Acaba de publicarse, el 28 de agosto, en el Diario Oficial, los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Los firmó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que ya no es el viejo IFT ese instituto que, con todos sus vicios, al menos no dormía en la misma cama que el Ejecutivo. Ahora la Comisión cuelga de la Agencia de Transformación Digital. Es decir: del gobierno.
¿Qué prometen? Cosas que, dichas en sobremesa, suenan razonables. Que el noticiero no se disfrace de anuncio. Que la opinión no se haga pasar por dato. Que haya un código de ética, un defensor de las audiencias y un buzón donde el televidente pueda quejarse y le contesten en veinte días. Que un noticiario y un programa infantil lleven señas y subtítulos. Quien haya sufrido el infomercial disfrazado de reportaje firmaría eso sin dudas.
El problema no es el letrero. El problema es quién tiene la llave.
El brazo que los aplica: un regulador que ya no es autónomo y unos lineamientos que, en su primer borrador, hablaban de información “veraz”, de no “descontextualizar” y de multas de hasta el uno por ciento de los ingresos. Palabras que en un manual de periodismo son virtudes, Pero que en un reglamento de Estado llega como recomendación armada. Como plazo. Porque protección y censura no son gemelas. Pero se parecen en el vestíbulo. Las dos dicen “por tu bien”. Las dos deciden qué es demasiado para tus oídos.
Y ahora, ¿quién va a cuidar a las audiencias de las mentiras que diga el gobierno?
Porque el gobierno también habla. Habla todas las mañanas, con logo, con cifra y con ese tono de quien ya desayunó la verdad. Habla de la seguridad, del peso, del expediente que no se abre, del muerto que no era, del contrato que sí era. Y cuando se equivoca que se equivoca: es humano, y además es gobierno no hay defensoría que tome la queja. No hay veinte días para que al televidente le contesten: eso no fue así.
La libertad de expresión no es un adorno constitucional. Es el único aparato que nos queda cuando todos los demás fallan. No sirve para que el periódico sea bueno. Sirve para que el poderoso no sea el único que platica. Sirve para que la mentira de un particular se pueda responder con otra voz, y no con un sello. Sirve, sobre todo, para que la verdad no tenga dueño.
En fin, bienaventurados los que crean que el Estado puede ser al mismo tiempo el que habla y el que decide si lo que se dijo de él era cierto. Esos dormirán en paz. El resto seguiremos en la mesa, preguntándonos una cosa muy vieja y muy mexicana: si el portero es también el ladrón, ¿quién cuida la puerta?
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