Al margen de la conveniencia, o no, de la Reforma Electoral, lo cierto es que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, cree que forma parte del legado que le quiere dejar al pueblo mexicano después de entregar el mandato en el 2024. Y la oposición se ha tomado esta ley como un foco rojo. Un punto que de ninguna manera pueden aprobar, porque piensan que con las nuevas disposiciones posiblemente se alejarían de la posibilidad de ganar la Presidencia por décadas. Nos encontramos en eso que hemos dado en llamar “el peligro del choque de trenes”. La tarea que tiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que es el que AMLO ha encargado de esa misión, es enorme y difícil. No parece arredrarle en nada al secretario, que “sabe hacer milagros” -resolver lo que nadie cree que tenga solución-, que ya ha demostrado su tremenda capacidad de negociación y consenso. Lo que no hay duda es que en las democracias estables las reformas a las leyes electorales deben de contar cuando exista una coalición de intereses de todos los partidos tal que cada partido en la coalición espere ganar más escaños bajo una institución electoral alternativa, o por lo menos que no le de ventaja al adversario. Esto es muy improbable y la aritmética parlamentaria lo hace prácticamente inviable ya que Morena-PT-PVEM suman, las nada despreciables cifras del 55.4 por ciento de los escaños de la Cámara de Diputados y el 58.6 por ciento del Senado de la República, Pero para aprobar una reforma constitucional se necesita del voto del 66.8 por ciento de los legisladores presentes en cada una de las cámaras. El secretario de Gobernación, AALH, confía en “raspar” algunos votos a los opositores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) pero es muy incierto que sean los necesarios. Por eso en estos días el Presidente es contundente con los que van a acudir a defender la “No Reforma” el próximo domingo en el Ángel de la Independencia y se interpreta que está “echando toda la carne en el asador”.
Respecto a las bondades de la reforma electoral propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo parece estar de acuerdo con varios de sus aspectos como adelgazar los costos del aparato burocrático del INE que a todas luces está siendo excesivo y con claros abusos de parte de varios de sus directivos, incluyendo los consejeros electorales y los emolumentos que reciben. Con la reforma se busca un ahorro estimado de unos 24.000 millones de pesos, con ajustes aplicados a la burocracia electoral y legislativa. Y lo que menos le gusta a la oposición que es una disminución sustancial en el presupuesto de los partidos políticos. Otro punto controvertido es la desaparición del Instituto Nacional Electoral y sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). La nueva autoridad electoral tendría siete consejeros en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además serán elegidos por voto popular, al igual que los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial. El INEC desaparecería también a los institutos estatales electorales y el nuevo órgano se encargaría de la organización de comicios, federales, estatales y municipales. Lo que es preocupante es que este asunto está en manos de los núcleos políticos más duros de uno y otro lado y no parece que se esté por la negociación y se encamina al enfrentamiento más grande y peligroso que hayan tenido gobierno y oposición. Los dos se juegan el poder posiblemente para más de una década y eso es un escenario del más alto voltaje para la clase política mexicana.
