Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México, se han convertido en un elemento crucial para el bienestar social, ya que representan una forma efectiva de participación ciudadana y de incidencia en la toma de decisiones públicas y gubernamentales. Estas organizaciones son creadas por ciudadanos que se organizan voluntariamente para buscar soluciones a problemas colectivos y que, al trabajar conjuntamente sociedad y gobierno, incrementan sustancialmente la capacidad de que dichos problemas sean abordados de mejor manera.
El surgimiento de las OSC en México debe gran parte de su origen a la etapa de crisis política y social padecida en los años 60 y 70, cuando los problemas sociales y políticos del país, rebasaron la capacidad de atención oficial; fue entonces cuando la ciudadanía comenzó a agruparse, a organizarse para exigir cambios y mejoras en distintos ámbitos, desde la salud y la educación, hasta el medio ambiente y sobre todo los derechos humanos.
Hoy, tras un poco más de medio siglo, las OSC son una realidad que día a día consolida su función social en México, con un papel altamente relevante en la promoción y defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la atención a grupos vulnerables (como los migrantes y las comunidades indígenas), así como la reconstrucción del tejido social, entre otros temas.
Al ser organizaciones civiles, independientes del Estado, pueden actuar con una mayor libertad y flexibilidad para abordar problemas y proponer soluciones innovadoras; sin embargo, hay que reconocer que se logran mucho más y mejores resultados, cuando se convierten en un canal de comunicación, de vinculación entre la sociedad y el gobierno, lo que permite no solo la definición, diseño y ejecución de políticas públicas más eficaces y eficientes, sino su acompañamiento y supervisión para una ejecución más acorde a las necesidades y demandas de la población.
Las OSC y sus causas son sin duda, también, un contrapeso a la actuación de las instituciones públicas, al darse a la tarea de denunciar y visibilizar actos de corrupción, opacidad y abuso de poder por parte de las autoridades y, por tanto, son elemento fundamental para el desarrollo democrático y la transparencia en la gestión pública que al mismo tiempo, fomenta la participación ciudadana y el fortalecimiento de la solidaridad en todo el territorio nacional, convocando e incorporando a todos los sectores de la población, especialmente a quienes históricamente han sido excluidos y/o discriminados, dando voz a quienes ancestralmente se mantuvo callados, y es por ello que en muchas ocasiones, estas organizaciones se tornan en el megáfono más grande a favor de las voces más pequeñas.
Si en algo pueden coincidir las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno de México, es precisamente en la meta común de hacer realidad el bienestar social, pues son un elemento clave de valor público e incidencia social que permite al gobierno mejores programas y políticas públicas bajo el eje transversal de la corresponsabilidad social.
La magnitud y presencia de las OSC, implica la existencia de más de cuarenta y tres mil de ellas, que cuentan con Clave Única de Inscripción ante el INDESOL (Instituto Nacional de Desarrollo Social), de las cuales más de diez mil han reportado observancia continua en los tres últimos ejercicios fiscales del cumplimiento de su objeto social, labor que ha sido, es y será indudablemente, detonante de justicia e igualdad social y al mismo tiempo, invaluable acompañamiento para el logro de metas y objetivos de las instancias oficiales, constituyéndose corresponsablemente como garante de que cada programa, cada proyecto sea, –al menos–, políticamente incluyente, socialmente justo, financieramente viable y ambientalmente sustentable.
