El juicio contra Genaro García Luna exhibió la realidad de nuestra clase política.
Coaptada por el dinero de la delincuencia organizada, supeditada al temor que los cárteles de las drogas infunden, servil ante los billetes verdes para campañas electorales, y necesitada de sus armas para eliminar adversarios y opositores, la clase política mexicana ha sido desnudada ante los ojos del jurado que el día de hoy delibera en la Corte de Brooklyn.
La confabulación de los gobiernos federales con la delincuencia organizada, sumada con los altos índices de corrupción institucional que se impusieron en el pasado, fueron pilares del discurso de campaña del ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Ya como titular del poder ejecutivo, Andrés Manual se autonombró portador de la verdad, juez de la moralidad, liberador de almas y limpiador de pecados.
Así, de lunes a viernes y haciendo uso de recursos públicos en sus conferencias mañaneras, se dedica a sentenciar a adversarios, da por sentado quien es corrupto, decide quien es una víctima del conservadurismo y determina a quien se le debe aplicar la ley.
Cuando se trata de responder a información difundida por medios de comunicación sobre actos de corrupción de sus allegados, el Presidente exige que no se saquen conclusiones hasta no existan investigaciones que así lo demuestren. Acto seguido, desacredita al mensajero sin tocar al mensaje.
Pero cuando se trata de adversarios la conclusión sale del púlpito de Palacio Nacional. Quien no piensa como el Presidente o se atreve a contradecirlo es un conservador, fifí, aspiracioncita, clase mediero manipulado, vividor de los privilegios y un corrupto de la derecha.
Así llevamos cuatro años donde el Presidente hace uso del poder del Estado contra sus enemigos, pero aplica el poder de su “calidad moral” para perdonar a sus aplaudidores.
Con el juicio contra Genaro García Luna, el Presidente y la 4T logró consolidar su discurso de odio contra Felipe Calderón, se regocijaban día tras día con los dichos de los testigos colaboradores y protegidos de la Fiscalía que afirmaban que García Luna recibió millones de dólares para proteger al Cártel de Sinaloa.
Música para los oídos de los integrantes de la 4T lo eran los dichos de los testigos protegidos. Mientras tanto, desde Palacio Nacional sentenciaban a Felipe Calderón.
Todo era miel sobre hojuelas hasta que vino un testimonio clave en el juicio. El Rey Zambada, al ser sometido a contrainterrogatorio de la defensa de García Luna, dirigida por el abogado Cesar de Castro, admitió haber dado dinero para campañas electorales.
Las declaraciones de Zambada indicaban que el dinero era para campañas del grupo cercano a AMLO.
De inmediato los integrantes de la 4T comenzaron la campaña de manejo de crisis. Argumentaron que no existía prueba alguna que acredite su dicho, que no existían evidencias o mayores datos de prueba más que el simple dicho de un ex capo de la droga, el dicho del testigo.
Ciertamente, durante las dos semanas de juicio, ningún testigo logró dar credibilidad a sus dichos, mismo que se limitaron a eso, a simples dichos. Ni los testigos o la fiscalía exhibieron mayor prueba que sostuviera las declaraciones de cada uno de los testigos protegidos.
No hay pruebas que acrediten que el gobierno de AMLO recibió dinero del narcotráfico para sus campañas electorales, no hay datos que corroboren esas declaraciones, no existen en algún expediente una sola evidencia de ello.
Pero, así como no existen pruebas del financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO, tampoco se exhibieron pruebas de los hechos que se imputaron a García Luna.
La fiscalía no logró exhibir una sola evidencia que demuestre que García Luna operaba para el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la 4T ya lo sentenció a él y a Felipe Calderón.
Por eso resulta imprescindible plantarnos un simple cuestionamiento que nos dará la puerta de salida a esta encrucijada. ¿Les debemos creer o no, a los testigos protegidos que declararon contra García Luna?
Su respuesta será contundente.
