No es la Gestapo, pero ¡cómo se le parece! No en los hornos, ni en la brutalidad explícita, sino en la perversión burocrática de la ley: la conversión de un aparato del Estado —diseñado para garantizar un derecho ciudadano— en un mecanismo de control político que persigue al disidente mientras normaliza el fraude. Eso ocurre con el INE bajo el dominio de Morena. La Cuarta Transformación ya no puede ganar elecciones limpias y necesita un INE que actúe como su policía política, que sancione a quien le incomoda y que valide cualquier resultado, por absurdo que sea.
El primer movimiento de esta captura es el estrangulamiento presupuestal. El Consejo General del INE aprobó solicitar un presupuesto que supera los 47 mil millones de pesos para las elecciones intermedias de 2027. Sin embargo, la reacción del Ejecutivo no se hizo esperar: la presidenta Claudia Sheinbaum calificó abiertamente la cifra como «exagerada», anticipando el engranaje del tijeretazo legislativo en el Congreso. El discurso oficial sostiene que se deben recortar los gastos del árbitro electoral. Pero la aritmética no miente: mientras al INE se le asfixia con amagos presupuestales, Morena recibirá en 2027 más de 3 mil 600 millones de pesos en financiamiento público, la cifra más alta jamás otorgada a un partido. No es ahorro; es quitarle recursos al vigilante para engordar al delincuente. Sin recursos adecuados, el INE verá comprometida su capacidad operativa para instalar casillas, capacitar funcionarios y monitorear propaganda. El desamparo del votante se diseña desde la presidencia.
Pero es el segundo movimiento, el más grotesco, el que exige la analogía con la Gestapo, porque el INE ha asumido las funciones de una policía política burocrática: perseguir a los críticos del régimen mientras legitima el fraude. El Consejo General, bajo la sumisa presidencia de Guadalupe Taddei, eliminó el candado que impedía a funcionarios públicos registrarse como observadores, abriendo la puerta para que la estructura gubernamental se infiltre en las casillas. Aflojó los controles para la selección de funcionarios de casilla, permitiendo que los cuadros morenistas desplacen a la ciudadanía. Y, en un acto de cinismo que desafía toda lógica, decidió que las boletas «planchadas» —sin doblar, físicamente imposibles de haber sido depositadas en una urna— serán computadas como votos válidos en 2027. El consejero Uuc-kib Espadas lo declaró sin titubeos: «Las boletas planchadas siempre, siempre son fraudulentas». Pero la mayoría taddeísta votó a favor de contarlas.
El INE, como la policía secreta del Tercer Reich, investiga delitos de opinión para castigar al crítico, mientras hace la vista gorda ante el delito mayor. El ejemplo más reciente y patético: el INE admitió a trámite una queja de Morena para censurar una sátira política en redes sociales que ridiculizaba a la presidenta. Mientras los consejeros analizan si un meme lastima la susceptibilidad de la mandataria, los operadores morenistas ya reparten despensas y construyen obras con fines electorales. El INE se convierte en la Gestapo cuando utiliza su poder coercitivo para amordazar la disidencia y validar el abuso del poder. La persecución de la sátira y la validación del fraude son dos caras de la misma moneda: el partido gobernante no soporta la crítica y necesita que el árbitro sancione a quien se atreva a proferirla, mientras diseña las reglas para que su victoria sea matemáticamente inapelable. Como la Gestapo, el INE actúa bajo la lógica de la legalidad formal al servicio del terror político: todo se hace conforme a la ley, pero la ley está manipulada para que el poderoso siempre gane y el débil siempre sea castigado.
Si creen que exagero, recuerden los escándalos de las «casillas zapato» o la negativa sistemática a investigar las campañas adelantadas del oficialismo. El senador Manuel Añorve lo denunció con crudeza: el INE se ha convertido en un «apéndice del gobierno».
Las consecuencias son catastróficas. La democracia mexicana no caerá por un golpe de Estado militar; caerá por la burocratización de la injusticia. Cuando el árbitro electoral se convierte en el verdugo administrativo de la oposición, la competencia política deja de existir. Y cuando las boletas planchadas son válidas y los memes son delitos, hemos cruzado el umbral hacia un régimen donde el voto es un ritual vacío, un performance de legitimidad para el exterior, mientras en el interior el poder se ejerce sin réplica. La «Cuarta Transformación» prometió un cambio profundo, pero nadie imaginó que cambiaría la esencia misma de la democracia por un simulacro autoritario. El INE, ese órgano que tanto costó construir, se ha convertido en el espejo deformante de lo que juró combatir.
La democracia muere con el silencio cómplice de quienes prefieren mirar a otro lado mientras el árbitro se vuelve verdugo. Morena ya entendió que no necesita prohibir los partidos de oposición; le basta con controlar al INE para que esos partidos sean irrelevantes, para que sus votos no cuenten y para que sus críticas sean delitos. La pregunta es si el día de la jornada el ciudadano estará eligiendo a sus gobernantes o simplemente firmando su propia sentencia como súbdito de un régimen sin contrapesos.
Para devolverle el protagonismo al ciudadano y frenar de golpe lo que se perfila como una elección de Estado, la respuesta no puede ser la apatía ni el abstencionismo. Ante un árbitro capturado y un sistema diseñado para legitimar el abuso, la única fuerza capaz de romper la manipulación de las boletas es una participación masiva e incontestable. Salir a votar cierra los espacios a las irregularidades y a los conteos amañados y reafirma que el poder supremo sigue residiendo en el pueblo y no en las estructuras burocráticas del régimen. La defensa de la democracia no se librará en las mesas de un Consejo General sumiso, sino en la determinación de cada ciudadano que acuda a las urnas a hacer valer su voz frente al autoritarismo.
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