Lo que mal empieza, mal acaba. La frase popular pareciera advertir que la elección de 2027 será una de las más complicadas para el INE no sólo por el contexto de violencia que envuelve a la política nacional, sino también porque las tareas fundamentales como árbitro del proceso comicial son severamente cuestionadas, así como sus atribuciones y su debilidad ante el gobierno de Morena.
La sesión inaugural del proceso electoral mostró el culmen de las dificultades que el INE enfrentará en esta elección en la que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 18 mil cargos ayuntamientos.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, en la sesión inaugural pidió no hacer caso de los malos augurios que se ciernen sobre el proceso electoral que termina el 6 de junio de 2027. Pero de poco sirvió su conjuro, pues a la vista el órgano electoral llega a la organización de los comicios severamente cuestionado.
El año pasado la presidencia del INE a cargo de la sonorense Taddei eligió 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas y despidió a 836 personas que realizaban tareas esenciales dentro del organismo. Se suma a esas las salidas de Carla Arlett Espino, que estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva.
Desde hace meses se han denunciado actos anticipados de campaña por parte de aspirantes de Morena sin que el INE haya hecho algo para impedirlo. También ha hecho caso omiso a las denuncias públicas de presumibles sobre vínculos con el crimen organizado de algunos aspirantes, dejando un mal precedente entre el electorado debido a los recientes casos de acusaciones a legisladores y gobernadores vinculados a grupos criminales.
Se suma a estos problemas la aprobación de un acuerdo sobre las llamadas “boletas planchadas”, es decir, validar aquellas que aparecen sin doblez alguno en las urnas durante los cómputos y de las reglas que abren la puerta para que los servidores de la nación puedan registrarse como observadores electorales.
La elección del color lila, la toma de algunas de las decisiones apegadas al interés del gobierno y al permitir que los llamados Servidores de la Nación, ese ejército de ciudadanos pagados al servicio del gobierno, estén distribuidos por distritos electorales, dejando que toda esa estructura esté subordinada al partido en el poder, es la señal clara de que el INE ya no es un árbitro ciudadano, asegura Clara Jusidman, exdirectora general del Registro Nacional de Electores de 1996 a 1997 y una de las primeras personas que defendieron la ciudadanización del órgano electoral.
El INE, además, arranca dividido en este proceso electoral. A la vista se observa que los consejeros electorales Arturo Castillo y Martín Faz se oponen a avalar lo que el bloque mayoritario de consejeros afines al gobierno ha aprobado o permitido, como son las campañas anticipadas, que los gobiernos se inmiscuyan en la organización de las elecciones y que las famosas boletas planchadas se cuenten como votos válidos abriendo la puerta a un fraude.
La responsabilidad fundamental de la tarea, la imparcialidad, es el principal cuestionamiento que mina la confianza con la que el INE llega a la organización de las elecciones de 2027. Una desconfianza que se expresó desde que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del instituto es por su cercanía al gobernador Alfonso Durazo, quien dentro de Morena funge como presidente del Consejo Nacional.
El horizonte para el INE es borrascoso y son muy altas las probabilidades de que las elecciones de 2027 terminarán severamente impugnadas por los partidos de oposición, pues lo que mal empieza, mal acaba.
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