el Congreso no reduce sustancialmente su rezago, tampoco debe aumentar su gasto real.
Morena tiene mayoría. Tiene presupuesto. Tiene Gobierno. Tiene los votos. Después de tantos años, ya no puede culpar a nadie más.
La unidad no consiste en pensar igual. Una ciudad tampoco se transforma con el boletín 143.
Se transforma cuando llega el agua, no cobran piso, se cumple la Constitución y Donceles deja de ser la legislatura del cajón.
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