En la actualidad y desde décadas atrás, cada que un gobierno presenta un presupuesto, aparecen los mismos discursos, las promesas de siempre: habrá más recursos para la salud, educación, seguridad, infraestructura y, desde luego, para programas sociales. Todo es prioritario. Todo está garantizado. Hasta que dejamos la retórica y comenzamos a revisar la cuenta. Ahí comienza el problema.
Porque hay dos verdades, una peleada con la otra: una cosa es cuánto dinero quiere gastar el gobierno pero otra muy distinta es realmente cuánto puede gastar y, sobre todo, qué tanto puede destinar a aquellos problemas que siguen esperando… y creciendo.
El Paquete Económico 2027, presentado la semana pasada y que todavía se discute en el Congreso, nos permite adentrarnos en esa conversación. Una que parecería reservada solo para economistas pero que termina afectando a cualquier persona que requiere una consulta médica o una medicina del “seguro” y no se la surten, circula por una carretera deteriorada o manda a sus hijos a una escuela sin los servicios básicos.
De acuerdo con cifras recogidas por Expansión, poco más de 8 de cada 10 pesos del gasto federal ya se encuentran comprometidos en obligaciones pensiones, intereses, transferencias a los estados y servicios personales. Es decir, el gobierno no parte de una bolsa sobre la que puede disponer o repartir según las necesidades que encuentre. Buena parte del destino de ese dinero, ya tiene “dueño” desde antes de que el propio presupuesto se comience a redactar.
Aunque aquí también hay que hacer una precisión: ese dinero comprometido también sirve para pagar servicios públicos. Los salarios incluyen a quienes trabajan para prestarlos y las transferencias sostienen funciones de los gobiernos locales. Decir que todo ese dinero, esos más de “8 pesos” se desperdician o que solo son los poco menos de “2 pesos” los que benefician a la población, sería mentir. Pero lo que sí muestra esta situación es el poco margen de maniobra que tiene el gobierno para cambiar de prioridades, ampliar servicios o simplemente atender nuevas necesidades.
Y dentro de esa cuenta hay un renglón que resulta revelador. Según el análisis del portal “México, ¿cómo vamos?” el gobierno propone destinar más de 1.57 billones al costo financiero de la deuda, es decir, el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. La inversión por su parte representaría 2.6% de este indicador. Es decir, el costo de financiar la deuda superaría a lo destinado en inversión física.
Pero además estamos hablando de intereses y otros costos asociados al financiamiento, no solo de amortizaciones de capital. Dicho de otra manera, lo que pagamos no significa una reducción de lo que debemos, en la misma proporción. Significa, simplemente, el costo de mantener esa deuda.
Y ahí es cuando el asunto deja de ser una discusión lejana, ajena a nosotros. Cuando una parte de los recursos se necesitan para cubrir obligaciones financieras, entonces ampliar un hospital o rehabilitar una carretera tienen que competir por el dinero disponible. Las necesidades no desaparecen porque el presupuesto tenga ya otros compromisos.
Tampoco sería serio concluir que el país está quebrado o que endeudarse es, en automático, una mala decisión. El financiamiento puede permitir obras necesarias y generar beneficios durante muchos años. La pregunta es qué estamos financiando, cuánto cuesta y qué capacidad estamos construyendo para pagarlo.
Y aquí es donde obras como el Tren Maya o Mexicana de Aviación, que operan en números rojos, o decisiones como la cancelación del NAIM -que dejó obligaciones financieras por una obra que no prestaría el servicio previsto- entran en la misma discusión. Todas ellas, obras o decisiones muy cuestionables, con un impacto financiero al presupuesto federal importante pero, además, que fueron realizadas durante la pasada administración federal. Una cuenta del sexenio obradorista que toca pagar a Claudia Sheinbaum.
Basta con revisar las cifras. En 2025, el Tren Maya obtuvo 541.8 millones de ingresos propios mientras que sus gastos de funcionamiento alcanzaron 4,221 millones. Es decir, por cada 100 pesos que costó mantenerlo funcionando, sus ventas aportaron apenas 13 pesos. Una diferencia de casi 3,680 millones de pesos, y eso sin incluir el costo de su construcción.
Con Mexicana ocurre algo similar. Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea ingresó 270 millones de pesos pero requirió de 783 millones para funcionar. Una diferencia -o déficit- de 513 millones de pesos en apenas seis meses, sin incluir la compra de aviones. Es decir, sus ingresos cubrieron poco más de una tercera parte de su operación.
Es claro que estos proyectos que actualmente operan en números rojos, eventualmente podrían trabajar con ganancias. Pero, al día de hoy, ni está ocurriendo y, con algunos de ellos -como el Tren Maya-tampocoo parece que esta situación pueda ocurrir pronto.
Por supuesto que estas obras pueden tener un sentido social no cuantificable en estos números. Pero, en lo financiero, los resultados actuales son claros.
También hay que distinguir casos como el AIFA, que ha reportado ganancias comerciales y donde el proyecto de presupuesto 2027 no contempla transferencias para su operación. Esto no quiere decir que el costo de su inversión inicial se haya ya recuperado, pero tampoco sería correcto meterlo en el mismo costal de otros proyectos que no alcanzan ni para sustentarse a sí mismos.
Hay un elemento que debe reconocerse. La propuesta prevé reducir el déficit público en su medición más amplia, de 4.1% del PIB en 2026, a 3.9% en 2027. Es un avance sin duda, aunque todavía debe cumplirse. Pero además hay algo que debe puntualizarse: reducir el déficit significa necesitar menos financiamiento respecto al tamaño de la economía, pero tampoco significa dejar de endeudarse.
Por toda esta complejidad la discusión merece algo mejor que las dos respuestas de siempre: que todo marcha “estupendamente” porque habrá más gasto o que, si hablamos de deuda, entonces hablamos de una “catástrofe”. Ningún extremo es correcto pero, además, resultaría en una visión muy simplista.
El tamaño del presupuesto, no demuestra la calidad de un gobierno. Habría que saber, cuántos servicios mejorarán, cuántas personas más serán atendidas y qué resultados se esperan del dinero destinado a cada prioridad. Y después, revisar si realmente ocurrió.
Este tendría que ser el verdadero debate presupuestal. Si se propone aumentar recursos, explicar de dónde saldrán. Si se decide recortar, qué o quiénes serán los afectados. Una familia necesita de su apoyo social, pero también de medicinas, escuelas y seguridad. El presupuesto debe responder a todo ello.
Porque al ciudadano de a pie de nada le sirve saber que el gobierno gastará más si al final, en su óptica, todo sigue igual. Las promesas se anuncian en los discursos, pero se cumplen en los hechos y se reflejan en la vida diaria de las personas.
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder.
Agendado. @betoblizzard.
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