Hay una propuesta norteamericana para nombrar a las organizaciones criminales que trafican drogas, en especial el Fentanilo como organizaciones terroristas y una amenaza para los Estados Unidos.
Es una admisión en su visión, de la incapacidad del gobierno mexicano para combatirlos.
Esta propuesta que lleva meses en las cámaras, ha empezado a tomar impulso hoy, gracias a los sucesos de Matamoros, donde 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados a plena luz del día en las calles céntricas de la ciudad, por grupos criminales locales. 4 días más tarde fueron encontrados, dos fueron asesinados, uno está herido y otra afortunadamente ilesa.
El designar a los cárteles de la droga como una amenaza a los Estados unidos, permite a través de su ley “Patriota” a sus fuerzas armadas y organismos de seguridad e inteligencia perseguir y liquidar a personas que representan un peligro inminente a la seguridad de su país, sin juicio o sentencia. Basta con que unilateralmente seas considerado una amenaza o posible peligro para autorizar la neutralización del objetivo.
Anteriormente se requería la autorización personal del presidente para ejecutar esta misión. Hoy, los organismos de seguridad determinan los blancos y la forma de lidiar con ellos.
Esta puede variar desde el uso de cohetes por medio de un Dron o el desembarco de fuerzas militares en un país para lograr su objetivo.
Esta ley privilegia la potencial amenaza que estos objetivos representan hacia intereses norteamericanos a reunir pruebas, capturar y enjuiciar a los individuos u organizaciones.
¿Qué pasaría en México?
Teóricamente podríamos tener ataques directos de drones a lo que ellos consideren objetivos validos, violando nuestro espacio aéreo y sin considerar los daños colaterales que generaría, el desembarco de equipos militares o de la DEA, FBI, US Marshalls en territorio nacional para capturar narcotraficantes sin el consentimiento de autoridades mexicanas, congelamiento de las cuentas en el extranjero de ciudadanos mexicanos sin sentencia previa, y un largo etcétera.
En un escenario más optimista equipos binacionales de búsqueda y captura de personas que ellos consideren de interés para su país. Para quienes piensen que esto es un absurdo, en 1990 el Dr. Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en territorio mexicano y llevado ilegalmente a los Estados Unidos por un comando pagado por la DEA. Operación que ahora sería legal con la designación que proponen 21 fiscales de estados republicanos, el gobernador de Texas Greg Abbot y los congresistas Crenshaw y Waltz.
Esta es una visión miope y colonialista que sólo ve la parte del tráfico de drogas hacia su país e ignora completamente las redes de distribución, venta de drogas y crisis de adicciones que padecen los norteamericanos. Nos exigen combatir el tráfico sin ellos combatir a los distribuidores de estas sustancias o atender a sus adictos a la misma.
Propuesta que abre la puerta para países como Colombia, Perú, Nicaragua y Panamá (quien ya sufrió una invasión en 1989 para llevar a la justicia americana al presidente Manuel Noriega ex colaborador de la CIA. 655 panameños murieron en esta acción) puedan sufrir ataques o invasiones en su territorio para frenar las más de 100,000 muertes anuales por sobredosis que los Estados Unidos se niega a tratar como su problema también.
