La Ciudad de México siempre ha sido caótica. Lamentablemente eso forma parte de su personalidad. Pero una cosa es el caos natural de una metrópoli de más de nueve millones de habitantes y otra convertir el desorden en política pública. Con Clara Brugada parece que todo espacio disponible tiene vocación de tianguis. Banquetas ocupadas, comercio ambulante, puestos improvisados, tanques de gas, anafres, lonas, estructuras metálicas y calles donde el peatón tiene que pedir permiso para caminar. La informalidad dejó de ser un problema que administrar para convertirse prácticamente en parte de la escenografía oficial. Y entonces apareció el famoso “rayo brugadizador”. Todo aquello que toca la administración adquiere rápidamente su estética: morado, murales, ajolotes, letreros, intervenciones y esa obsesión por transformar el espacio público en una especie de parque temático de la 4T. La ciudad se “ajolotiza”, se pinta, se decora. Pero no se ordena y ese es el problema. Porque mientras el gobierno presume identidad, cultura popular y recuperación del espacio público, el ciudadano enfrenta una realidad bastante menos fotogénica: banquetas bloqueadas, basura, tráfico, comercio irregular y zonas donde caminar unos cuantos metros se convierte en carrera de obstáculos. La izquierda capitalina lleva décadas tratando al comercio informal como si regularlo fuera una agresión contra los pobres y el resultado está frente a nosotros. Lo provisional se volvió permanente. El puesto se convirtió en estructura que conquistó la banqueta, expulsó al peatón y después llegó el gobierno a pintar todo de morado. Perfecto. La CDMX no necesita perseguir a quien trabaja en la calle. Necesita algo bastante más complicado: reglas. Que el comerciante pueda trabajar, que el peatón pueda caminar, que el vecino pueda entrar a su casa, que el automovilista, el motociclista y el ciclista puedan circular y que el espacio público vuelva a significar precisamente eso: público. Pero ordenar tiene costo político. Los ambulantes son organizaciones y tienen dirigentes que movilizan votos y esos votos, aparentemente, pesan más que las banquetas. Por eso el desorden resulta tan funcional. Mientras nadie toque demasiado los intereses existentes, todos permanecen razonablemente contentos, menos el ciudadano. Ese que paga impuestos, estacionamiento, permisos y multas mientras observa cómo buena parte de la ciudad funciona bajo reglas completamente distintas. Brugada habla de una ciudad de derechos, ¿y el derecho a caminar por una banqueta? ¿a disfrutar una plaza pública sin tener que atravesar un mercado? ¿a vivir en una ciudad limpia y ordenada? Esos tienen menos presupuesto propagandístico. La capital mexicana debería estar preparándose para competir con las grandes ciudades del mundo. En cambio, demasiadas zonas parecen avanzar en sentido contrario: más improvisación, más saturación y menos autoridad. Eso sí, todo tapizado de morado, ajolotizado. El problema del rayo brugadizador es que puede cambiarle el color a una ciudad, pero lo que todavía no consigue es ponerla en orden. Y mientras eso no ocurra, Clara Brugada podrá llamarla ciudad de derechos o de utopías pero para millones de ciudadanos seguirá pareciendo algo mucho más sencillo: un gigantesco tianguis con gobierno de izquierda.
RAPIDITAS:
-Muy mal cayó en la comunidad española el homicidio de una joven estudiante que se encontraba de intercambio académico en nuestro país. Se trata de la alumna de Educación Infantil de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, quién fue privada de la vida el pasado fin de semana en Cuautla, Morelos, donde participaba en en un programa de movilidad universitaria. Por lo visto, Morelos no se ha recuperado de la violencia e inseguridad en que la metió Cuauhtémoc Blanco y su pésima gestión como “gobernador”. La Universidad de Granada ha expresado su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la joven estudiante y su asesinato viene a colocar, una vez más, a México como un país violento, inseguro y poco confiable para visitarlo.
-Padres de familia y alumnos del CETMAR de Salina Cruz, Oaxaca, tomarán acciones de protesta por la expulsión de un alumno que subió a redes las condiciones deplorables del plantel, particularmente de los baños que como en muchos centros de educación pública, se encuentran en pésimas condiciones. En lugar de atender el problema, la solución que adoptó la institución fue expulsar al alumno, salvo que los padres de familia y sus propios compañeros decidan tomar acciones al respecto.
– Una buena es que estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas podrán liberar su servicio social trabajando directamente con la Auditoría Superior de la Federación en el proceso de fiscalización y vigilancia del gasto público. Mediante un comunicado firmado por el rector Dámaso Anaya Alvarado se informó sobre el acuerdo mediante el cual los universitarios tienen la posibilidad de fiscalizar los recursos que ejercen los gobiernos, impulsando con ello la transparencia y la integridad en cualquier entidad del país.
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