La protección presidencial a Salgado no se encuadra con las presiones políticas del caso, sino que se adelantó a cualquier inconformidad de las Fuerzas Armadas
La indagatoria sobre la muerte de Yanqui Rotham Gómez tiene todos los trazos para quedar en la impunidad y para desatar toda clase de teorías y sospechas.
Si las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se terminaron enredando, la que atañe al homicidio de Yanqui Rotham se ensució desde el inicio.
Si bien se conoce la identidad del autor material del asesinato, se cometieron diversos errores, a decir de expertos, en la escena del crimen.
Hasta ahora, la ausencia de información indica que no se conoce a cabalidad la cronología y la mecánica de lo ocurrido y que el ministerio público no preservó ni procesó, de modo adecuado, el lugar de los hechos. Ni siquiera se conoce si hay cámaras en la zona y, de ser así, si se obtuvieron las grabaciones respectivas.
Nada se sabe de la “sustancia” y el arma de fuego en teoría encontradas en la camioneta en la que viajaba Yanqui Rotham. Tampoco hay datos sobre el supuesto reporte de robo del vehículo.
A ello hay que sumar el intento de encubrimiento del asesinato, ordenado desde la Secretaría de Seguridad, para culpar a la propia víctima, señalando que había disparado un arma de fuego y que los oficiales habían respondido a un ataque, cuando no fue así.
La cadena de custodia de las pruebas ya no existe y además hay dudas fundadas sobre todo el procedimiento.
Todo esto, a la hora de estar el caso ante los jueces, se puede tornar un verdadero problema, porque las investigaciones se tienen que hacer de forma correcta.
Pero si en el aspecto técnico estamos ante un desastre, en el político las cosas tampoco van bien. La gobernadora Evelyn Salgado destituyó a los secretarios de Gobierno y Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso y al general brigadier Rolando Solano Rivera y exigió la salida de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, lo que ocurrirá en los próximos días, ya que en su designación también participó el congreso del estado.
Una de las grietas del asunto, por la que conviene asomarse, es el impacto que esto tiene en el Ejercito, ya que Solano y Valdovinos son soldados. La todavía fiscal tiene grado de teniente coronel.
A penas el 25 de enero, la propia mandataria tomó protesta de Solano Rivera y a la ceremonia acudieron, de modo inusual, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y la titular de Seguridad Pública a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez.
El mensaje, en aquella ocasión, era muy claro: todo el respaldo de las áreas de seguridad para un gobierno que estaba haciendo, ya desde entonces, agua.
La muerte de Yanqui Rotham tiró, como piezas de dominó, las piezas de una estrategia de la que ya no se ve rumbo, aunque se empeñen, desde Palacio Nacional, en no dar los pasos subsiguientes para atajar el problema de la ingobernabilidad.
En el Ejército no deben estar nada contentos con que los paganos de esta historia sean, en primera instancia, dos mandos militares. A Solano y Valdovinos los están dejando solos en función de salvar políticamente a la gobernadora.
El propio presidente López Obrador señaló: “la gobernadora y nosotros la apoyamos, no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno (…) y de acuerdo con la Constitución está pidiendo se lleve a cabo el cambio de fiscal, porque en este gobierno no tenemos complicidad con nadie.”
La protección presidencial a Salgado no se encuadra con las presiones políticas del caso, sino que se adelantó a cualquier inconformidad de las Fuerzas Armadas.
¿Tienen responsabilidades el general brigadier y la teniente coronel en el lamentable caso del joven de Ayotzinapa asesinado hace unos días?
Quizá a nivel político deben rendir cuentas, pero en realidad con ellos se utilizó un contrafuego para que las llamas no llegaran al palacio de gobierno en Chilpancingo.
Es una medida emergente, que no parará ya la crisis, pero que suma agravios en los militares, quienes suelen ver que las irresponsabilidades de los civiles terminan trasladándose a ellos.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Xóchilt Gálvez estuvo en Saltillo el viernes pasado, donde dijo que su proyecto de seguridad es el de Coahuila, un esquema que ha funcionado por más de una década desde que el entonces gobernador Rubén Moreira lo puso en marcha y lo continuaron Miguel Riquelme y ahora Manolo Jiménez. La paz es posible y en el norte lo saben.
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