Cuando ya se está en una crisis, como la provocada por la Reforma Judicial, no hay salidas buenas, pero hay que intentar las menos desastrosas.
No es gradualismo, es sentido de la realidad.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá está abriendo una puerta para que se pueda recorrer un camino menos sinuoso, al proponer que la elección por voto popular se circunscriba a los nueve ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes del órgano de disciplina.
Para nada es una panacea, porque el único procedimiento similar es el que impera en Bolivia y es un fracaso total, precisamente porque surgió del apetito de un grupo político y no de una construcción adecuada y consensuada con todos los implicados.
El ministro González Alcántara tiene que convencer a ocho de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, pero es factible que lo logre, si existe un ambiente y disposición adecuada para ello, pero no solo entre sus pares, sino de parte de los impulsores de la reforma.
Ya le dijeron que no, empezando por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Insisten en que ellos tienen la razón, que la SCJN no puede meterse con reformas Constitucionales y que ya viene una legislación que los colocará en la calidad de infalibles e inimpugnables.
Algo así como aquello de que “no hay más ruta que la nuestra” y que “el partido nunca se equivoca”.
Quieren todo, alegan un enigmático mandato del pueblo, al que, por supuesto, solo ellos representan.
En Palacio Nacional deberían ponderar la situación.
La elección de miles de juzgadores será un desastre, de ello no hay duda, aunque se puede conceder que quizá existan matices sobre su escala, que va de lo muy malo a lo catastrófico.
El ministro les está dando una válvula de oxígeno, inclusive una coartada para no tener que proceder a lo que será un proceso de inestabilidad y desafíos, donde quienes pagarán serán los ciudadanos, porque a la deficiente operación de fuerzas de seguridad y fiscalías, se sumará el autosabotaje de terminar con la carrera judicial y tirar por la borda la experiencia y preparación de miles de servidores públicos.
Pero la determinación, en la 4T, es la captura del Poder Judicial en su conjunto, porque de lo que se trata es de hacerlo inoperante y solo funcional para respaldar lo que convenga el grupo político mayoritario, a sus aliados económicos y empresariales.
El ministro ponente hizo una defensa, con argumentos, de la inamovilidad que deben tener en el cargo los jueces para que conserven su independencia.
Recordó un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que “la cooptación de los órganos judiciales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática, y en esa medida constituye un riesgo para el control del proceso político y de los derechos humanos, pues menoscaba las garantías institucionales que permiten el control del ejercicio arbitrario del poder”.
El ministro pone el ojo en el disparate de elección misma, donde, si se toma el ejemplo de la Ciudad de México, los votantes tendrán que seleccionar entre listados de mil 155 candidaturas.
“El diseño tiene un efecto antidemocrático al establecer un sistema que por sus características intrínsecas no permite votar de manera informada”.
Al grado de que, si nos atenemos a los tiempos oficiales, los que regula el INE y que son los que se utilizarán para difundir el proceso, cada aspirante tendría 2,5 segundos diarios que alcanzarían, si acaso, para presentarse.
Y remata, al señalar que el sistema analizado “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.
Lo más grave es que los ciudadanos no tendrán certeza alguna sobre la elección de quienes impartirán justicia.
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