El estreno del programa Tolerancia Cero en la barra de TV Azteca, bajo la conducción de Manuel López San Martín con un panel integrado por María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, abre un nuevo espacio de discusión política en el horario estelar de Azteca Uno, después del noticiero Hechos Noche. La composición del panel, integrada por figuras reconocidas por sus posiciones críticas frente al gobierno federal, otorga al programa una orientación editorial definida: examinar la política nacional desde una perspectiva crítica y ofrecer una interpretación distinta a la que suele prevalecer en los espacios institucionales de comunicación. Más que un programa de análisis coyuntural, su importancia radica en que incorpora nuevas perspectivas de lectura de la realidad social al debate de la televisión abierta y ante una audiencia amplia.
Fue precisamente en esa primera emisión donde María Amparo Casar cuestionó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y sostuvo que sus becas pueden alterar los valores familiares porque, en algunos casos, el monto recibido por los jóvenes supera el ingreso de sus hogares.
La afirmación merece una reflexión más profunda no sólo por sus implicaciones políticas, sino por el criterio social que parece contener. Una cosa es debatir si un programa de transferencias está bien diseñado, si genera los incentivos adecuados o si sus resultados justifican su costo. Otra, distinta, es considerar que una mejora en el ingreso de los jóvenes puede constituir, por sí misma, una amenaza para su familia. El problema comienza cuando una política social deja de analizarse por sus resultados y empieza a juzgarse por la condición social de quienes reciben sus beneficios.
Aquí resulta útil el concepto de aporofobia, desarrollado por la filósofa española Adela Cortina para describir el rechazo hacia las personas pobres o hacia quienes carecen de recursos y poder. No se trata de clasismo en su expresión más evidente. Es una forma de establecer quién merece recibir algo y quién debe demostrar primero que lo merece. En una sociedad desigual, esta distinción puede pasar inadvertida porque se presenta como un hecho de sentido común.
El sociólogo Pierre Bourdieu explicó en su libro, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto que las diferencias de clase no se expresan únicamente en la riqueza. También aparecen en los gustos, las costumbres y las formas mediante las cuales determinados grupos sociales convierten sus propias prácticas en criterios de normalidad y de valor. La distinción social opera así no sólo mediante la posesión de bienes, sino también mediante la capacidad de definir qué comportamientos que on considerados legítimos, refinados, responsables o meritorios.
Desde esta perspectiva, el debate sobre las becas adquiere una dimensión que va más allá de su costo presupuestario. Si un joven de bajos ingresos recibe un apoyo público para incorporarse al mercado laboral o adquirir experiencia, la discusión debería concentrarse en su eficacia, cobertura y transparencia. Si otro joven, perteneciente a un sector de mayores ingresos, recibe recursos públicos por razones académicas, laborales o institucionales, el criterio debería ser igualmente exigente. En ambos casos, la pregunta fundamental tendría que ser quién recibe el recurso, bajo qué reglas, con qué justificación y con qué mecanismos de rendición de cuentas.
La discusión adquiere una dimensión distinta cuando se contrasta con el caso de los beneficios educativos recibidos por los hijos de la propia María Amparo Casar. De acuerdo con la información que ha circulado públicamente, Petróleos Mexicanos destinó alrededor de un millón 800 mil pesos para cubrir los estudios superiores y de posgrado de sus hijos durante un periodo que se extendió hasta después de que alcanzaran los 25 años.
El dato, por sí solo, no demuestra una irregularidad. Tampoco permite concluir que todo beneficio recibido por una persona vinculada con una institución pública sea ilegítimo. Lo que sí plantea es una pregunta pertinente sobre la coherencia de los criterios con los que se juzga la asignación del gasto público.
Éste es, quizá, el verdadero problema. El debate sobre los recursos públicos no debería convertirse en una disputa acerca de qué grupos sociales son moralmente dignos de recibirlos. Las becas, las prestaciones laborales y los programas sociales pueden tener justificaciones diferentes, pero todos deben someterse a criterios que puedan ser examinados públicamente: legalidad, transparencia, necesidad, mérito cuando corresponda y resultados.
Por eso, la discusión provocada por Tolerancia Cero debería ir más allá de una disputa entre el gobierno y sus críticos. La cuestión de fondo es más incómoda: ¿aplicamos los mismos criterios cuando los recursos públicos benefician a quienes tienen menos que cuando benefician a quienes tienen más?
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