El tema de la legalidad, no es un tema exclusivo de abogados, de hecho son los valores, normas y acciones de una sociedad, incluso sus creencias, lo que conforman su cultura de legalidad y, por tanto, el nivel de apego y respeto que se tiene por el estado de derecho, es decir por la preeminencia de las leyes establecidas por la vía democrática que a la vez de proteger y salvaguardar los derechos y garantías individuales, establecen también obligaciones y delimitan responsabilidades.
Evidentemente, mucho de la fuerza jurídico-normativa del país recae en sus instituciones, pero ninguna tan representativa en este tema, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no solo marcó el inicio de la agenda política nacional en 2023 con la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como su nueva Presidenta –y primera mujer en la historia en lograrlo–, sino que las presuntas irregularidades curriculares de una de sus más fuertes aspirantes a dicha posición, fue tal vez, el único tema político que se mantuvo vigente en las dos últimas semanas de 2022, con un interés poco usual de la opinión pública para estas fechas.
A pesar del tema poco favorable para la ministra Yasmín Esquivel, es interesante observar como socialmente hubo un fuerte involucramiento en el debate público, en los temas de la agenda política y en este caso del máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación de México; con un asunto que mantuvo atenta e indignada a la sociedad, no solo a los juristas, derivado del presunto plagio de la tesis de licenciatura de una ministra que aspiraba a presidir dicho tribunal, a la Corte que entre otros temas tiene la enorme responsabilidad no solo de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de dirimir las controversias constitucionales.
A pesar de la indignación natural y obligada que un tema como este genera, se sobrerreaccionó y se abusó de la descalificación, de la acusación fácil que hizo de lado al precepto de la presunción de inocencia, consideró poco los derechos humanos fundamentales, así como el respeto que merecía la presunta responsable, como mujer y como persona; sin embargo, sería un desatino verlo simplemente como un linchamiento público, por el contrario, se trata de la compleja y positiva evolución de una ciudadanía que participa, ahora masivamente a través de las redes sociales, –en algunos casos por la inercia del trending topic–, pero en su inmensa mayoría, ejerciendo su derecho a opinar libremente sobre los temas que nos importan a todos; eso, es lo rescatable, el vencer la apatía; la participación social; y, la libre expresión de las ideas; en lo que por supuesto, no es válido denostar o pretender sesgar las decisiones inherentemente suscritas a la lucha por el poder, a las luchas de grupos e intereses propios de la naturaleza humana y de la vida en sociedad.
Todavía hay camino por recorrer para que el enojo social, no sea motivo de prejuzgar o sentenciar a priori; como sociedad atenta a la legalidad, debemos aún calibrar los procesos de debate y juicio público, pero así, con la libertad incluso de equivocarnos, lo cual siempre será mejor antes que tolerar cualquier atisbo de represión o censura.
Después de la tempestad, llega la calma y en ella, esperemos transite el periodo para el cual fue electa la Ministra Presidenta Piña Hernández, mujer con todos los atributos personales y profesionales para retomar el rumbo y prestigio de la Corte Suprema de México y, para ello, mucho habrá logrado si cumple, al menos, con sus propias propuestas que conllevan, el hacer realidad la independencia del Poder Judicial; consolidar la equidad de género; fortalecer las políticas de transparencia no solo institucional, sino procesal; combatir el nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación; y, el velar por una impartición de justicia con enfoque en los derechos humanos y cuidado a los grupos vulnerables; de hacerlo así, estará sin duda contribuyendo enormemente a favor de una más sólida cultura de legalidad.
