Imaginemos por un momento este escenario, para nada lejano: dos candidatos compiten por una gubernatura. Pero en algún punto del proceso, un grupo criminal decide que quiere que gane uno de ellos. No necesita aparecer en su propaganda, ni siquiera darle dinero. Basta con amenazar a operadores del adversario, boicotear actos de campaña, intimidar a representantes de casilla, presionar comunidades o utilizar su control territorial para orientar el voto.
Al final gana el candidato beneficiado. Pero nadie logra demostrar jurídicamente que el ahora triunfador habló, pidió ayuda o incluso que conocía a los criminales.
¿Debería anularse esa elección? Y el candidato, ahora electo, ¿también debería ser castigado?
La pregunta parecería hipotética, pero este mismo martes estará llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que el pleno tendrá que analizar una reforma recién aprobada en el estado de Chihuahua que busca cerrar la puerta a la intervención del crimen organizado en las elecciones. Esta nueva legislación permitiría anular casillas o, incluso, una elección completa cuando se acrediten hechos delictivos permanentes o sistemáticos que, mediante violencia, amenazas, coacción, financiamiento, presión o manipulación, afecten los principios fundamentales del proceso electoral.
Hasta ahí difícilmente alguien podría mostrarse en contra de estas medidas. Pero el problema viene después…
La reforma también plantea sancionar a los partidos, precandidatos o candidatos, no solamente a quienes participen en estos actos, sino también a quienes resulten beneficiados directamente por ellos o que consientan, convaliden, capitalicen o aprovechen las ventajas generadas por esa intervención criminal. Las consecuencias pueden llegar al extremo de cancelar una candidatura.
En esa lógica, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un candidato nunca se entera del todo que la delincuencia está operando en esa elección y, al final del día, termina ganando? ¿Debería anularse su triunfo por haber aprovechado una ventaja de la que jamás se enteró? Pero planteemos un escenario menos ingenuo, donde el candidato en efecto sabe que el crimen está operando a su favor —por su propia voluntad u obligado—, ¿qué tanto debe saber o participar el candidato en cuestión en este esquema, para responsabilizarlo de la ayuda del crimen?
Apenas este lunes la gobernadora Maru Campos pidió a la Corte mantener el llamado blindaje electoral. Morena, que promovió acciones de inconstitucionalidad, rechaza que su impugnación signifique estar en contra de combatir la injerencia criminal. En este sentido, el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías resulta interesante porque, si bien no pretende aprobar por completo esta legislación chihuahuense, sí mantendría muchos de los puntos centrales de la misma, por ejemplo, la posibilidad de anular una elección cuando se demuestren hechos o actos de la delincuencia que terminan afectando a la elección.
Donde la ministra sí propone meter la tijera es justamente en esa zona gris de la que hablamos anteriormente. Su proyecto plantea eliminar aquellas partes de la ley que permitirían responsabilizar a un candidato en automático por el solo hecho de haber resultado beneficiado directamente por la intervención criminal, aun cuando no se hubiese demostrado suficientemente una conducta o voluntad propia. No olvidemos que muchos candidatos se coaligan con el crimen organizado por intereses propios, pero también, en no pocos casos, lo hacen obligados o amenazados por la propia delincuencia. Una suerte de “plata o plomo” desde la campaña.
La ministra Herrerías propone eliminar sanciones establecidas de manera fija, como la pérdida del derecho a registrarse o la cancelación de la candidatura, al considerar que debe existir una valoración individual de la responsabilidad.
En otras palabras, una elección podría ser anulada porque el crimen organizado intervino de manera determinante en ella, sin que ello signifique automáticamente que el candidato beneficiado deba ser responsable de esa intervención.
Y aquí es donde se centrará buena parte de la discusión de este día en la SCJN.
Para que la Corte invalide alguna de estas disposiciones, necesitará al menos seis votos. Por eso incluso podría terminar ocurriendo algo mucho menos categórico que simplemente “avalar” o “tumbar” la reforma: las y los ministros podrían mantener intacta la posibilidad de anular elecciones por intervención militar y, al mismo tiempo, eliminar solo algunas de las herramientas creadas para castigar a los candidatos beneficiados.
Pero también podría ocurrir que determinadas propuestas de la ministra Herrerías no alcancen los seis votos necesarios y, por tanto, algunas de esas disposiciones sobrevivan.
Aunque en este momento resultaría arriesgado anticipar cómo es que votarán en el pleno de este tribunal, existen algunos antecedentes interesantes. Herrerías no cuenta con un bloque fijo dentro de la Corte y, paradójicamente, una de las ministras con las que suele coincidir, Lenia Batres, ha mostrado una mayor resistencia a invalidar leyes.
Sin embargo, al menos en el tema de las sanciones “automáticas”, sí existe un precedente bastante reciente: apenas en mayo, ocho de los nueve ministros consideraron inconstitucionales diversas sanciones fijas precisamente porque no permitían individualizar suficientemente cada caso. Herrerías estuvo entre esos ocho. Batres, en contra.
Para el momento en que usted, amable lectora, amable lector, esté leyendo estas líneas, probablemente ya sepamos qué ocurrió en la Suprema Corte. Pero más allá de esta resolución, el asunto es mucho más grande y complejo. México se acerca a las elecciones del 2027 donde buena parte de la batalla ocurrirá precisamente en municipios, distritos, regiones, donde el poder político convive, compite o choca con el poder criminal.
La decisión de la Corte sobre Chihuahua muy seguramente no resolverá por sí sola el problema. Pero sí puede comenzar a definir algo que, tarde o temprano, tendrá que establecerse, no solamente en algunos estados, sino en todo el país: cuál es el punto en el que la intervención criminal deja de ser solamente un delito y se convierte en una auténtica razón para impedir que alguien llegue al poder.
Porque el dilema de fondo no es si México debe evitar los narcocandidatos. Esa respuesta, de sobra, está respondida. La verdadera pregunta es mucho más compleja, complicada e incómoda: ¿cómo demostrar que un candidato es del narco antes de que el narco gane la elección?
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder.
Agendado.
*@betoblizzard.
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