Por Juan José Sierra Álvarez
*Presidente Nacional de COPARMEXCada vez que el Congreso modifica una ley, modifica también las condiciones en las que una persona decide emprender, una empresa decide invertir y un trabajador encuentra una oportunidad de empleo formal. Esa relación suele perderse en la discusión legislativa, donde el debate puede concentrarse en el contenido de una reforma y dejar en segundo plano sus efectos sobre la economía real.
Ante el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones, el reto del Poder Legislativo es legislar con responsabilidad. México requiere un Congreso que mida los costos de cada disposición, anticipe sus efectos y escuche a quienes tendrán que cumplirla.
Una buena ley debe resolver un problema sin crear otros mayores y ofrecer reglas claras, viables y aplicables.
La agenda de los próximos meses puede incidir directamente en la inversión y la competitividad. El Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027 serán determinantes para las empresas, particularmente para las MiPyMEs. La política fiscal debe fortalecer la formalidad y la capacidad de invertir, no hacer más costoso producir, contratar o crecer.
También se discutirán reglas ambientales, de inteligencia artificial, propiedad intelectual, inversión extranjera y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Son materias relevantes para el futuro de México y requieren una discusión seria. Proteger derechos, ambiente e innovación exige certeza.
Cuando una norma multiplica trámites, abre espacios de discrecionalidad o impone obligaciones difíciles de cumplir, aumenta la incertidumbre y puede frenar decisiones de inversión.
La Ley de Inversión Extranjera merece especial atención. México necesita capital, tecnología y nuevas capacidades productivas para aprovechar la integración de América del Norte. Los controles poco previsibles, sanciones desproporcionadas o procesos que alarguen las decisiones de inversión deben revisarse con rigor. La soberanía nacional y la atracción de inversión pueden convivir con reglas claras, instituciones confiables y procedimientos transparentes.
La misma exigencia debe aplicarse a las reformas secundarias en materia judicial y anticorrupción. El Estado de Derechos se fortalece cuando las instituciones ofrecen certeza, profesionalización y transparencia.
Para quien invierte, la pregunta es sencilla: ¿las reglas serán claras y los derechos estarán protegidos cuando surja un conflicto? La respuesta determina buena parte de la confianza que sostiene una decisión de largo plazo.
En COPARMEX somos, hemos sido y seguiremos siendo el organismo de las MiPyMEs. Sabemos que una obligación adicional puede tener impactos muy distintos según el tamaño de una empresa. Para una gran compañía puede ser un ajuste operativo; para una pequeña empresa puede significar la diferencia entre formalizarse, contratar o detener un proyecto.
Ese dato es una señal de confianza. Y la confianza también se construye desde el Congreso. Cada reforma puede fortalecerla cuando surge de evidencia, diálogo y acuerdos; también puede debilitarla cuando introduce incertidumbre o costos innecesarios.
México tiene una oportunidad extraordinaria por su integración comercial y su posición estratégica. Para aprovecharla necesitamos inversión productiva, innovación y más empleo formal. El mejor programa social es el empleo formal, y para generarlo necesitamos empresas con capacidad de crecer.
Legislar para el futuro significa entender que detrás de cada norma hay decisiones empresariales, proyectos de vida y oportunidades para millones de mexicanos.
#OpiniónCoparmex
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