Este 10 de septiembre inicia el Proceso Electoral Federal 2026-2027. Será una de las pruebas institucionales más complejas a las que se enfrenta el Instituto Nacional Electoral en su nueva conformación.
En el ámbito federal se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, además que en coordinación con los organismos públicos locales; el INE será acompañante de las elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, estando en disputa 17 Gobernaturas, 31 Congresos locales, y la renovación de integrantes de Ayuntamiento en 30 estados; que en suma alcanzan poco más de 19 mil cargos de elección popular.
Las cifras impresionan, pero el desafío no está en los números, sino en garantizar un proceso política y jurídicamente confiable.
Organizar una elección no consiste solamente en instalar casillas, imprimir boletas, y contar votos. La tarea esencial es garantizar que quienes aparezcan en las boletas cumplan las condiciones constitucionales y legales para competir, y que el ciudadano pueda votar con certeza por el candidato de su preferencia en condiciones de equidad.
Aquí aparece uno de los mayores retos del INE, en este marco de nuevas facultades, la revisión de los aspirantes a través de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. La autoridad electoral no es un tribunal moral, ni puede sustituir a las autoridades que investigan delitos o determinan responsabilidades; pero tampoco puede reducir la revisión de candidatos una ventanilla receptora de documentos.
La exigencia jurídica es más delicada, que es el verificar, dentro del ámbito de sus atribuciones, que quienes pretenden acceder a un cargo cumplan efectivamente los requisitos de elegibilidad y que el proceso aplicado en ello, preserve los principios de legalidad, certeza e imparcialidad.
Mientras mayor sea el número de candidaturas, mayor será la dificultad para examinarlas con el mismo rigor. El ciudadano puede conocer a los candidatos más visibles, pero difícilmente tendrá información suficiente para discernir sobre miles de personas que incidirán en la vida pública del país.
No podemos pedirle al ciudadano que sea investigador, fiscalizador y juez de cada candidato. La autoridad electoral deberá encontrar el punto exacto entre la revisión rigurosa, y el respeto a los derechos político-electorales, o la presunción de inocencia, a la par que los partidos políticos están obligados a ser garantes de la probidad de las candidaturas que postulan.
En ese escenario el INE tendrá por fuerza que actuar con firmeza sin convertirse en protagonista estridente de la contienda; aplicar la norma sin que cada decisión sea interpretada como una preferencia política. Ese es el costo de ser árbitro. Un árbitro no necesita ser querido por todos. Necesita ser confiable.
La confianza no se construye solamente con decisiones jurídicamente correctas. También exige que esas decisiones puedan ser comprendidas, entendidas, y por ello aceptadas en ese “pacto social” de quienes conocen las reglas del juego electoral. Habrá registros, fiscalizaciones, sanciones, quejas, controversias e impugnaciones. La sociedad tendrá derecho a saber de manera transparente que fue lo que decidió la autoridad en cada caso, y la razón de ello.
El calendario tampoco espera. El 30 de septiembre deberán instalarse los 32 Consejos Locales dando inicio una carrera contra reloj en la construcción de cientos de actos jurídicos necesarios, que dependen uno de otro para llegar bien y a tiempo, a la jornada electoral.
Esta elección será mucho más que una prueba logística con cronometro en mano. Será una prueba de criterio. México ha construido, después de décadas de conflictos electorales, un sistema extraordinariamente complejo. Cada regla responde a una desconfianza social histórica, la fiscalización de los recursos, la certeza en el ejercicio del voto, la revisión de paquetes, y recuentos; o la existencia de instancias sólidas para resolver controversias.
Pero las instituciones no se fortalecen acumulando procedimientos. Se fortalecen cuando esos procedimientos producen certeza. El desafío del nuevo INE será demostrar que puede administrar una elección sin sacrificar lo esencial; la legalidad de las candidaturas, equidad en la contienda, respeto al voto y la confianza ciudadana.
Porque al final, detrás de las diversas candidaturas y los votos que llegarán a las urnas, existirán millones de personas frente a una boleta, y esas personas no pueden preguntarse si las autoridades electorales hicieron de manera correcta su trabajo. Ese será, quizá, el verdadero escrutinio al que se enfrenta el INE.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
