En los pasillos del poder en México, hay una lectura muy tentadora respecto a las elecciones en los Estados Unidos: si los demócratas arrebatan el Congreso a los republicanos, Donald Trump saldrá debilitado y México podrá tener un alivio. El argumento, aunque posible, no necesariamente es del todo veraz. Porque una cosa es perder mayorías legislativas, otra muy distinta, quedarse sin instrumentos para gobernar. Y adicional a ello, se encuentra el ánimo del personaje que detenta esos mismos instrumentos, personaje que, en esta misma jornada, podría terminar herido, muy herido, en su orgullo. Confundir los dos primeros y no entender la relación con el tercero, podría ser un grave error.
Este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes -el equivalente a la Cámara de Diputados-, una tercera pero crucial parte del Senado, además de 36 gubernaturas. Un Congreso adverso podría investigar a Trump y bloquearle leyes. Si los demócratas también controlan el Senado, podrían frenar nombramientos presidenciales. Incluso podrían abrirle un tercer juicio político. Una eventual destitución, que requeriría el voto de dos tercios de los senadores, se antoja mucho más lejana.
Pero la idea de un presidente arrinconado parecería insuficiente. La razón es muy simple: si observamos lo que han sido sus dos administraciones, particularmente esta última, sabremos que buena parte de su agenda se ha impulsado mediante órdenes ejecutivas y atribuciones que no requieren la aprobación de nuevas leyes en el Congreso. Apenas el domingo Reuters reveló que su equipo más cercano lleva meses preparando vías para seguir adelante con medidas migratorias, comerciales y presupuestales aun si los demócratas se hacen del control legislativo. Lo anterior es consecuente con las declaraciones que, desde hace semanas, el propio Trump ha brindado y en las que pareciera dar por descontado este cambio de mando en el Congreso.
Por supuesto que mecanismos como las “Órdenes Ejecutivas” tampoco le permiten hacer lo que quiera. El legislativo controla el gasto y los jueces pueden invalidar muchas de sus decisiones. En febrero pasado, la Suprema Corte anuló los aranceles impuestos al amparo de una ley de poderes económicos de emergencia. Es claro que el presidencialismo estadounidense tiene contrapesos. Pero también que esos límites no eliminan todas sus herramientas de presión.
México tiene un ejemplo muy cercano con el asunto del T-MEC. EE.UU. decidió el pasado mes de julio no extender este tratado en sus términos actuales. El acuerdo comercial sigue vigente, pero tendrá una nueva revisión anual en 2027, todavía bajo la administración de Trump. Un Congreso demócrata podría fiscalizar la política comercial del presidente pero esto tampoco garantiza condiciones más favorables para nuestro país: existen también intereses industriales y sindicales que reclaman mayores concesiones.

El tema es que la elección de hoy no se limita a Washington. Los cuatro estados fronterizos con México -California, Arizona, Nuevo México y Texas- también elegirán gobernador. Sus mandatarios no negocian tratados ni imponen aranceles federales, pero deciden despliegues de seguridad, infraestructura y cooperación con la Casa Blanca. O, por el contrario, complicarle al gobierno federal dichas medidas. Lo anterior a colación de cómo California, en su momento, se opuso a las redadas trumpistas contra migrantes mientras que, en Texas, Greg Abbott, las apoyó incluso con su propia fuerza local. Y este dato es relevante: de las cuatro entidades, la única hoy en poder de los republicanos y, según las encuestas, la de mayor riesgo de alternancia, es precisamente el estado texano.
Hay también un asunto menos vistoso que los muros, pero no menos importante: el agua. El tratado de 1944 obliga a México a entregar volúmenes del río Bravo en ciclos de cinco años. En diciembre pasado, Trump amenazó -para variar- con un arancel de 5% por las entregas de agua pendientes que reclama Washington. La sanción -como casi siempre- no se concretó, pero mostró que el conflicto hídrico puede convertirse, una vez más, en una palanca comercial. Y no hablamos solo del río Bravo, que afecta directamente a Texas. En el caso del río Colorado, la obligación funciona a la inversa: Estados Unidos entrega agua a México, una relación que también involucra los intereses hídricos de Arizona y California. En toda esta lógica, los gobernadores no pueden modificar los acuerdos, pero los agricultores locales -los más afectados por el tema del agua- sí pueden presionar a sus gobiernos estatales para que estos, a su vez, presionen al gobierno federal.
Por eso las elecciones fronterizas importan incluso si Trump pierde el Congreso. Y particularmente en Texas, en donde podría conservar un gran aliado para impulsar medidas de seguridad y respaldar sus reclamos sobre el agua. Por el contrario, podría quedarse con un bloque demócrata en toda la frontera con México que busque entorpecer o contener sus decisiones en la región.
Con todo lo anterior en mente, a Trump le quedan poco más de dos años en el poder. Pero para el movimiento político que encabeza, la sucesión presidencial representará algo más que solo la permanencia de un partido o la llegada de otro. El actual presidente ha gobernado bajo la lógica de una nueva política, un cambio en la forma de hacer las cosas, una suerte de régimen. No se trata de una derecha tradicional sino una forma de gobernar donde el pragmatismo, el personalismo y la confrontación imperan sobre las leyes y las normas. Un modelo que trasciende las reglas tradicionales del Partido Republicano. De igual manera no es solamente un político ejerciendo el dogma republicano sino gobernando bajo una suerte de nuevas reglas que bien podríamos llamar como “trumpismo”.
El asunto es que una eventual derrota en la jornada del día de hoy acotará ciertos márgenes de maniobra de Donald Trump, pero mantendrá aquellos con los que más ha presionado a nuestro país. Pero, además, un Trump derrotado en la recta final de sus dos mandatos, podría colocar a su partido en un mayor riesgo de perder la Casa Blanca en 2028 lo que, en su cabeza, como ya mencionamos, no significaría solo una derrota para su partido. Perder la siguiente elección federal podría significar ver truncado su legado, ese “trumpismo” del que hablamos.
Por ello es que una derrota republicana el día de hoy, a mi parecer, no necesariamente resultará en un beneficio para nuestro país, como muchos creen. Trump podría perder aliados y control en el Capitolio, pero seguirá manteniendo herramientas de presión en el comercio, migración, seguridad y agua. Las mismas herramientas que ha utilizado estos últimos años. Si considera que una derrota en estas elecciones amenaza la continuidad de su proyecto más allá de 2028, podría utilizarlas con mayor intensidad. No es una certeza, pero sí un riesgo que conviene medir. Porque perder el Congreso, siendo Donald Trump, no necesariamente significa perder el poder. Y sentirse amenazado, para este personaje, tampoco significa forzosamente estar dispuesto a ceder…
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder.
Agendado. @betoblizzard.
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