La detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, revela la capacidad que tiene el crimen organizado para penetrar estructuras de gobierno, utilizar autoridades locales y convertir instituciones públicas en mecanismos de protección para sus negocios.
Juchitán, uno de los municipios económicamente más importantes de Oaxaca y un punto estratégico del Istmo de Tehuantepec, se encuentra en una región donde confluyen rutas comerciales, tráfico de hidrocarburos, migración y otras actividades que representan importantes ingresos para los grupos criminales.
La ciudad llevaba tiempo padeciendo extorsiones y cobro de piso a grandes y pequeños negocios. La denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra, quien habría recurrido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por la relación que mantiene con ella, terminó detonando la intervención federal.
La operación encabezada por fuerzas federales derivó en la detención de Sánchez Altamirano y de Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”, a quienes las autoridades relacionan con Los Cromos, una organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec. La Fiscalía de Oaxaca sostiene que el alcalde habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas en la región.
El dato verdaderamente delicado no es solamente que un presidente municipal haya sido detenido. Es que las investigaciones apuntan a una presunta estructura de protección política alrededor de una organización criminal.
Cuando el crimen organizado consigue penetrar corporaciones policiacas, controlar territorios, cobrar derecho de piso y establecer vínculos con funcionarios públicos, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad y se convierte en un problema de Estado.
Lo sucedido en Juchitán no es un caso aislado. La llamada Operación Enjambre ha puesto sobre la mesa una realidad mucho más amplia. De acuerdo con cifras dadas a conocer por el gabinete de seguridad federal, 111 funcionarios públicos habían sido detenidos hasta septiembre por su presunta vinculación con actividades delictivas, entre ellos se encuentran presidentes municipales de distintos estados.
La situación obliga a revisar algo más profundo que las propias detenciones. No basta con capturar a quienes ya están dentro de las estructuras criminales, también resulta indispensable investigar cómo llegaron a posiciones de poder, quiénes los respaldaron políticamente, qué redes les permitieron operar y durante cuánto tiempo las instituciones tuvieron conocimiento de esas actividades.
Juchitán vuelve a colocar este problema en el escenario nacional y encuentra antecedentes en otros estados como Sinaloa y más recientemente en Baja California, donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y lo señaló por presuntamente utilizar su influencia política para favorecer actividades de una facción del Cártel de Sinaloa. El gobierno estatal ha respondido que la gobernadora está legalmente divorciada de Torres y que ella no figura entre las personas sancionadas.
Son casos distintos y con circunstancias y niveles de evidencia diferentes. Sin embargo, todos colocan sobre la mesa el hecho de que las organizaciones criminales no se limitan a comprar voluntades desde afuera, sino que construyen relaciones dentro de las estructuras políticas y administrativas para garantizar protección, información y capacidad de operación.
En el caso de Juchitán, el gobernador Salomón Jara solicitó al Congreso de Oaxaca la desaparición del ayuntamiento y planteó que el gobierno estatal asumiera temporalmente la conducción municipal. Al mismo tiempo, habitantes de Juchitán realizaron bloqueos y quemas de llantas para exigir la liberación del presidente municipal.
La oposición oaxaqueña ha señalado una supuesta cercanía política entre Sánchez Altamirano y el gobernador, acusando a la administración estatal de haber permitido el crecimiento de las redes de extorsión en la región.
El verdadero desafío será determinar hasta dónde llegó la red, quiénes la protegieron, quiénes se beneficiaron y qué funcionarios permitieron que creciera. La investigación deberá alcanzar no sólo a los operadores visibles, sino también a quienes pudieron facilitar desde el poder público las condiciones para que el crimen organizado se consolidara.
La Operación Enjambre ha mostrado que el problema alcanza distintos niveles de gobierno. Pero una sucesión de detenciones de funcionarios de segundo o tercer nivel tendrá un efecto limitado si las estructuras que hicieron posible su llegada y operación permanecen intactas.
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