El 7 de julio de 1974, Daniel Cosío Villegas dio los últimos trazos al prólogo de una obra destinada a sacudir la conciencia política de México: El estilo personal de gobernar.
Publicado apenas un mes después, el ensayo se convirtió en un fenómeno editorial inusitado para el análisis político, alcanzando media decena de ediciones en pocas semanas.
Más allá de su éxito en librerías, el valor fundamental del texto residía en una pregunta incómoda y fundacional: ¿qué sucede cuando un mandatario convierte su arbitrio personal en la única medida de Estado?
Medio siglo más tarde, la interrogante mantiene una vigencia pasmosa.
La vida pública mexicana sigue tropezando con el mismo dilema estructural: cuando la voluntad del poder se impone por encima de los datos, los estudios de viabilidad y el criterio de los especialistas, las grandes decisiones públicas corren el riesgo de responder al capricho político antes que a las necesidades reales de la nación.
El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” constituye un testimonio difícil de soslayar.
Concebido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como un eje vertebrador para el desarrollo del sureste, el proyecto fue presentado como la gran palanca del turismo regional.
Se levantó a golpe de urgencia en apenas 536 días, inaugurado el 1 de diciembre de 2023 tras una inyección de recursos públicos cercana a los 19 mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, concluir una obra monumental no equivale a garantizar su funcionamiento.
Las pistas se pavimentan con cemento y erario, pero los aviones no vuelan por decreto.
Ninguna directriz oficial tiene el poder de obligar a los pasajeros a transitar por una terminal innecesaria ni de forzar a las aerolíneas a sostener rutas deficitarias.
Para que un aeropuerto prospere se requiere mucho más que asfalto y discursos inaugurales: demanda real, conectividad terrestre eficiente, seguridad, tarifas competitivas y una estricta rentabilidad empresarial.
En su etapa inicial, impulsada por incentivos y subsidios temporales, Tulum simuló un dinamismo que alimentó las expectativas oficiales.
No obstante, los apoyos gubernamentales funcionan apenas como cerillos: encienden la chispa, pero son incapaces de mantener una flama permanente sin oxígeno económico.
Con el desgaste del tiempo, las realidades estructurales terminaron por imponerse.
La terminal quintanarroense comenzó a resentir la abrumadora presencia del Aeropuerto Internacional de Cancún, a lo que se sumaron cuellos de botella en el transporte terrestre, los retos de seguridad pública en la zona, la presencia intermitente del sargazo y los elevados costos operativos de la región.
Cuando el entusiasmo oficial se topó con el rigor de la contabilidad, el castillo de naipes flaqueó.
Las proyecciones para el cierre de este año apuntan a unos 700 mil usuarios —muy lejos del millón 244 mil registrados en 2025—, tras un primer trimestre sumamente raquítico de 366 mil pasajeros.
El despliegue internacional sufrió un recorte drástico: de los 12 destinos extranjeros originales, hoy sobreviven únicamente cuatro en los Estados Unidos.
Varias líneas internacionales de peso —como Copa, Avianca, JetBlue y la filial costarricense de Volaris— han venido reduciendo sus frecuencias de manera paulatina.
Sin embargo, el golpe más severo provino del mercado nacional.
La cancelación definitiva de la ruta de Aeroméxico con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), efectiva el 30 de septiembre de 2026, lo que dejó un vacío profundo en los itinerarios.
A esto se sumó el anuncio de Volaris sobre la suspensión total de sus vuelos hacia el destino a partir del 7 de enero de 2027, justificada por la firma mediante un ajuste obligado ante la baja rentabilidad y el peso de las tarifas aeroportuarias.
«Nos vimos en la necesidad de reevaluar nuestros trayectos y frenar temporalmente aquellos con menor ocupación», explicó la empresa al frenar la emisión de pasajes.
Así, el aeropuerto concebido como el emblema de la modernidad turística del sureste colisiona con una postal sombría: salas vacías, itinerarios recortados y una escasa afluencia.
Es aquí donde la sombra de Cosío Villegas adquiere fuerza.
El error de cálculo en una política pública es admisible, pues ningún gobierno es infalible; el verdadero peligro surge cuando la decisión se toma de antemano y los estudios se redactan después para justificarla, relegando la advertencia técnica frente al apremio propagandístico de cortar listones.
La política puede trazar un mapa y decretar dónde erigir una terminal, pero carece de facultades para mandar pasajeros a las puertas de embarque.
El silencio que hoy habita en las salas de Tulum resulta infinitamente más elocuente que cualquier parte oficial: es la radiografía exacta de un decisión política que chocó, con la realidad.
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