El 02 de marzo de publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, mejor conocido como “El Plan B”.
Después del fallido intento de reformar la Constitución para desaparecer al INE y lograr que las elecciones las realice el propio gobierno, Andrés Manuel López Obrador y MORENA aprobaron el plan B, mediante el cual, desarticulan al INE, generan despidos masivos, y limitan las facultades del órgano electoral, para impedir que sancione las conductas ilícitas que en materia electoral MORENA viene cometiendo día a día.
Desde el primer momento en que se presentó la iniciativa de reforma, diversos actores políticos y abogados especializados recalcaron la inconstitucionalidad de la reforma.
Fue así como el 26 de febrero como la ciudadanía salió a manifestarse en contra de la aprobación del Plan B, llenando en bastión del “obradorismo”, el mismo Zócalo de la Ciudad de México.
La manigestación no se trató de Andrés Manuel, no se trató del INE. El verdadero objetivo fue uno: respaldar a la SCJN para que emita su voto apegado a derecho y declare inconstitucional la reforma.
Las acciones legales ya iniciaron su curso, amparos contra la reforma, así como diversas acciones de inconstitucionalidad, han sido presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El camino lleva a la misma conclusión, la Corte declarará inconstitucional el Plan B de Morena, pero mientras tanto, el daño estará hecho.
Este año 2023 se realizarán elecciones en Coahuila y Estado de México, mismas que mientras la Suprema Corte resuelve las acciones de inconstitucionalidad, se ejecutarán con las reglas mermadas e ilegales emitidas por el Congreso.
Esas elecciones iniciarán manchadas con incertidumbre legal y de antemano, los perdedores tendrán argumentos de sobra para solicitar la nulidad de las elecciones.
Por ello, la importancia de que la Corte resuelva lo más pronto la inconstitucionalidad de las normas combatidas, ello en virtud de que las nuevas reglas establecidas por el Congreso caos donde no lo existía, y como alguna vez lo dijo el mismo Presidente, no vaya a ser que despierten al tigre.
Entendamos que las reglas hoy vigentes, abren cause a diversos recursos legales que, sin duda, terminarán por nulificar cada uno de los procesos electorales que operen con esas reglas. Por lo que debemos prepararnos para escuchar los gritos de “fraude” por cualquiera de las partes involucradas.
Y con cierta razón lo harán, ello en virtud de que las normas reformadas datan de un modelo electoral en el cual, el partido hegemónico designada al sucesor presidencial, imponía al árbitro electoral y logró así, perpetuarse 80 años en el poder.
La resolución es una, no hay más camino, la reforma es inconstitucional, será “tumbada”, el tema es cuando.
Mientras eso sucede, y ante la posibilidad de que la Corte de doble, recordemos los pasajes de la historia, cuando Porfirio Díaz eliminó facultades a la Corte, persiguió y encarceló opositores, sometió a la ciudadanía dejándola indefensa ante sus actos autoritarios, el pueblo no tuvo más opción que la revolución para sacar por las armas a quien se impuso en el poder contra la voluntad del pueblo.
Cuando Andrés Manuel invocó al tigre, no sabía que sería el mismo quién podría despertarlo. Vaya paradoja en la que se encuentra.