Por enésima ocasión, este martes los diputados del Congreso de la Ciudad de México decidieron que todo mundo se entere que no trabajan: no alcanzaron quórum para sesionar. Es la octava ocasión que ocurre ello desde septiembre pasado, y la cuarta en lo que va del año: 25 de enero, en sesión de la Comisión Permanente, y 16, 23 y 28 de febrero en sesiones ordinarias.
A pesar de tantas atribuciones que les dotaron en la Constitución de la CDMX, el Congreso es más ineficiente e inútil que aquella Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), creada en 1988. Es contrario a lo que se pretendía cuando se creó la Constitución de la Ciudad de México en 2016, cuando presumían que por fin la capital tendría su Congreso local, reconocido como parte del Constituyente Permanente, y que sería un poder real, un contrapeso del Ejecutivo.
Cuando apenas corre su quinto año de existencia, las dos Legislaturas que han transcurrido sólo han evidenciado al Congreso sumiso a la Jefatura de Gobierno, y aunque con más atribuciones de contrapeso al Poder Ejecutivo de la CDMX, en realidad es mera oficialía de partes de lo que instruye Claudia Sheinbaum.
De facto, el Congreso de la CDMX actúa peor que aquella ARDF, un órgano de gobierno que tuvo facultades muy limitadas, pero que al menos pudo enfrentar el conflicto social y político surgido tras el terremoto de 1985, en que las autoridades se vieron rebasadas por la sociedad civil.
La ARDF se creó en 1988 para darle espacios políticos a ese movimiento social. Todos los días iban grupos y organizaciones ciudadanas al recinto que antes fue de la Cámara de Diputados federal para demandar servicios, vivienda, apoyos de programas sociales y trámites de gobierno.
En 1997, con la reforma política que creó el Estatuto de Gobierno del DF surgió la Asamblea Legislativa del DF, que ya podía participar en la discusión presupuestaria, ratificar nombramientos de magistrados, a Delegados. Por vez primera el jefe de Gobierno rindió protesta ante este Pleno.
Cuando existía la ALDF, los perredistas peleaban con uñas y dientes una candidatura a este órgano legislativo, porque había mucho dinero para gestión social, lo que servía para construir candidaturas a jefes delegacionales, por ejemplo. Quienes eran consentidos de los jefes de gobierno en turno, hasta extras recibían. Los que no lograban una candidatura para asambleísta, decían que por lo menos se conformaban con una para diputado federal.
Hoy ya ni eso vale. Ya no hay dinero para gestión. Ya no hay dinero para campañas. Al menos no para todos, como antes, sino para unos cuantos, como fue el caso de Mauricio Tabe, quien tenía en la nómina a más de 100 aviadores cuando fue presidente de la Junta de Coordinación Política.
Hoy esa diputación local no sirve ni para tener fuero. Ahí está la muestra del coordinador de los diputados panistas y además presidente de la Jucopo, Christian Von Roehrich, quien está prófugo porque el cargo no le da inmunidad para ser procesado por delitos del orden común.
Por eso mismo algunos que hoy son alcaldes de Morena y temen que la oposición gane en 2024 quieren una candidatura a legisladores federales. “Aunque sea de diputado”, dicen, como los casos de Clara Brugada, de Iztapalapa; Armando Quintero, de Iztacalco, o Francisco Chíguil, de Gustavo A. Madero, que en realidad desearían ser senadores. Hoy el Congreso CDMX es un chiste, y malo. Está por verse si en 2024 resurge.
