El deterioro del sistema de salud que enfrenta el país es una crisis que se manifiesta en hospitales sin insumos, pacientes que no encuentran sus medicamentos, quirófanos que no cuentan con el material necesario para operar y trabajadores obligados a realizar su labor en condiciones cada vez más precarias.
La paradoja es que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder con la promesa de garantizar el derecho a la salud y terminar con la corrupción. Sin embargo, en nombre de esa transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló mecanismos de atención que, con todas sus limitaciones, permitían dar cobertura a millones de personas.
El Seguro Popular desapareció bajo la promesa de instaurar un modelo más justo y universal, pero la transición dejó vacíos que afectaron la continuidad de los servicios y la atención de quienes dependían de ellos.
El desabasto de medicamentos es quizá la prueba más clara de este deterioro. Bajo el argumento de combatir la corrupción en las compras públicas, el gobierno canceló contratos y modificó los mecanismos de adquisición sin asegurar que los nuevos procedimientos garantizaran un suministro continuo y oportuno. Las consecuencias de una planeación insuficiente terminaron recayendo sobre los pacientes, incluidos quienes necesitan tratamientos permanentes y no pueden darse el lujo de esperar a que la burocracia resuelva sus problemas.
El deterioro se extiende a la infraestructura hospitalaria, el equipamiento, la disponibilidad de personal y las condiciones en las que médicos y enfermeras realizan su trabajo. Las inundaciones en salas de espera y quirófanos de un hospital en Oaxaca, las denuncias relacionadas con la muerte de varios recién nacidos por una bacteria en Durango y las constantes quejas de derechohabientes ilustran la gravedad de la situación.
La crisis en el sector salud comienza a reflejarse con mayor fuerza entre quienes sostienen cotidianamente los servicios. Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos han manifestado su inconformidad por la falta de insumos, los bajos salarios y las jornadas extenuantes. No se les puede exigir una atención de calidad si no cuentan con los recursos necesarios para brindarla.
El IMSS es un ejemplo emblemático de lo que está en juego. Desde su fundación en 1944, la institución ha sido uno de los pilares de la seguridad social mexicana. A lo largo de su historia construyó hospitales, centros médicos y unidades habitacionales que marcaron etapas importantes del desarrollo nacional. Su estructura tripartita, con la participación del Estado, los patrones y los trabajadores, consolidó una institución fundamental para millones de familias.
Es cierto que los problemas del IMSS y del resto del sistema público no comenzaron con Morena. Pero esa ha sido la excusa permanente del gobierno actual para no asumir su responsabilidad. La 4T lleva años al frente del gobierno federal y prometió transformar el sector salud.
En las conferencias mañaneras, el secretario de Salud, David Kershenobich, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, han defendido las acciones del gobierno y anunciado medidas para corregir las deficiencias. Sin embargo, la credibilidad de esas explicaciones depende de que los cambios se reflejen en los hospitales y en la experiencia cotidiana de los pacientes.
No cabe duda de que el sistema de salud mexicano ha sido víctima de una transformación que no ha conseguido sustituir eficazmente lo que desmanteló ni resolver los problemas que prometió erradicar.
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