Las elecciones federales intermedias del año próximo coloca a las instituciones del Estado frente a una disyuntiva que trasciende la habitual retórica electoral. No se trata únicamente de contar votos con puntualidad burocrática o garantizar la alternancia pacífica de las curules, sino de encarar una amenaza tangible: la infiltración del crimen organizado en los procesos de postulación de candidatos.
Cuando las estructuras delictivas logran incrustar personeros en las listas nominales, tal y como ha sucedido, o imponer perfiles bajo el auspicio de su poder fáctico, la soberanía popular deja de ser un mandato soberano para convertirse en una simulación administrativa. En ese preciso instante, el problema abandona la materia electoral ordinaria y adquiere la fisonomía de un riesgo inminente para la seguridad nacional.
Con una generosidad casi conmovedora, los partidos suelen asumir que la honorabilidad de sus aspirantes es un dato que se valida por mera intuición militante. Sin embargo, la sociología del poder enseña que el crimen organizado no busca derrocar al Estado mediante insurrecciones clásicas, sino capturarlo silenciosamente desde sus propias grietas institucionales. La ecuación es sencilla: resulta mucho más rentable y seguro financiar campañas, asegurar distritos y controlar el presupuesto desde una curul o u nescaño en el Congreso que sostener una confrontación abierta contra las fuerzas de seguridad pública.
Si las organizaciones delictivas logran comprar o amedrentar voluntades para erigir representantes populares, la soberanía interior se pulveriza y la legalidad queda subordinada al arbitrio del dinero negro.
El marco constitucional mexicano ofrece herramientas suficientes para cerrar el paso a este despropósito, siempre que exista la voluntad de aplicarlas con rigor técnico y firmeza republicana. El acceso a las candidaturas no puede reducirse al simple cumplimiento de formalismos documentales ante la autoridad electoral; exige verificar la probidad y la ausencia de vínculos lesivos con la delincuencia.
La seguridad nacional consiste, en su sentido más elemental, en preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones del Estado de derecho. Permitir que perfiles con evidentes nexos criminales alcancen una curul federal bajo el cobijo del fuero y la representación nacional equivaldría a conceder una patente de impunidad dentro del órgano depositario de la voluntad ciudadana. Justo esto debería ser motivo de una agenda nacional de riesgos o de un programa de seguridad nacional, ausente por ahora.
La historia enseña que la cohesión y la supervivencia de una República se fraguan en su capacidad de resistir las asechanzas que amenazan su existencia misma. La defensa de la República no admite treguas ni tibiezas partidistas: blindar las elecciones contra la penetración de las bandas criminales es el mayor acto de lealtad constitucional que la nación puede demandar a gobernantes, partidos y ciudadanos. Frente a la agresión silenciosa de quienes pretenden suplantar la ley por el plomo, la única respuesta legítima es el cierre de filas en torno a las instituciones democráticas y no a las intenciones alejadas de la legalidad.
Para impedir que las elecciones se transformen en un mercado de franquicias territoriales a merced de los poderes fácticos, urge que la autoridad electoral establezca mecanismos de coordinación preventiva interinstitucional.
La autoridad electoral, en estrecha colaboración con los órganos de inteligencia civil y financiera del Estado mexicano, debe diseñar protocolos rigurosos de auscultación patrimonial y de antecedentes sobre cada persona que aspire a un cargo de elección popular, sin invadir la presunción de inocencia pero cerrando cualquier resquicio de complicidad.
La soberanía no se negocia en asambleas opacas ni se entrega a intereses delictivos. Salvar la pureza de la representación popular es hoy el primer deber de la seguridad nacional y la única garantía de que el porvenir de la República siga perteneciendo al pueblo soberano, funciones de la autoridad electoral que comienza con actitudes permisibles a los partidos políticos. Nada bueno.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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